La política fiscal puede ser una herramienta fundamental para el desarrollo económico, político y social de América latina, según el último informe del Centro de Desarrollo de la OCDE Perspectivas Económicas de América Latina 2009 (Latin American Economic Outlook, LEO 2009). Para ello, sostiene que es necesario optimizar la progresividad de los impuestos y garantizar que el gasto público no sólo sea eficiente, sino que también promueva el crecimiento económico y contribuya a reducir la pobreza y la desigualdad, problemas claves de la región.

Según las últimas cifras, los ingresos fiscales procedentes de impuestos individuales sobre la renta suponen apenas un 4 por ciento de los ingresos totales en los países de América latina, comparado con el  25 por ciento aproximado en los países de la OCDE. Entre 1990 y 2006, los ingresos fiscales totales en América latina equipararon al 23 por ciento del PBI en dicha región, frente a una media del 42 por ciento en los países de la OCDE. Durante el mismo período, el promedio del gasto público total alcanzó tan solo el 25 por ciento del PBI en América latina, comparado con el 44 por ciento en los países de la OCDE  Cabe recordar que el único país de la región que pertenece actualmente a la OCDE es México, mientras que Chile se encuentra negociando su ingreso.

En su presentación en San Salvador, el Secretario General de la OCDE, Ángel Gurría, reconoció los logros macroeconómicos recientes de América latina, pero destacó la importancia de reorientar los objetivos en una región con una de las más grandes disparidades socioeconómicas del mundo. Asimismo, el LEO 2009 asevera que el gasto social no está cumpliendo su función redistributiva, y la calidad de bienes y servicios públicos no satisface las necesidades de la población ni incentiva el compromiso ciudadano con el Estado.

Gurría también destacó la importancia de transformar la política fiscal en una herramienta para el desarrollo en momentos de incertidumbre económica y financiera: “Los sistemas fiscales que fracasan a la hora de combatir la pobreza y la desigualdad empobrecen el apoyo social a las instituciones democráticas”.

Las cuatro recomendaciones principales del informe son: desligar la gestión de la deuda pública de los ciclos políticos, diversificar las fuentes tributarias, mejorar la calidad del gasto público y simplificar los sistemas fiscales para reducir la informalidad. Para el centro de desarrollos de la OCDE, el desafío radica en incrementar el gasto social y  hacerlo más eficiente hacia aquellas políticas que marcan la diferencia.