La fantasía de una país sin inflación
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La fantasía de una país sin inflación

La idea de un acuerdo tripartito que involucre a Gobierno, empresarios y sindicalistas, volvió a reflotarse con el secretario de Comercio, Guillermo Moreno, a la cabeza. Quiénes son los convidados a la mesa y por qué. 

14 de Diciembre 2012




Finalmente la idea de un nuevo pacto social volvió a la agenda. Guillermo Moreno, secretario de Comercio; Debora Giorgi, ministra de Industria, y Noemí Rial, viceministra de Trabajo, se convirtieron en las espadas del Gobierno para intentar reflotarlo. Del otro lado del mostrador ya no está Hugo Moyano como ocurría habitualmente sino el legitimado hombre de la CGT Alsina, Antonio Caló. También aparece José Ignacio De Mendiguren, como cabeza de la Unión Industrial Argentina, entre otros referentes de la mesa chica del poder industrial que también han ido variando.

Para la presidenta Cristina Fernández de Kirchner es un viejo anhelo. De hecho lo había planteado como uno de sus ejes de campaña en 2007. Sin embargo, nunca pudo concretarse.

Las causas por las que no se llega a un acuerdo varían según pasan los años. En 2007 fue justamente porque los actores protagónicos sentían que no había necesidad de implementarlo. Los gremios tampoco querían avanzar en un acuerdo de este tipo, ya que su poder de negociación había aumentado considerablemente.

Luego, fue la crisis global la que reinstaló el tema y la que también terminó de ahondar las diferencias entre las partes al momento de buscar soluciones compartidas. Hubo declaraciones, comunicados y reuniones pero ningún resultado concreto. Ahora, inflación y divisiones mediante, varios son los puntos que se deben tener en cuenta.

"Hubo muchos intentos que nunca se pudieron llevar a la práctica. Y particularmente ahora que está dividido el movimiento sindical, el panorama luce aún más complicado", sostiene Ernesto Kritz, fundador de SEL Consultores.

CGT Alsina, CGT Azopardo, CGT Azul y Blanca, CTA oficialista y CTA disidente marcan que para que un acuerdo social tenga impacto deberían tenerlo también la representatividad de quienes se sientan a la mesa.

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Idas y vueltas. Antes juntos, ahora separados, Moyano y Caló quedaron enfrentados, cada uno en una CGT.

"Las internas están hoy a la orden del día y nunca reconoceríamos un acuerdo de Caló como propio", se enoja uno de los hombres fuertes de Moyano que prefirió el anonimato. Las peleas intragremiales con sus respectivas escisiones también generan mayores disparidades respecto de la estrategia a seguir.

"Me parece que con todo lo que implica un pacto social, generaría un problema más que una solución. Habría que abandonar temas como la precarización laboral y firmarlo significaría avalar el statu quo", sostiene Roberto Pianelli, secretario general de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro (ASGTyP), más conocido como metrodelegado. Y agrega: "Me parece que si hubiera una situación más equitativa se podría discutir un pacto social, pero con las desigualdades que hay y la precariedad laboral existente, no creo que sea factible".

Y por casa, ¿cómo andamos?
En el sector empresario hoy también la desunión hace la fuerza. Los números son elocuentes: en la Argentina no existe una ley nacional de cámaras. Convive un universo altamente fragmentado con más de 900 cámaras detectadas, 103 socios promedio y "numerosas superposiciones" a nivel sectorial, regional y por producto. La brecha es tan amplia que existen entidades con sólo dos socios y otras en las que hay más de 4613.

Los sectores están representados por múltiples espacios nacionales, provinciales y regionales que repiten las misiones, objetivos y funciones. La articulación entre todos es escasa o directamente nula y el resultado es claro: un círculo vicioso en el que las redes empresariales son cada vez más débiles, resume un estudio realizado por el IAE Business School. "Desde el Gobierno se intentó incorporar a otros sectores más allá de los industriales pero nunca convocan a los que pensamos distinto", se enoja el CEO de una multilatina made in Brasil.

La profusión de cámaras está a la orden del día. Sólo en el rubro de comercio e industria hay 171 entidades, en agricultura 89 y en la alimenticia 56. "Para que un pacto social tenga éxito deber complementado con cambios en la política fiscal y cambiaria que de momento no parece que vayan a modificarse. Si se planteara en el sentido de perseguir metas de inflación, sí sería bienvenido", resume Kritz. Y agrega: "Se quiere cargar con toda la responsabilidad a los empresarios y sindicatos cuando no se contemplan cambios desde el Gobierno en política económica".

La historia argentina de pactos no marca, sin embargo, un resultado exitoso. El principal antecedente local se firmó el 6 de junio de 1973 durante el gobierno de Héctor Cámpora, y fue refrendado por la CGE y la CGT, con el nombre de Acta de Compromiso Nacional. El arquitecto fue el ministro de Hacienda y Finanzas, José Ber Gelbard. El objetivo, por entonces, era frenar la inflación, contener las demandas de ajustes salariales y el aumento de los precios. La intención era que se acabaran los conflictos.

Pareció funcionar durante un tiempo, impulsado por la vuelta de Juan Domingo Perón al poder, pero se derrumbó tras su muerte y llevó a una importante crisis económica, con inflación y desabastecimiento. "Ciertos acuerdos básicos permitirían, por ejemplo, que los empresarios inviertan para abastecer la demanda de los próximos cinco años en lugar de los próximos 12 meses, que se modere la carrera entre precios y salarios o que se negocien paritarias plurianuales. En la administración de la política económica, la Argentina tiene que dejar de pensar como velocista de 100 metros y pasar a ser maratonista", sostiene Rodrigo Álvarez, director de Analytica.

En tanto, Daniel Funes de Rioja, presidente de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL), está convencido de la necesidad de un nuevo pacto social en la Argentina. Acaba de regresar de Rusia donde fue en carácter de vicepresidente ejecutivo de la Organización Internacional de Empleadores (OIE) y asegura que los representantes de más de 60 países reafirmaron que el diálogo social es el camino.

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Industrial. José Ignacio De Mendiguren también aparece en el tablero.

"Sobre todo en el marco de la crisis internacional sin precedentes y donde hacen falta reformas estructurales para salir de esta situación con crecimiento y empleo", explica. Conciliar inversión, competitividad y producción con empleo, formación y oportunidades, debería ser la agenda para el ejecutivo.

"Todo esto se hace con concesiones recíprocas y con una mirada de largo plazo, buscando unir y no confrontar", resume. En el mismo sentido, opina Gustavo Grobocopatel, titular de Los Grobo: "Los pactos sociales deben ser fruto de una visión de largo plazo y no sólo para arreglar los problemas urgentes. Debe ser una construcción colectiva con distintos sectores y ser fruto de los consensos más amplios posibles".

La agenda pendiente de la mesa se diferencia según la silla que se ocupa. Para los empresarios, el tema de salarios y precios debe ser la prioridad; para los sindicatos, salarios no deberían figurar entre los issues a cubrir, y para el Gobierno, el objetivo de fondo es poner un porcentaje que cierre de cara a 2013. Los demás temas, como la discusión de la política económica, deben ubicarse en el ámbito político y no en una mesa tripartita, analizan.

Finlandia, Suecia, Irlanda y España han tenido sus respectivas experiencias (ver recuadro) y, crisis global mediante, en el mundo se empieza a hablar de acuerdos sociales para salir de la crisis. "Sirve para clarificar las cuestiones que hacen a recrear el ambiente de inversión y de empleo. A reconciliar lo financiero y fiscal, con la producción y el empleo. A entender las nuevas realidades", se entusiasma Funes de Rioja.

En donde sí coinciden empresarios, Gobierno y sindicalistas es en tratar el tema de los precios. Depende el lugar del mostrador en el que se ubiquen, algunos hablan de inflación, otros de reacomodamiento y hay quienes se refieren a formadores oligopólicos, exclusivamente. "La posibilidad de un pacto social existe y el margen de maniobra para seguir funcionando sin acuerdos básicos es cada vez más estrecho. Con voluntad política, compromiso de los empresarios y responsabilidad de los sindicatos se podría bajar la presión nominal que tiene la economía, protegiendo la competitividad y el empleo", agrega Álvarez.

Para ello deben ponerse sobre la mesa de discusión algunos aspectos delicados. Es difícil coordinar expectativas sin un parámetro objetivo para medir la inflación. Hay ajustes de precios relativos todavía pendientes (por caso, tarifas de servicios públicos) con inflación en ascenso y márgenes de rentabilidad empresaria en retracción. "Además, por la falta de ajuste en el mínimo no imponible, muchos trabajadores sufrieron una importante pérdida de poder adquisitivo este año", agrega Álvarez.

Eduardo Levy Yeyati, economista y director de Elypsis, coincide: "Sin un índice de precios creíble, dado que el pacto social es en última instancia un pacto de precios y salarios, me parece muy difícil que se llegue a un acuerdo implementable en el mediano plazo".

Simplemente porque tanto los empresarios como los sindicatos van a querer tener un reaseguro de que si la inflación sube, los salarios no se rezaguen. Y para eso se necesita un termómetro de inflación para condicionar futuros aumentos a la evolución de los precios. "Sin ese índice de inflación es muy difícil tener un pacto", describe. Un tema que también tiene demasiados puntos suspensivos es quiénes deberían ser los integrantes de la mesa chica: empresas y ejecutivos, ok, pero a través de cuántas y cuáles entidades; qué lugar debería tener la oposición y el resto de los partidos políticos también aparece entre las dudas; además de qué sectores del sindicalismo, por las internas propias de la CGT.

Otra dificultad gira en torno a la necesidad de tener un Estado que sea confiable y medianamente imparcial. "Es muy difícil cuando tenés un Gobierno para el que no ser imparcial es una virtud. Parece ser que estás con ellos o salís de un rol protagónico", asegura, terminante, un empresario que libra varias batallas judiciales con el Gobierno. "Los intentos por llevarlo adelante han sido puntuales y acotados, en medio de crisis o en el contexto de pujas políticas, donde se utilizó para conquistar o retacear poder y no para compartir responsabilidades", admite Funes de Rioja.

"Para bajar esta inflación, que es esencialmente inercial y no de costos ni de demanda, lo ideal sería un acuerdo de precios y salarios. El problema es que para llegar a eso se necesita un buen índice y aparte que el Banco Central tenga un programa monetario que apunte a algún rango de inflación orientativa, de manera que todos encaren para el mismo lado", analiza Levy Yeyati. De eso se trata aunque, paradójicamente, para ello será imprescindible llegar a un acuerdo.


Investigación: Manuel Torino.



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