La negociación llevaba varios meses, y sólo faltaba firmar. La compra de los activos en la Argentina era casi un hecho el viernes 17 de octubre. “Cerramos el lunes”, fue la última frase escuchada. Todo cambió en 48 horas. “Hay que dar marcha atrás. No podemos exponernos a perder liquidez en este momento, ni tampoco justificar la valuación de lo que estamos comprando”, argumentó el inversor extranjero el lunes 20 a las 9 de la mañana, dando por caída la operación. Los coletazos de la crisis financiera internacional, la más importante desde la Gran Depresión de los años ‘30, seguían azotando al mundo y eran motivo suficiente para poner el pie en el freno, aun cuando la volatilidad local no se apartaba mucho hasta ahí del recorrido seguido por otros países de la región. Pero faltaba un condimento para potenciar el “riesgo argentino”: a la tarde, el Gobierno anunciaba su intención de estatizar las AFJP. El mentado “desacople” de la crisis global (que nunca llegó a ser tal), desaparecía por completo.

“Se congeló todo”, es la respuesta más escuchada en los principales estudios jurídicos de la City por estas horas. Ejemplos como el anterior se multiplican en todos los bufetes. “De los deals en los que veníamos trabajando, la mitad se cayó y la otra mitad está en stand by, redefiniendo los riesgos”, cuenta un managing partner, escudado en el off the record. Muchos prefieren hablar bajo anonimato dado lo delicado de la situación. Si el impacto de la debacle ya se estaba sintiendo, la decisión de expropiar a las AFJP agudizó la enfermedad. Y mucho. “Fabricamos una crisis en el momento menos oportuno, cuando nos jactábamos de que los problemas financieros de afuera no nos tocaban tan de cerca porque la Argentina estaba fuera del mundo”, resume un name partner, que ya vio pasar varias tormentas en su carrera.

“¿Quién me garantiza una inversión ahí? ¿Cómo sé que mañana no me van a hacer lo de (Hugo) Chávez?”. El planteo se escucha por el speaker de la sala de reuniones de uno de los estudios, y lógicamente proviene del exterior. La inversión extranjera directa ya venía en descenso en el país luego del conflicto con el campo, y ahora escaseará aún más, prevén los abogados. “Recibíamos menos que Chile, Colombia y Perú; mucho no va a cambiar”, ilustra resignado el número uno de un bufete, que ya se alista para el nuevo panorama. “Habrá que observar hacia dónde va el flujo de trabajo y mostrar flexibilidad en los recursos humanos para ello”, completa.

Pero el golpe al mercado de capitales, como era de esperar, heló la plaza. “Fideicomisos, emisiones de deuda, acciones, todo quedó en el freezer”, describe Roberto Fortunati, socio fundador de Fortunati Abogados. Y amplía: “También están siendo afectados muchos proyectos de inversión. El que no puede conseguir financiamiento no sigue adelante”. Las operaciones de mercado de capitales son otra de las grandes fuentes de trabajo de las que beben los estudios de la City. Habrá mucha menos agua ahora.

Al cierre de esta edición, el Congreso continuaba con el tratamiento del proyecto de estatización de las jubilaciones, y el dólar se ubicaba en los $ 3,40 por las ventas del BCRA. La sequía del mercado post golpe AFJP se hacía sentir en la cadena de pagos, con cheques rechazados y múltiples obstáculos para conseguir fondeo (empresas de primera línea incluidas, que pagaban tasas de hasta el 40 por ciento anual). Una clara muestra de que la economía real ya acusa los efectos combinados de la crisis externa con la fabricada por el Gobierno.
 
Cuadro de situación
¿Cómo se traduce este cuadro de situación en el campo legal? Los abogados coinciden en separarlo en dos planos: lo que acarrea el tornado externo, y lo que provoca la propia tempestad local. “Ante un global credit crunch y recesión, con caída de commodities e inestabilidad, pueden sobrevenir incumplimientos contractuales o demoras tanto de contratos de inversión, financieros y de desarrollo de proyectos por parte de subsidiarias y sucursales de compañías y bancos extranjeros”, describe Esteban Buljevich, name partner de Pastoriza Eviner Cangueiro Ruiz Buljevich Abogados, y ex principal counsel de la Corporación Financiera Internacional (brazo crediticio del Banco Mundial). El escenario se completa, según el especialista, con eventuales arbitrajes, litigios y concursos y quiebras internacionales, “que presentan complejidades por cuanto no existe un sistema uniforme de insolvencia internacional”.

En el plano interno, hay quienes se preparan para un retorno de las reestructuraciones. “Con el mercado institucional de capitales de las AFJP cerrado, hay empresas que pueden tener problemas el año que viene”, indica un lawyer con amplio expertise en corporate finance. “Algunas otras podrían iniciar conversaciones con sus acreedores en forma preventiva. Las reestructuraciones antes de llegar al tribunal son más baratas”, revela.

Eugenio Bruno, socio de Nicholson y Cano, confirma que ya existen consultas incipientes al respecto. “Cuando se reestructuraron pasivos en 2003 y 2004, el esquema que se usó fue el de vencimientos de capital a partir del sexto año –explica–. Eso implicaba que las empresas hacia 2009 deberían salir al mercado de capitales a colocar nueva deuda para afrontar esos vencimientos. Pero ahora los mercados están cerrados”.

La cosa no pinta como en 2002, cuando la caída de la convertibilidad provocó una ruptura general de contratos por el cambio de moneda. Pero en las renegociaciones de aquella época se incluyeron supuestos de facturación demasiado optimistas para lo que sería 2009. A eso puede sumarse el hecho de que algunas firmas –sin apremios urgentes– también opten por reestructurar para preservar caja ante la incertidumbre general, proyectan algunos.

“Me parece prematuro hablar de la reestructuración de la reestructuración, pero no me llamaría la atención que algunos quieran posicionarse aprovechando este contexto”, refuerza un socio con alta participación en renegociaciones cerradas hace unos años.

Pablo Van Thienen, abogado que pasó por grandes estudios y hoy conduce el CEDEF (Centro de Estudios de Derecho, Empresa y Finanzas, dedicado a la capacitación de profesionales), opina que el efecto puede no ser inmediato: “No avizoro durante el año próximo grandes reestructuraciones de pasivos, siempre que no terminemos en una devaluación a los brasileña. Una devaluación abrupta termina en default técnico”. Para Van Thienen, la ruptura de ciertos ratios financieros asumidos por los deudores que reestructuraron pasivos entre 2002 y 2005 implicaría la aceleración de deuda y por ende, un nuevo concurso o APE.

Otro efecto que se empieza a notar en la City como producto de la falta de crédito es la necesidad de financiamiento de ciertos fondos de inversión, que adquirieron empresas en los últimos años y ahora son intimados por los bancos a devolver el dinero. “En algunos de estos fondos puede producirse un ingreso de nuevos accionistas”, describe un lawyer. “Entrarían para quedarse con activos a precios más que convenientes”, completa.

La conflictividad en alza ya genera mayor trabajo del día a día en los estudios, tanto en la revisión de contratos como en temas laborales (las automotrices fueron las primeras afectadas) y regulatorios. La rama aduanera, por caso,  empezó a moverse más por recursos antidumping ante la caída del comercio internacional. “No me extrañaría que también comiencen los problemas societarios. Cuado hay menos utilidades que repartir o llega la hora de poner plata para tapar agujeros, brotan los conflictos”, apunta un consultor que conoce de cerca el mundo empresario.

“En suma, trabajo desgastante”, resume un abogado, que advierte además que los estudios deberán ajustarse a las nuevas realidades de sus clientes en temas tarifarios si el Gobierno no atenúa el pesimismo reinante.

¿Lluvia de juicios?
Pero la sorpresa AFJP operó justamente en sentido contrario y removió los peores temores. ¿Cómo impactará la estatización si es aprobada en el Congreso? “Va a haber una catarata de pleitos de los afiliados”, imagina un partner. “Imputaciones de responsabilidades a las AFJP, juicios de los titulares de cuentas al Estado, si se concreta la expropiación, y de las propias administradoras al Estado”, amplía. “Juicios cruzados de todo tipo”, complementa otro.

La percepción no es unánime, sin embargo. “Juicios de las administradoras hacia el Estado va a haber, pero no imagino una lluvia de pleitos individuales como en la época del corralito”, tercia un socio de otro estudio, muy ligado al mercado de capitales. “Lo que sí hay son muchas consultas. Las empresas y los ejecutivos quieren asegurarse de que hicieron las cosas correctas y no tendrán sorpresas en la Justicia”, agrega.

Entre las empresas que cotizan en Bolsa, el hecho de que la Anses pase a ser accionista si se queda con los activos que poseían las administradoras provoca más que dolores de cabeza. ¿Podrían hacer algo para evitar que el Estado ingrese en su capital? Van Thienen cree que sí. “Hay compañías que están a precio de liquidación y por ello se lanzaron a rescatar sus acciones, tal como sucede con Macro, Patagonia y Molinos –explica–. La CNV acaba de autorizar el rescate de acciones propias más allá del 10 por ciento autorizado por el decreto 677, permitiendo comprar todo lo que se pueda”.

El abogado sostiene que tal vez sea ésa una excelente oportunidad para reformar estatutos, diseñando cláusulas de blindaje que permitan relanzar las acciones al mercado cuando cambie el contexto. “La conversión o el rescate forzoso pueden ser opciones al alcance de la mano. Existen antecedentes jurisprudenciales que avalarían estas estrategias de blindaje con miras a tutelar el interés social”, asegura.

El conflicto tal vez esté en sus comienzos y demandará seguramente muchas horas legales, que irán a cubrir la ausencia de proyectos de inversión y deals de otros tiempos. Porque se frenó todo.