02 de Enero 2018

La otra agenda del Congreso 2018: cuáles son los proyectos que impulsará Macri

Con un bloque oficialista fortalecido después de las elecciones de medio término pero igual dependiente de la negociación con los opositores, los diputados y senadores deberán tratar proyectos clave, como las reformas del sistema judicial y electoral.

La otra agenda del Congreso 2018: cuáles son los proyectos que impulsará Macri

Con una nueva conformación, que no tendrá mayorías claras pero sí a un bloque oficialista fortalecido tras el resultado de la últimas elecciones y con una Cristina Fernández de Kirchner sentada en una banca del Senado, el nuevo Congreso tendrá en 2018 para su tratamiento una serie de proyectos de ley de envergadura que quedaron pendientes del período legislativo que finalizó o cuyos debates vienen avanzando a paso firme y esperan una resolución este año. ¿Cuáles son los temas que formarán parte de la agenda del nuevo Congreso?

Con la contienda electoral como un recuerdo del pasado, el macrismo se enfrentará en el 2018 con su nueva realidad política: por más que haya mejorado su representación legislativa, no podrá prescindir de la negociación con los bloques opositores, en especial con el peronismo no kirchnerista ligado a los gobernadores y a la CGT —prueba de ello fueron las negociaciones que debieron llevarse adelante este fin de año para avanzar con el paquete de reformas tributaria, fiscal, laboral y previsional (ver recuadro).

En el próximo Congreso, Cambiemos sumará, a los 105 diputados actuales, 11 nuevos apoyos entre propios y aliados, lo que lo consolidará como la primera minoría con 116 bancas y lo dejará a tan solo 13 del quórum —el número necesario para poder sesionar. El justicialismo no kirchnerista, aunque dividido en su interior, contará con 72 votos, mientras que el bloque FPV-PJ se quedará con 63 diputados, pero podría verse reducido por divisiones internas y fuga al espacio de los peronistas “puros”. Luego, quedan 6 diputados de izquierda y centroizquierda.

En tanto, en el Senado, el oficialismo llegará, tras el recambio, a los 30 escaños (25 propios y 5 aliados) —estará a 7 del quórum— y, gracias a que el peronismo quedará divido entre los seguidores de Cristina Fernández y aquellos que no lo son, el oficialismo puede ilusionarse con ser la primera minoría. En tanto, el peronismo “puro” contará con 29 escaños mientras que los kirchneristas, encabezados por la propia expresidenta, con 11.  Finalmente, quedarán solo 2 senadores de centroizquierda.

Con este mapa del nuevo Congreso se pondrá en marcha en 2018 una cargada agenda legislativa, que incluye temas nuevos y otros que desde hace tiempo están en la mesa de negociación. A continuación, el repaso de los proyectos más importante que formarán parte del debate.

Las otras reformas MM

El Gobierno intentará este año reabrir el debate de una de las grandes deudas del primer tramo de su gestión: la reforma electoral. Y cuando se habla de este cambio hay dos temas clave: el voto electrónico y el financiamiento de las campañas. Con la mira puesta en las últimas elecciones, el Ejecutivo presentó en el Congreso en 2016 un proyecto de reforma integral que logró, con muchísimas modificaciones, el aval de la Cámara de Diputados pero que, tras las duras críticas a ese texto por parte de especialistas informáticos, funcionarios, legisladores y académicos, quedó cajoneado en el Senado. Solo avanzó, y de manera separada, la paridad de género, que se convirtió en ley en una de las últimas sesiones del año.

Tras los comicios de octubre, el propio Mauricio Macri ratificó que volverán a insistir con el proyecto de voto electrónico para que comience a aplicarse en 2019. Pero deberá negociar con la mayoría opositora del peronismo que tiene distintas posturas. El kirchnerismo rechaza la iniciativa de plano, mientras que un grupo más numeroso de peronistas reconoce la necesidad de terminar con el sistema vigente, aunque hay quienes aceptan la impresión de boletas con pantalla táctil pero rechazan el chip, y quienes quieren la boleta única de papel, como se usa en Santa Fe o Córdoba. En tanto, los diputados y senadores salteños que responden al gobernador Juan Manuel Urtubey apoyan sin reparos el uso de la boleta única electrónica.

Además, modificar la forma de financiamiento de la política marcaría un cambio total de paradigma en el control de los aportes públicos y privados con una “bancarización total” de los partidos. El objetivo es evitar “el financiamiento proveniente de ilícitos como la corrupción y el narcotráfico”. La discusión se puso en la mesa este año, pero la campaña electoral la pateó para el que viene. También se buscará sancionar una nueva ley de Ética Pública.

Por otra parte, una reforma que se anunció durante todo el año y finalmente quedó pendiente para el próximo es la judicial. Un nuevo Código Penal, una renovada ley del Ministerio Público Fiscal y una reforma del Consejo de la Magistratura son las aristas más trascendentes, en el marco del plan denominado Justicia 2020.

El proyecto del Código Penal, corazón de la reforma judicial, lo presentará el Presidente recién en marzo, cuando se inauguren las sesiones legislativas. Tendría como objetivo endurecer las penas por causas de corrupción y narcotráfico. Otro proyecto al que solo le restan detalles es el de ley Penal Juvenil, que propone una baja en la edad de imputabilidad a los 14 y 15 años para los casos de delitos gravísimos o graves. Hay debates internos en todas las fuerzas políticas porque los estándares internacionales fijan un piso de 16 años. Además, se buscará lograr avanzar con el nuevo Código Procesal Penal, pasando a implementar el sistema acusatorio, que le da más responsabilidad a los fiscales.

La reforma de la ley orgánica del Ministerio Público Fiscal la viene impulsando el Gobierno desde hace un año. La renuncia de la procuradora Alejandra Gils Carbó obligó a acelerar los tiempos. El Senado ya comenzó a debatir un proyecto impulsado por el macrista Federico Pinedo y el peronista Miguel Ángel Pichetto que contaba con el visto bueno de la Casa Rosada pero, por diferencias puertas adentro del PJ, se empantanó el debate que quedó para el próximo año. Ese texto eliminaba el requisito actual de reunir una mayoría de dos tercios de los senadores para designar al jefe de los fiscales y fijaba que se lo podría designar con una mayoría absoluta de 37 votos. También establecía esa mayoría para su remoción. No obstante, el meollo de la cuestión fue que el predictamen eliminaba una cláusula transitoria que dejaba sin efecto las designaciones efectuadas sin concurso en las estructuras centrales de la Procuración.

El proyecto más largoplacista tiene que ver con la reforma del Consejo de la Magistratura, cuyo propósito sería conformar un cuerpo con mayor participación de los jueces y que los legisladores tengan mandato vencido para tener disposición full time. También se buscará acelerar los concursos.

Educación, telecomunicaciones y más

Otra reforma de trascendencia para la Casa Rosada es la ley de Financiamiento Educativo. A partir de los resultados de la evaluación Aprender, el Ministerio de Educación planifica presentar en el Congreso un proyecto de ley diseñado en puño y letra por el exministro del área y actual senador electo, Esteban Bullrich, quien se espera que lo impulse desde su banca. Durante la campaña, el macrista explicó que la propuesta “plantea objetivos más amplios” que la ley actual, entre los que mencionó “la jornada extendida en el 100 por  ciento de las escuelas públicas, bilingüismo en el 50 por ciento de los docentes, cobertura universal del nivel inicial desde sala de tres y la universalización del acceso a las tecnologías de la información, entre otros”. En tanto, uno de los puntos más polémicos en estudio es la pasantía educativa para alumnos secundarios y universitarios, lo que, según miembros del Gobierno, les permitiría insertarse más fácilmente en el mundo del trabajo.

Además, habrá que ver si, finalmente, el Gobierno envía al Congreso la tan prometida ley de Convergencia en Telecomunicaciones, con la mira puesta en la apertura del sector al mercado. Es que una comisión redactora conformada en el ámbito del Poder Ejecutivo viene trabajando desde hace casi dos años en la elaboración de la norma que reemplazará a la agonizante ley de Servicios de Comunicación K, vetada parcialmente por Macri, y la unificará con la ley de Telecomunicaciones, conocida como “Argentina Digital”. Pero los meses pasan, no circuló ni siquiera un borrador del texto y se empieza a percibir inquietud en la industria por la falta de definiciones. Desde el Ministerio de Modernización se asegura que el anteproyecto está en revisión y que se presentará en los próximos meses, mientras que la oposición en el Congreso, con la intención de anticiparse al debate, ya presentó propuestas propias que buscan modernizar la ley de Medios K a los tiempos que corren pero rescatando su esencia.

En materia medioambiental, hay varios proyectos de ley en danza que se espera que tengan una definición el próximo año. Por un lado, en los últimos meses, los Ministerios de Ambiente, Producción, el bloque kirchnerista de Diputados y el oficialismo llegaron a un principio de acuerdo respecto al dictado de una ley de Envases. El texto crea un sistema público de gestión ambiental de envases vacíos e impone a los envasadores y productores la responsabilidad extendida; esto es, que quien introduce un envase al mercado debe hacerse responsable de su destino final.

Pero aún hay algunos puntos de disidencia. La Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores (CTEP), con el apoyo del massismo y de algunos diputados K, objetó que “si bien se menciona el trabajo de los recicladores, no obliga a las empresas a hacerse cargo de la gestión de envases en manos cartoneras y deja la puerta abierta a la incineración de los residuos de envases” y reclamaron que “los productores responsables y las autoridades intervinientes deben tener la responsabilidad de prever planes específicos para la participación de los trabajadores cartoneros”. La búsqueda de consensos se retomará en marzo ya con la nueva conformación de la Cámara.

La ley de Presupuestos Mínimos de Protección de Humedales, que obtuvo media sanción el 30 de noviembre del 2016 por el Senado, es otro de los pendientes. El proyecto propone la confección en un plazo no mayor a tres años de un inventario de humedales, establece criterios de uso sustentable y propone posibles acciones de protección sobre estos ecosistemas. Si bien el propio Macri le pidió al Congreso apenas asumió que dicte una norma protectora de los humedales, el proyecto está demorado por desacuerdos en el oficialismo. Asimismo, entre las normas que serán presentadas por el propio Ministerio de Ambiente del rabino Bergman, se encuentran la ley de Presupuestos Mínimos de Residuos Peligrosos, que reemplazará a la ley 24.051, una General de Responsabilidad Extendida del Productor y otra sobre Sitios Contaminados.

La versión original de este artículo fue publicada en la edición 288 de Revista Apertura. Enterate cómo conseguirla acá.



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2 Comentarios

victoriaelt Tejada

A donde fue a parar el capítulo de jubilación de privilegio?

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Julio Augusto Macchi macchi

Me resulta extraño que una publicación experimentada en finanzas y economía no mencione la necesidad imprescindible de reformar algunos art. letales de la Ley de Mercado de Capitales ( L. 26831)

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