24 de Diciembre 2017

Argentina, una economía a la espera de inversiones

Argentina, una economía a la espera de inversiones

Uno de los lineamientos más fuertes en materia de política económica planteados por la actual gestión es alcanzar un crecimiento basado más en la inversión que en el consumo. De hecho, la demanda de inversión está señalada como uno de los posibles motores de crecimiento de la economía para 2018, a fin de sustituir en la demanda al consumo público, que no podría seguir siendo el sostén de un crecimiento —calificado por el propio Gobierno— de ilusorio.

Se calcula que, para conseguir un desarrollo fuerte, el nivel de inversiones sobre el PBI debería estar alrededor del 23 por ciento, que es el nivel promedio de una región emergente como la de América latina, caracterizada por su bajo nivel de inversión y tasas de crecimiento con respecto al resto del mundo y, sobre todo, de otras regiones emergentes. Durante 2017, se estima que este número alcanzará el 16 por ciento del producto en la Argentina.

Al hablar de inversiones, es importante distinguir a las domésticas, que incluyen construcción, inversión en equipos durable de producción y transporte, de las inversiones extranjeras directas (IED).

En términos de inversiones domésticas, la variable mostró resultados —como es habitual— fuertemente pro-cíclicos. Mientras que en 2016 la actividad cayó 2,2 por ciento, la inversión lo hizo en 5,1 por ciento. En 2017, la inversión doméstica parece haberse despertado y está creciendo a un ritmo del 6 por ciento. Al comparar el período 2016 con 2015, el mismo ítem sufrió una caída de 3 por ciento.

Las IED, en cambio, aún no muestran dinamismo. Para Paula Español, doctora en Economía, directora de la consultora Radar y exsubsecretaria de Comercio Exterior, las inversiones no llegan porque, básicamente, “el sector privado invierte cuando considera que va a haber mercado para vender, tanto interna como externamente; el contexto internacional no resulta favorable a las exportaciones argentinas de manera general, a la vez que el mercado interno no es uno de los objetivos en materia económica actual”. Salvo en casos muy particulares, las inversiones no se muestran a un nivel de dinamismo mayor que en otros años.

Para Fernando Navajas, economista Jefe de FIEL, la llegada de inversiones depende, “en primer lugar, de la apertura cambiaria y financiera al mundo; y, en segundo lugar, de credibilidad política”. Sin embargo, estas son condiciones necesarias, no suficientes. Se requiere también de una percepción de reglas estables, conocidas como estabilidad jurídica y rentabilidad para atraerlas (factor que los altos costos de la economía argentina todavía impiden en todos los sectores). Todo esto, en una economía que muestre un nivel de crecimiento, dato a favor del país a partir de 2017.

El presupuesto del año que viene prevé que la relación inversión-producto será de alrededor del 17 por ciento. Este número se proyecta tomando como dada una fuerte estimulación vía obra pública, contemplando 52 proyectos de inversión bajo el esquema de Participación Público-Privada (PPP).

Este fue reglamentado en febrero de este año y se presenta como una alternativa a los sistemas clásicos de contratación de obra pública, en el que el Estado es el responsable de diseñar, financiar, solventar y operar lo que el privado ejecuta y construye. El mismo apunta a “desarrollar proyectos en los campos de infraestructura, vivienda, actividades y servicios, inversión productiva, investigación aplicada y/o innovación tecnológica”, según el decreto publicado en el Boletín Oficial.

Sin embargo, los analistas macroeconómicos hacen énfasis en que la PPP no es la panacea. “Los especialistas serios en regulación de la infraestructura saben que existe un conjunto de problemas por los que la PPP puede terminar resultando muy onerosa con consecuencias fiscales malas”, revela Navajas, de FIEL.

La experiencia en América latina muestra tres casos paradigmáticos: Chile, que, con una estabilidad macro de alguna manera consistente en el tiempo y con instituciones creíbles, se puso en marcha y resultó exitoso en términos de cantidad de inversiones; Uruguay, en donde la fuerte injerencia de la burocracia y la limitación a la participación del capital externo hizo que fracase; y Colombia, que arrancó con cierta dificultad en los primeros años, pero luego aceitó los sistemas de garantías y participación estatal, hasta que comenzó a funcionar. La Argentina tomó las experiencias, pero son procesos que tardan dos o tres años en mostrar resultados.

La otra cara de la PPP es que cada acuerdo es particular y se negocia bajo reglas propias, lo que puede incurrir en grandes riesgos al Estado. La debilidad aparece en función de cómo se negocia y las garantías que se le da al sector privado para que invierta. Por otro lado, es importante que el Estado —como regulador— controle y asegure un determinado nivel de participación de la producción e insumos nacionales en la obra pública.

Entre los temas a reforzar por parte estatal para lograr un correcto funcionamiento de este esquema, se incluyen una buena calidad institucional y un mayor control del Ministerio para evitar un mal manejo de los recursos públicos a través de futuros compromisos, y de una unidad especializada en PPP que centralice y controle los proyectos. Otro tema crítico para la Argentina es el costo del capital al que la PPP se realiza y lo que esto implica para el recupero de costos de la inversión por la vía de lo que paga la demanda, tema crucial para acotar el impacto fiscal.

Sustentabilidad, la palabra clave

El bajo dinamismo que mostró en los primeros años de gestión la llegada de inversiones, acompañado por un alto déficit fiscal, llevaron al Gobierno a recurrir a una palabra muy temida en la Argentina: deuda externa. Las posiciones sobre el endeudamiento volvieron a cobrar relevancia a partir del cambio de gestión. En el escenario macroeconómico planteado por la actual administración, que respondió a un esquema extremo de regulación del mercado de cambios como había en el kirchnerismo, con otro extremo que fue su desregulación total, la economía quedó expuesta a su propia capacidad de generar dólares. Partiendo de esta base, los caminos son la toma de deuda o bien un ajuste interno fuerte. Desde el Gobierno optaron por la primera opción. Los analistas coinciden en que el Gobierno cuenta aún con un margen de acción en materia de toma, gracias a los niveles con los que se encontró al asumir el poder. “Entre las cosas que dejó la herencia anterior, la relativamente baja deuda externa es la única que resulto útil para ser aprovechada por el actual Gobierno para financiar una transición gradualista, es decir, sin provocar un ajuste fiscal cruento”, explica Navajas.

En tanto, la directora de Radar manifiesta: “Está claro que había necesidades de divisas y financiamiento. El endeudamiento externo en sí mismo no es malo, depende de la magnitud y su sustentabilidad”. Por el lado de la magnitud, el nivel de deuda sobre PBI, métrica que se toma en cuenta muchas veces a la hora de analizar la intensidad del endeudamiento, se encuentra en 51,2 por ciento, casi dos puntos por debajo que en 2015. En lo que a niveles nominales se refiere, el incremento fue muy grande: desde diciembre de 2015, la deuda pública bruta alcanzó los US$ 284.881 millones, un aumento de US$ 44.216 millones con respecto a 2015. En cuanto a su sostenibilidad, las versiones son encontradas.

En Radar analizan que, ante un panorama en el que el ingreso de divisas por deuda está financiando un déficit de turismo, remisión de utilidades, una fuga de capitales (Formación de Activos Externos) que se incrementó un 36 por ciento durante los primeros ocho meses de 2017 respecto del mismo período del año anterior llegando a un total de US$ -20.804 millones, y un déficit comercial que sumó US$ 4458 millones entre enero y agosto de este año con estimaciones de cerrar en US$ 6000 millones; la capacidad futura de generación de dólares se complica a mediano plazo. Además, agrega Español, “el nivel de endeudamiento de provincias también es grande y a tasas muy altas (alrededor del 9 por ciento en algunas provincias)”. El año pasado, la deuda de provincias alcanzó US$ 7000 millones y, a septiembre de 2017, lleva acumulados U$D 4.800 millones. “La deuda no es un problema mientras haya financiamiento. Pero la restricción externa no dejó de existir y tampoco se está haciendo nada para que desaparezca”, concluye.

El Presupuesto 2018 sigue en línea con el de este año en términos de déficit: los niveles generan que el Gobierno necesite tomar mucha deuda, un piso de US$ 30.000 millones anuales, para sostener el actual esquema de política fiscal. Al respecto, Juan Cuattromo, exdirector del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y economista del Instituto de Trabajo y Economía Fundación Germán Abdala, explica que, bajo este esquema, se entra en un círculo vicioso: “Como la financiación del déficit es vía deuda, a medida que reduce el déficit primario (es decir, los gastos menos los ingresos sin los intereses), el déficit sigue siendo alto porque van creciendo los intereses a pagar”.

En 2017 y de acuerdo a la proyección 2018, la tendencia es a profundizar el déficit en cuenta corriente. Desde Abeceb insisten en poner foco en la agenda 2018. “La deuda puede convertirse en un problema si el Gobierno no baja el déficit o no hace reformas que le den sostenibilidad fiscal”, apuntan. En el caso de no hacerlo, daría la señal de que va a seguir endeudándose, generando una posible aversión al crédito por parte de los prestamistas externos.



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