Las claves para entender los cortes de luz
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Las claves para entender los cortes de luz

Los apagones por las altas temperaturas de esta semana volvieron a desnudar las falencias estructurales del sistema energético y la falta de gestión del Gobierno. 

Por Nicolás Gandini 27 de Diciembre 2013




No es un deja vú, porque la cantidad de cortes crece año tras año, pero la secuencia repetitiva con la que proliferan las fallas en el servicio de electricidad en los últimos veranos amenaza con instaurar una lamentable tradición porteña en la antesala de las fiestas. Esta semana, las altas temperaturas en Buenos Aires y el Litoral -el martes y miércoles, la media fue de 35,6°- volvieron a desnudar los graves y, a esta altura, estructurales falencias del sistema de generación y distribución de energía en la Argentina.
Con cortes en más de 30 barrios de Capital y el conurbano, el drama de los vecinos que se quedaron sin luz impartió un durísimo mensaje al Gobierno: frente al estado real de las redes de distribución de Edenor y Edesur -desinvertidas, en gran medida, como resultado del congelamiento tarifario, que el kirchnerismo convirtió en tema tabú-, la Casa Rosada perdió la capacidad de mostrar gestión.

Es decir, si el termómetro supera por algunos días seguidos la frontera de los 32 grados -tal como lo admitió el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, en una de sus ya patentadas conferencias de prensa matutinas-, el sistema de transmisión, y, en menor medida, el de generación, sufrirán inconvenientes. Su gravedad dependerá de cuánto resistan los cables de distribución pero, en rigor, no hay nada que el Gobierno -ni tampoco las empresas- pueda hacer en la coyuntura para evitar los cortes. Sólo queda empezar a contar los días hasta que pase el verano.

Entregado a la voluntad climática de San Pedro, es claro el agotamiento retórico del Ejecutivo para negar la crisis energética. Si el 8 de noviembre de 2012, el ministro de Planificación, Julio De Vido, ensayó un discurso acusatorio para evitar responsabilidades y prometió perseguir a los presuntos causales del megacorte que dejó sin electricidad a tres millones de porteños -"vamos a averiguar quién bajó la palanca y los vamos a denunciar en la Justicia", sobreactuó, en una frase todavía presente en el imaginario colectivo-, esta semana optó por una visión más realista al anunciar que se realizarán “interrupciones preventivas” -semánticamente similares, aunque diferentes que los cortes programados- para evitar daños mayores de las redes de distribución.

LUZ IMGQuejas. Los vecinos, indignados con el servicio. Foto: Noticias Argentinas.

Es que, en la práctica, las fallas eléctricas están lejos de responder a una sola causa. Son más bien el resultante de múltiples elementos que se combinaron en un nudo gordiano que costará años desatar. Encabezan esa nómina la falta de inversión de las compañías, tanto distribuidoras como generadoras, en la misma medida que aumentó el consumo eléctrico, una situación que se explica, desde la óptica de los privados, como resultado del retraso tarifario que se materializa en el congelamiento para buena parte de los usuarios de Buenos Aires que ya lleva más de una década; así como también el significativo incremento de la demanda debido a la 'electrificación' de la población, motorizada por la venta de millones de equipos de aire acondicionados y caloventores; las dificultades para implementar un plan de uso racional de la energía y la incapacidad gubernamental para concretar la instalación de nuevas centrales de energía, en especial en materia de hidroelectricidad.

A continuación, las 10 principales razones de una crisis energética que podría extenderse hasta la próxima década.

1. Sistema desinvertido.  A las 14.20 del martes la demanda eléctrica trepó hasta los 23.433 megawatt (Mw), un nuevo record histórico. La cifra deja en evidencia la aceleración del consumo, al menos en relación con los pico de potencia requerida. En 2012, la máxima demanda fue de 21.949 Mw, es decir, casi 1.500 Mw menos que lo registrado esta semana. La expansión se explica no tanto por un apuntalamiento industrial -la actividad productiva no tuvo uno de sus mejores años-, sino por la ventas de equipos de refrigeración. Desde 2010 a 2013 se vendieron alrededor de seis millones de aire acondicionados, más que en toda la década pasada, según datos de Afarte, la entidad que nuclea a las compañías electrodomésticas de Tierra del Fuego.

El deteriorado estado del tejido de distribución no es capaz de soportar esas cargas. De ahí, los cortes originados por el recalentamiento de cables y transformadores y la necesidad de interrumpir preventivamente las fases que se sobrecargan y corren riesgo de incendiarse. El diagnóstico conlleva a una primera lectura económica que da cuenta de la falta de inversión. En los denostados '90, Edenor y Edesur desembolsaban, en conjunto, alrededor de u$s 600 millones por año para mantener y ampliar las redes. La demanda promediaba los 70.000 gigawatt por hora (GWh) anuales, la mitad que en 2012, cuando las compañías no invirtieron más que u$s 200 millones, según coinciden en la industria. Como consecuencia, se estima que la desinversión en las redes metropolitanas supera los u$s 2000 millones.

Sin embargo, el corazón del problema es de gestión y queda en evidencia por la falta de planificación. Resulta difícil explicar por qué un Gobierno que recibió innumerables alertas acerca de la pauperización del sistema energético -algunas manifiestas por los propios técnicos de Cammesa, la administradora del mercado eléctrico mayorista, y de la Secretaría de Energía-, no haya actuado para revertir la situación.

2. Congelamiento eterno. Cuando se cumplieron 10 años del congelamiento de las tarifas de luz de Capital y Gran Buenos Aires, Marcelo Mindlin, presidente de Pampa Energía, la controlante de Edenor, entendió que la paciencia no siempre rinde sus frutos y le envío una carta a la presidenta Cristina Kirchner en la que detalló la delicada situación técnico-económica de la mayor distribuidora del país. La jugada, tan intrépida como desesperada, no surtió el efecto deseado. O mejor dicho, no tuvo respuesta alguna.

Edenor, al igual que Edesur, continuó embarcada en la inercia de un encarecimiento de los costos operativos por la inflación e ingresos congelados. La imperdurabilidad de esa dinámica -según los privados los costos se encarecieron casi un 400% desde 2003 mientras que las tarifas solo aumentaron un 10 %- se reflejó en los últimos balances de las empresas, con pérdidas por $ 1.016,5 millones y $ 801,6 millones, respectivamente.

LUZ PROBLEMASProtestas. Pese a las explicaciones de Capitanich, las quejas siguen. Foto: Dyn.

En el sector advierten que las distribuidoras pierden a razón de $ 2,5 millones diarios por el deterioro de su caja. Aún así, la posibilidad de llevar adelante la tantas veces prometida Revisión Tarifaria Integral (TRI) no parece cercana. O, al menos, así lo interpretan la mayoría de los directivos.

3. Subsidios crecientes.  Como lo que pagan los usuarios no alcanza para solventar lo que realmente cuesta generar, transportar y distribuir la energía, el Gobierno construyó un pesadísimo esquema de subsidios al segmento eléctrico. Entre enero y octubre, las subvenciones al sector aumentaron un 65,2% y llegaron a $ 64.993,5 millones, según datos de ASAP. El 80% de esa cifra es gerenciado por Cammesa y Enarsa, la empresa estatal de energía. La primera se ocupa de importar combustibles líquidos (gasoil y fuel oil) para generar electricidad. La segunda está a cargo de las compras de gas de Bolivia y del LNG que llega por barco. Parte de ese fluido se quema en las usinas para obtener energía.

A diferencia de otros segmentos subsidiados, como el ferroviario por ejemplo, no son las empresas concesionarias las que administran los fondos públicos. Técnicamente, las compañías eléctricas no reciben subsidios -el dinero no ingresa a los privados-, sino que el Estado destina los fondos para importar combustibles, que luego cede a las generadoras. En rigor, el subsidio es al usuario que paga más barata la energía.

De hecho, según se desprende de un informe que circula por estos días en despachos oficiales, a un cliente de Buenos Aires, con un consumo de 200 kWh/bimestre, el Estado le subvenciona $ 65, equivalente al 75% del total de la factura antes de impuestos. A un usuario de 400 kWh, $ 128 (79% del total), a los de 650 kWh, $ 208 (82%) y a los de más de 1000 kWh, $ 318 (82,5%).

Frente a ese escenario, lo que sí está estudiando el Gobierno es retomar el retiro gradual de beneficios a los clientes con demostrada capacidad adquisitiva para afrontar un costo más alto de la energía. No está definido aún qué criterios se utilizarán para definir la quita de subsidios. A fines de 2011, embanderado en la sintonía fina promovida por el relato post elecciones presidenciales, De Vido planteó un aumento para las zonas geográficas de mayor adquisitivo, pero ese razonamiento no termina de convencer al ministro de Economía, Axel Kicillof, quien hoy tiene la última palabra en cualquier decisión trascendente del mundo energético.

4. Eficiencia energética.  Las depreciadas tarifas atentan contra el éxito de los programas de uso eficiente de la energía, una de las herramientas más difundidas a nivel global para luchar contra el cambio climático y garantizar el abastecimiento eléctrico. En esa dirección, el Gobierno puso en marcha a mediados de la década pasada el programa PUREE, que estableció una serie de bonificaciones para quienes reduzcan su consumo y penalidades para los que lo eleven. Sin embargo, el congelamiento tarifario jugó en contra de la iniciativa, debido a que los consumidores no terminan de cuantificar en términos económicos la diferencia entre demandar energía de manera responsable y consumir de más.

Sucede que mientras en el área de Edenor y Edesur, un consumidor residencial de 300 KWh por bimestre paga u$s 0,0164 por KWh, uno de Córdoba capital, bajo la órbita de Epec, abona u$s 0,091 y un santafecino abastecido por la EPE desembolsa u$s 0,11, según estadísticas de Montamat & Asociados. Con Chile (u$s 0,14) y Uruguay (0,26), la diferencia es todavía más pronunciada.

5. Intervencionismo galopante. Semejantes desfasajes sólo se explican a partir del fuerte intervencionismo estatal que instauró el kirchnerismo. Si en la década del '90, el sector eléctrico operó prácticamente desregulado por medio de un esquema marginalista de precios, donde el mercado fijaba costos de la energía y preferencias de despacho, desde 2003 en adelante el motor del sistema volvió a manos del Estado.

Hoy, el Ejecutivo provee el combustible a las centrales, avanzasobre el mercado a término (la venta de energía de generadoras a grandes usuarios industriales), audita los costos operativos de todas las empresas del sector, financia obras de mantenimiento en redes y usinas ante la endeblez económica de los privados y fija de forma premedita la rentabilidad de la industria.

El cambio de un paradigma a otro fue abrupto. "Hoy, las empresas trabajan a maquila. El Gobierno les da el combustible y les dice cuánto les va a pagar como costo fijo y variable. La posición de los privados es rara, no determinan casi ninguna variable del negocio", analiza Francisco Mezzadri, ex presidente de la norteamericana CMS y actual consultor en temas energéticos.



En la misma línea, Enrique Devoto, ex secretario de Energía, cuestiona la inconsistencia del discurso oficial. "Desde que asumió, De Vido afirmó que no creía en el mercado. El problema es que tampoco han planificado. Se ha vivido en el corto plazo, producto de tarifas inadecuadas como señales a los consumidores y de evidentes errores en materia de inversión", critica. "Por ejemplo, se gastó una fortuna en construir una central térmica en Río Turbio que no funciona por falta de carbón", grafica en diálogo con 3Días.

6. Sangría de divisas.  El lunes, Jorge Milton Capitanich protagonizó una escena que dejó en evidencia la fenomenal expansión de las importaciones de energía de la Argentina, en forma de electricidad o de combustibles para generarla. Al mismo tiempo que el “Coqui” negaba la compra de energía desde Uruguay, Cammesa traía desde Montevideo cerca de 500 Mw de potencia.

Más allá de visibilizar la falta de coordinación entre el jefe de Gabinete y el ministro de Planificación -también chocaron sobre la viabilidad de aplicar o no cortes programados-, es claro que si los subsidios energéticos crecieron un 65%, en 2013, fue por la necesidad de importar más gasoil y gas natural para alimentar las plantas termoeléctricas.

La piedra angular del déficit es la caída de la oferta local del hidrocarburo, que perdió 15 puntos porcentuales desde 2005 a la fecha. La importación de combustibles para el parque de generación, que este año demandará más de u$s 6.000 millones, produce una incontrolable hemorragia de divisas para la economía local.

7. Venta masiva de equipos de refrigeración. Este año, se ensamblaron 1,5 millones de aire acondicionados destinados al mercado local, la misma cantidad que en 2012. El récord de la producción fue en 2011, con 1,79 millones de equipos, explicaron desde Afarte. Cuando se desata una ola de calor en las grandes urbes, el uso generalizado de los acondicionadores provoca la sobrecarga de las redes. En ese momento, las distribuidoras activan protocolos de protección para desconectar una cámara a fin de evitar que levante temperatura, por lo que varias cuadras quedan sin servicio. En ese caso, la rehabilitación del suministro puede demorar entre tres y siete horas.

El congelamiento tarifario jugó en contra, debido a que los consumidores no terminan de cuantificar en términos económicos la diferencia entre demandar energía de manera responsable y consumir de más.

 

Cuando los cortes son por recalentamiento de los cables subterráneos, el tiempo de reconexión dependerá de los daños sufridos. Si la zona afectada es pequeña (apenas unas cuadras), la espera ronda entre cuatro y seis horas. Sin embargo, si el deterioro se extiende a varias manzanas, el retorno de la luz puede demorar más de dos días, debido a que es necesario romper veredas para reemplazar cables y fusibles.

8. Mayor consumo industrial. Si bien el incremento del consumo eléctrico responde este año a la mayor instalación de equipos de refrigeración -la actividad industrial creció, pero de forma moderada-, la demanda de los grandes usuarios y de las industrias se expandió más de un 40% en los últimos 10 años. Sin embargo, desde 2007, las empresas se acostumbraron a lidiar con restricciones estacionales en verano e invierno.

Para muestra basta un botón: el Ejecutivo ordenó esta semana a industrias radicadas en al norte del Buenos Aires y al sur de Santa Fe, la región con mayor desarrollo productivo del país, bajar la carga de 300 Mw a raíz de la falta de generación disponible. A la acerera Acindar, por caso, le pidieron que desconecte uno de sus tres hornos de 50 Mw de su planta San Nicolás.

9. Ausencia de grandes obras. El cuello de botella en el área de generación es señal inequívoca de la incapacidad del Estado para concretar la construcción de nuevas centrales. La imposibilidad de promover nuevas represas hidroeléctricas, para aprovechar el vasto potencial de las cuencas hídricas argentinas, es el fracaso más saliente. También la falta de impulso a energías renovables como la eólica y la solar.

El talón del Aquiles es siempre el mismo: la escasez de financiamiento para solventar grandes obras de infraestructura. Es que el erosionado frente externo del país complica la llegada de capitales, y más para un sector energético que no ofrece incentivos en materia de precios.

"Para recuperar la fiabilidad del sistema y correr al ritmo de la demanda eléctrica (que desde 2004 crece a una media del 5,5% anual), la construcción de nuevas represas hidráulicas y centrales nucleares exige la inversión de entre u$s 4.000 y u$s 5.000 millones por año hasta 2030, con el objetivo de instalar no menos de 1.500 Mw anuales de potencia", detalló Mezzadri.

10. Jerarquización de los entes reguladores. Cuando se privatizó Segba, la distribuidora estatal, a principios de los '90, se creó el Enre, el ente regulador de la electricidad, con la autoridad para controlar y fiscalizar el funcionamiento del servicio eléctrico. Por ley, los entes iban a estar conducidos por técnicos de probada experiencia y trayectoria en el sector, y su nombramiento debía ser ratificado por el Congreso.

En la actualidad, en cambio, la mayoría de los entes reguladores están intervenidos por el Ejecutivo. El Enre no es la excepción: su titular es Mario de Casas, un ex radical cobista que se ganó la confianza de De Vido. Su autonomía para actuar es nula, dado que está totalmente subordinado al poder político. 



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