Revés para Cristóbal López: la Justicia suspendió el convenio que lo eximía de impuestos

Lo resolvió la jueza Elena Liberatori, tras una denuncia. Cuál es la cláusula de la polémica. 

18 de Diciembre 2013

La maratónica sesión de la Legislatura porteña -que duró 15 minutos- eximió al casino flotante y al Hipódromo de Palermo del pago de Ingresos Brutos, por las ganancias generadas por las máquinas tragamonedas como por las carreras de caballos. Pero la jueza en lo contencioso administrativo N°4, Elena Liberatori, dio lugar a la medida cautelar del constitucionalista Andrés Gil Domínguez, según informó el diario La Nación.

De esa forma, queda suspendida la cláusula 3.2 del acuerdo -al que accedió Apertura.com- y que señalaba que "las sumas convenidas en Ia presente significará Ia extinción de las pretensiones o créditos relacionados con el pago del Impuesto a los Ingresos Brutos o cualquier otra trlbutación específica sobre las concretas actividades de juego desarrolladas en nombre de LOTERIA por los referidos operadores".

casino_crop_1386690120284.jpgAlto. La medida cautelar tuvo lugar y la cláusula de la polémica está suspendida. Foto: Archivo Apertura.

La decisión tomada por el gobierno porteño había dejado sin efecto el pago de una deuda de $ 2000 millones por parte del empresario Cristóbal López, quien por la ubicación de su casino -está flotando y no en tierras porteñas- había iniciado una acción judicial alegando que no debía pagar Ingresos Brutos por tratarse de un impuesto provincial -y asegurando que su negocio se encontraba en el ámbito de la nación-. De esa forma, gobierno porteño llegó a un acuerdo con el hipódromo y con el casino flotante. A cambio de la suspensión del cobro de ese impuesto -y del monto adeudado- se le cobraría un 3 por ciento en concepto de “canon” especial por las ganancias de sus tragamonedas y carreras de caballo. Eso le otorgaría a la ciudad de Buenos Aires un ingreso de $ 300 millones. Sumado a los $ 350 millones que ya recibía, se elevaría a $ 650 millones anuales. 

Mientras tanto, entre las cláusulas del acuerdo, se afirmaba que si la Legislatura diera marcha atrás con el mismo, se suspendería automáticamente el pago del canon especial. Por esa razón, resta ver qué sucederá ahora que la decisión fue tomada por la Justicia.

No es la primera vez que la jueza Liberatori frena una acción de la Ciudad. A finales de septiembre de 2012, había dado lugar a una medida cautelar que dejaba sin efecto las sanciones tomadas por el gobierno sobre los alumnos que habían tomado colegios.  



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