La millonaria caja de subsidios K representa uno de los presupuestos más abultados de América latina. En 2009, las subvenciones alcanzaron los $35.000 millones, contra un gasto de $32.000 millones en 2008. “Lo que tenemos es un monstruo que no sabemos cómo sacarlo. La Argentina está viviendo una irrealidad total”, dispara Osvaldo Cado, de la consultora Prefinex.

No obstante, 2010 se convertiría en el primer año de la era K en el que se efectuará un recorte de esta partida. De acuerdo a un análisis de la Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP) en base al Presupuesto 2010, habrá una reducción del 14% con respecto a lo gastado en subsidios en 2009. Este año, la batalla será por $30.500 millones. Con un recorte del 35%, el sector agroalimentario se posiciona como el gran perdedor de 2010. Mientras tanto, en Energía y Transporte se gastará un 14 y 16% menos, respectivamente. En términos de Producto Bruto Interno, los subsidios muestran un marcado incremento en la última década. Según datos de la consultora Ecolatina, mientras que en la Argentina de 2001 se gastó medio punto del PBI en subsidios, en 2009 alcanzó un 3,2%, el mismo nivel que en el año anterior.

Para el economista de Prefinex, la medida de aplicación de subsidios fue “buena y acertada” en el contexto de crisis económica en la que estaba inmerso el país en 2002, con un 50% de pobreza y 20% de desempleo. “Pasó el tiempo, y así como (Carlos) Menem tuvo problemas para salir de la convertibilidad, este Gobierno posee problemas para salir de la convertibilidad de tarifas”, compara.

Según Marcelo Capello, vicepresidente del Ieral de Fundación Mediterránea, “por cada peso gastado en subsidios dirigidos a personas (planes sociales) se gastaron $5,6 para mantener bajas las tarifas de electricidad, gas, transporte y el precio de algunos alimentos” en 2008. Dentro de la esfera de subsidios K, el mayor gasto se observa en el sector energético -gas y electricidad-, que había alcanzado asignaciones por $11.425 millones al tercer trimestre de 2009. Para Cado, la disminución en el presupuesto total de los subsidios en 2010 se explica porque el Gobierno espera cobrar “los incrementos de 400% que se habían dado en electricidad y que no pudo cobrar” en 2009. “Con los aumentos de tarifas en luz y gas, se espera que se destinen entre $3000 y $4000 millones menos que en 2009”, asegura.

Los gastos en subsidios en el sector energético son secundados por los de transporte, que con $2416 millones en concesiones de trenes y subtes, un Fondo Fiduciario del Sistema de Infraestructura del Transporte de $2774 millones y $1607 millones en Aerolíneas Argentinas S.A., sumó un total de $8551 millones, según un análisis de Ieral del acumulado al tercer trimestre del año pasado. Rodrigo Álvarez, gerente de Economía y Finanzas de Ecolatina, estima que sin la ayuda del Gobierno, un boleto del subte “debería estar por encima de los $2”, aproximadamente el doble del valor actual. Y agrega: “En algunas de las empresas de este tipo de servicios, los subsidios representan más que los ingresos corrientes por el boleto”.

En 2008, los subsidios a productores de alimentos aumentaron exponencialmente con la incursión de la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (Oncca): pasaron de $1000 millones en 2007 a más de $3500 millones en 2008, según datos del Programa de Transparencia del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec). En este sector, el feed lot y la industria tambera fueron los principales beneficiarios de la ayuda del Gobierno. La presidenta Cristina Kirchner había anunciado en octubre pasado que los tambos con una producción de hasta 12.000 litros diarios de leche recibirían 20 centavos por los primeros 3000 litros. Recién en enero de 2010 la Oncca desembolsó $84 millones, aunque todavía queda pendiente el pago de las compensaciones correspondientes a noviembre y diciembre, que rondarían los $230 millones.

Chile y el juego de las diferencias
El cuantioso presupuesto de la Argentina para las asignaciones estatales se diferencia de los subsidios de otros países de América del Sur. En 2008, la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, implementó un subsidio eléctrico por un total de u$s33 millones, que fue aplicado como una reducción en la cuenta de luz, al igual que en la Argentina. Este subsidio se descuenta en dos cuotas para los clientes del Sistema Interconectado del Norte Grande (SING) y del Sistema Interconectado Central (SIC). No obstante, esta ayuda estatal se diferencia de la Argentina al estar enfocada a los sectores más vulnerables de la sociedad. Para acceder al subsidio, el cliente debe completar una Ficha de Protección Social (FPS) que determine su situación social, además de no presentar retrasos en el pago de cuentas de las tarifas de luz. Así, el gobierno chileno subsidia a las familias que pertenecen al 40% más vulnerable del país. “Los subsidios de energía son como un programa social y se establecen por casa. En cambio, en la Argentina se subsidia el gas natural, pero no el de garrafa”, dice Victoria Pereyra Iraola, coordinadora del Programa de Transparencia del Cippec. Si bien el discurso kirchnerista apunta a una mayor redistribución de la riqueza, las principales subvenciones públicas de la Argentina parecen beneficiar, en mayor medida, a los sectores de ingresos más altos.

Según un informe de Ieral en exclusiva para Weekend, en 2008 las subvenciones a empresas en Chile alcanzaron los u$s40 millones en transporte, contra los u$s2555 de la Argentina. En energía, el estado chileno subsidió a las compañías con u$s429 millones ese mismo año, mientras que la Argentina lo hizo con u$s 4736 millones. En total, Chile tuvo un gasto en transferencias por asuntos económicos que representó un 0,9% del PBI en 2008.

El Senado de Chile aprobó en agosto de 2009 un subsidio de más de u$s3600 millones para el Transantiago, que opera en el área metropolitana de la capital. Esta norma permite al Fisco asumir la deuda contraída por el Transantiago con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), estimada en u$s288 millones, y la deuda con el Banco Estado, de u$s160 millones. Asimismo, el transporte público de Santiago y de las regiones tendrá un financiamiento de u$s3460 por un plazo de seis años. Los objetivos de estos subsidios: “cubrir los déficits mensuales del Transantiago hasta que se autofinancie, renovación de los parques de los colectivos, proyectos de infraestructura en transportes y el financiamiento de la tarifa escolar”.

El caso Brasil
La primera potencia de la región no subsidia para reducir las tarifas de energía ni las de transporte para sus consumidores finales, sino que las asignaciones estatales están principalmente orientadas a las empresas. “En Brasil, los subsidios no están puestos en el impacto político y social de las tarifas, sino que están destinados a incentivar ciertas actividades productivas”, diferencia el gerente de Economía y Finanzas de Ecolatina. Según Mansueto Almeida, investigador de la Dirección de Estudios Sectoriales e Innovación del Instituto de Investigación Económica Aplicada (IPEA, por sus siglas en portugués) del gobierno brasileño, los principales subsidios a las industrias “no son otorgados en forma directa por el gobierno”, sino que las compañías los adquieren a través del Banco Nacional de Desarrollo (Bndes), que depende del gobierno y posee un presupuesto anual cercano a los u$s 80.000 millones. Almeida explica que, con este subsidio indirecto, las empresas “puedan crecer e invertir en otros países al prestar dinero con bajas tasas de interés, que rondan el 4,5%, menos de la mitad de la tasa de interés que el Gobierno debería pagar para vender sus bonos” en el mercado.

Por otra parte, los subsidios para los sectores tecnológicos están dirigidos a las inversiones en nuevas tecnologías. “Muchas empresas que fueron privatizadas en los ‘90, como las de telecomunicaciones y energía, ahora abonan un impuesto de contribución que recolecta el gobierno y está destinado a crear fondos especiales de inversión”, explica el especialista de IPEA. Y agrega: “El presupuesto anual de estos fondos sectoriales es de u$s2000 millones”. Para Ieral, “el monto de subsidios destinado a desarrollo ecnómico (principalmente empresas) ascendió a u$s2655 millones en 2008. Ese año, el gasto en subvenciones para desarrollo económico significó un 0,18% del PBI, y también equivalente a un 0,67% del gasto total de dicho país.

Una bomba de tiempo
En un 2010 en el que se esperan aumentos en las tarifas de los sectores de energía y transporte, los especialistas consultados por WE coinciden en que la política kirchnerista de cuantiosos subsidios debería ser retirada de manera progresiva, ya que una modificación abrupta podría tener una repercusión negativa en términos políticos y económicos, además del fuerte impacto en los consumidores. Santiago Urbiztondo, economista de Fiel, opina que “si el Gobierno continúa con su prioridad en el corto plazo, toda reforma que se pueda pensar sobre mecanismos de ajustes paulatinos de tarifas para reducir los subsidios es difícil”. Y sentencia: “La gente tiene que ser consciente de que estamos viviendo una mentira. Las decisiones van a ser más duras por no haberlas tomado a tiempo”.

Por su parte, Álvarez coincide en que el problema de los ajustes de tarifas también está en el timing, puesto que considera que en el período 2006-2007 se podría haber implementado un esquema de subsidios más sostenible. “La economía ya había superado los niveles productivos máximos históricos desde 1998. Además, la sociedad estaba en mejores condiciones para absorber un incremento en los costos de vida”, dice el economista de Ecolatina, quien sostiene que actualmente “se están subsidiando los consumos de los consumidores de mayores ingresos”. Al implementar una política de subsidios por unidad consumida, se beneficia el que más consume. “El combustible es un 15 ó 20% más caro en el interior del país que en la Argentina”, ejemplifica.

Pero las tarifas son tan solo un componente de esta política K. Otra de las consecuencias del esquema de subsidios que se aplica en la Argentina es la falta de previsibilidad en el mediano y largo plazo de las empresas subsidiadas, que afectan de forma directa la capacidad de inversión de las compañías privadas. “Cuando las empresas trabajan, y más las de energía, lo hacen con 20 años vista. Recién podrían empezar a presupuestar inversiones con la información de las tarifas de los próximos cinco años”, explica Cado, de Prefinex. Desde la consultora, el economista brega por una actualización de tarifas de electricidad gradual a cinco años del 200%, con un aumento del 20% semestral. “Los ajustes tienen que hacerse porque tenemos la energía más barata de toda América latina, incluso comparada con aquellos países que tienen más gas y petróleo que nosotros”, concluye Cado.