El objetivo era el mismo de hoy: volver a los mercados internacionales. También un apellido: Néstor Kirchner como presidente y Roberto Lavagna en la Secretaria de Hacienda. En enero de  2005, el Gobierno propuso un canje de la deuda con una quita de casi 66 por ciento para lo inversores privados y una situación de espera para los organismos internacionales, países y obligaciones de corto plazo. Los cálculos más optimistas hablaban de un pasivo de US$ 82.000 millones. Bancos europeos, como el alemán Hypovereinsbank, en cambio, aducían una deuda total de US$ 155.000 millones.

La oferta suponía el último tramo de un derrotero que se había iniciado con la caída del Gobierno de la Alianza, en diciembre de 2001. Dos semanas más tarde, el 14 de enero de 2002 cuando el ex presidente de la Nación, Adolfo Rodríguez Saá, declaró la cesación de pagos de la deuda pública. El Estado suspendió el pago de los intereses y las amortizaciones de los títulos públicos pero continúo con el pago a los organismos internacionales de crédito. Cuando la llama de la crisis comenzó a apagarse, a principios del 2003, el Gobierno planteó una estrategia de reestructuración.

A 638 días de la declaración del default, Roberto Lavagna, por aquel entonces Ministro de Economía, anunció, en la asamblea anual del Fondo Monetario Internacional celebrada en Dubai, la primera oferta de restructuración de la deuda, que contemplaba una quita del 75% del valor nominal de los títulos en cesación de pagos. Por aquel entonces, el número de acreedores sumaban un monto de deuda total de US$ 81.800 millones, según datos oficiales. Entre idas y vueltas, mejoras y flexibilizaciones de la oferta, el canje de 178 títulos públicos en manos de acreedores privados se abrió el 14 de enero. Para eso, declararon la emisión de tres nuevo títulos: Par, Cuasi Par y Discount, cuyo volumen oscilaría entre US$ 38.500 millones y 41.800 millones.

El canje se cerró el 25 de febrero de 2005. Fue aceptada por el 76 por ciento de los tenedores de bonos, a cambio de nuevo títulos por un total de US$ 35.200 millones. En un primer momento, datos del mercado indicaban que la quita representaba el 55 por ciento. Esto significaba un ahorro cercano a los US$ 43.000 millones para el Estado. Sin embargo, desde el Gobierno, la quita anunciada era del 65,6 por ciento, ya que incluía en ella los créditos de quienes no ingresaron al canje, que mantienen acreencias por más de US$ 24.000 millones. Para el Ministerio de Economía, la deuda pasó así de US$ 191.900 millones en diciembre de 2001 a US$ 125.000 millones en marzo de 2005. Sin embargo, algunos economistas estimaban que incluyendo las acreencias de los holdouts con una quita similar al resto, la deuda total alcanzaría los US$ 136.000 millones.