Los números detrás de los subsidios
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Los números detrás de los subsidios

En los últimos ocho años, las transferencias del Gobierno a las empresas estatales crecieron casi 75 veces. El impacto de la expropiación en la imagen de YPF y el caso Aerolíneas. 

Por Camila Fronzo 17 de Mayo 2013




Cristina Kirchner no le tembló el pulso al expropiar la empresa que más factura en el país. Tampoco dudó en tomar el timón de Aerolíneas Argentinas, cuyas pérdidas, se estima –no presenta balance desde 2008–, rondan los US$ 2,7 millones diarios. Hazañas que bailaban al compás del 56 por ciento de una opinión pública que, a noviembre de 2011, defendía una mayor propiedad estatal en las empresas e industrias, de acuerdo con una encuesta de Poliarquía Consultores, difundida en esa fecha.

Este año, el Gobierno gastará el 5,3 por ciento de su presupuesto en cubrir los costos operativos de 30 empresas públicas. Cifra bastante superior al 0,6 por ciento que les giraba ocho años atrás, según datos del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec), sobre la base del Presupuesto Nacional. En este contexto, el sondeo de SEL sobre las 100 mejores empresas en imagen incluyó, por primera vez, un ranking sectorial de compañías estatales.

La nueva YPF lidera el conteo, con 46 puntos de ventaja sobre la segunda, Aguas Argentinas. Desde su expropiación, en abril, la petrolera reunió a un management de primera línea, encabezado por Miguel Galuccio, un ingeniero en Petróleo que hizo carrera en Schlumberger. El año pasado, firmó un acuerdo con la estadounidense Chevron para explorar en el yacimiento de Vaca Muerta, en Neuquén.

Anunció, también, una asociación con Bridas para realizar perforaciones de crudo y gas no convencional. Sigue siendo la empresa que más factura en la Argentina ($ 56.697 millones, en 2011), y prevé inversiones por US$ 37.200 millones hasta 2017, según el Plan Estratégico que presentó el CEO, en agosto último. No obstante, la expropiación del Gobierno golpeó fuertemente su imagen entre los líderes de opinión: en el ranking general, cayó al puesto 22, desde el séptimo lugar que había ocupado tanto en 2012 como en 2011.

Diferente es el caso de Aerolíneas Argentinas, que aparece tercera entre las firmas estatales. Su piloto, Mariano Recalde, es un abogado camporista sin experiencia en aeronáutica. Perdió US$ 1000 millones el año pasado, calculan en el sector, pero fue la firma que más peldaños subió en el ranking general (113 escalones). La comparación es, al menos, paradójica. Para Santiago Urbiztondo, economista Jefe de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL), se trata de una cuestión de precios. “Hasta hace un año, la política de YPF fue pisar el valor del combustible para evitar que la suba del precio internacional y la escasez doméstica se reflejara en mayores precios. Cuando se estatizó, se liberaron los aumentos”, grafica.

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Subsidios. Aerolíneas, YPF y Aguas Argentinas, algunas de las empresas receptoras de los beneficios del Estado.

La compañía realizó tres subas el año pasado, y acumuló un alza de precios anual del 40 por ciento. “La gente percibió que subieron los combustibles”, añade. En Aerolíneas, en cambio, fue el Gobierno quien se hizo cargo de los aumentos, vía subsidios. El año pasado, los ingresos por venta de pasajes representaron aproximadamente dos tercios de los ingresos totales de la línea aérea.

“El tercio restante lo aportó el Estado”, indica Urbiztondo. Según la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP), Aerolíneas recibió $ 4500 millones en subsidios, en 2012. Similar al caso de la aerolínea es el de Aguas Argentinas, segunda en el ranking de empresas estatales.

Con respecto a la inflación mayorista, en 2009, su tarifa cayó a la mitad de su valor en 2001. Pero la suma de tarifa más el subsidio se incrementó un 40 por ciento real en ese período. Comparado con los precios de 1993, el costo del servicio aumentó más del 100 por ciento, según datos de FIEL, a partir de ASAP e Indec.

Por otro lado, en 2009, el 60 por ciento de los ingresos de Aguas Argentinas se generó por aportes del Tesoro. Entre ese año y 2011, el desembolso aumentó 185 por ciento (de $ 1400 millones a $ 4000 millones). A octubre de 2012, ya había absorbido $ 4500 millones, contabilizó FIEL, a partir de datos de ASAP. Todos, costos que el usuario no percibió.

Barril sin fondo
Desde 2005, el Tesoro multiplicó sus transferencias a empresas estatales por casi 75. Éstas pasaron de $ 448 millones (2005) a $ 33.436 millones (2013), de acuerdo con datos del Cippec, a partir del Presupuesto Nacional. Es decir, el 5,3 por ciento del total presupuestado para este año ($ 628.629 millones).

El monto, que no incluye Aerolíneas Argentinas ni YPF, roza los $ 37.000 millones si se contabilizan los $ 3493 millones que insumirá la línea aérea, según el Programa de Formulación y Ejecución de Políticas de Transporte Aerocomercial, publicado por el Sitio del Ciudadano de la Secretaría de Hacienda de la Nación. El magnífico incremento tuvo dos disparadores. En primer lugar, la seguidilla de estatizaciones de los últimos siete años: Aguas Argentinas (2006), Aerolíneas Argentinas (2008), AFJP (2008) e YPF (2012). La segunda razón, consecuencia de la primera, fue la política de congelamiento de tarifas que implementó el Gobierno para mantener los precios bajos y la demanda caliente.

“Las transferencias tuvieron que aumentar para cubrir el bache”, señala Luciana Díaz Frers, directora de Política Fiscal del Cippec. Actualmente, los subsidios representan entre 3,5 por ciento y 4 por ciento del Producto Bruto Interno (PBI). En la década de los ’80, el pico había sido de entre 3 por ciento y 3,5 por ciento del producto. “Estamos superando por un punto la asistencia a las empresas. Con la diferencia de que, antes, esas transferencias incluían a Entel”, remarca Urbiztondo. “Nunca, el Estado tuvo tanto peso en la economía como ahora”, observa Díaz Frers.

El factor social
Creció, también, el tamaño de esas transferencias en relación con los recursos que generan las compañías. El año último, los aportes estatales representaron el 55,9 por ciento del total de los ingresos de las sociedades. En 2005, significaban “sólo” el 20,4 por ciento. ¿Por qué alimentar a una bestia que, cada año, se traga más subsidios? “Hay una elección de modelo. Una creencia en que, con mayor intervención estatal, se puede lograr desarrollo con equidad y crecimiento”, desliza Díaz Frers. Añade que, junto con el factor ideológico, hay una oportunidad económica: “La presión tributaria hace que el Estado tenga más recursos y participe en más actividades”.

Y existe, sobre todo, un condimento social. “La sociedad argentina es muy estatista. Percibe mejor al Estado como garante y administrador estratégico de la economía. Es parte de la genética argentina”, ilustra Alejandro Catterberg, socio director de Poliarquía Consultores. “Cuando asumió Néstor Kirchner, había un gran consenso social en que la debacle de 2001 fue producto de la Convertibilidad y las privatizaciones. El discurso oficial se construyó sobre ese clima. Demonizar los ’90 y sumarse al socialismo del siglo XXI, revalorizando el rol del Estado”, sintetiza. Esa tendencia, defensora de una mayor intervención estatal, empezó a revertirse en el último año y medio.

Según el Estudio de Líderes 2012, realizado por Poliarquía a empresarios, funcionarios, políticos y periodistas, un 83 por ciento dice tener poca o ninguna confianza en grandes empresas públicas. La tragedia de Once fue el detonante. “Puso sobre el tapete público gran parte del proceso de desinversión y el deterioro de la infraestructura”, indica Catterberg, y señala que comenzó a crecer la noción en la sociedad de que es necesaria una regularización más eficiente y un cambio tarifario. “Estamos en un proceso de transición”, avecina.

“Vamos por todo”
Tarifas congeladas. Pérdidas millonarias. Expropiaciones. ¿Cuánta espalda tiene el Tesoro para seguir financiando sus conquistas? “Depende de cuánta inflación esté dispuesto a tolerar el Gobierno”, diagnostica Urbiztondo. “Por ahora, no tiene intenciones de bajarla”, agrega. “Si el Gobierno casi no tuvo restricciones en patearle la puerta a la principal empresa del país, ¿qué problema va a tener en decretar como servicio público una industria y expropiarla?”, se pregunta Catterberg. “A Cristina no le tiembla el pulso al llevar su filosofía a la práctica de la manera más brutal posible”, remata. Las distribuidoras eléctricas eran, hasta hace unos meses, las nuevas candidatas a sumarse a la lista de estatizaciones. Empresas que, también, comen de la mano del Estado.



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