Una práctica para nada verde

El Derecho Ambiental se afianza como especialización. Litigios, auditorías y asesoramiento preventivo, una actividad en alza para los estudios. 03 de Mayo 2010
Cuenca Riachuelo-Matanza. Polo Petroquímico Dock Sud. Minería. Petróleo. Industrias varias. Calentamiento global y nuevas normas locales e internacionales. Crecimiento de la conciencia “verde” y exigencias de ONGs, agrupaciones sociales y gobiernos locales. Son muchos los factores que explican el auge del Derecho Ambiental. Una práctica que viene creciendo al 30 por ciento en los últimos años y que obliga a los estudios jurídicos a prestarle cada vez mayor atención, sea por el volumen de litigios que acarrea como por su proyección a futuro.

“La especialización tuvo un crecimiento exponencial en los últimos cinco años aunque, como tal, viene despegando desde principios de los ‘90, cuando se sanciona la ley de residuos peligrosos”, describe Guillermo Malm Green, socio de Brons & Salas y cabeza del departamento ambiental del estudio, integrado por seis abogados. “Los litigios también subieron un 30 por ciento en los últimos tiempos”, calcula.

El Derecho Ambiental excede en este momento a temas de contaminación o protección de la vida silvestre, como se lo suele simplificar, aclara Malm Green. “Su horizonte es mucho más amplio. Abarca al derecho industrial, permisos, habilitaciones, tratamiento de efluentes, regímenes de todo tipo de diferentes organismos, importaciones, exportaciones”, enumera. Aspectos de la actividad empresarial que hace años no estaban regulados y hoy ya lo están, o van en ese camino (como, por ejemplo, los residuos de baterías y aparatos electrónicos) explican también el auge de la especialización, agrega el abogado.

“La práctica se ha hiperprofesionalizado. Engloba al Derecho Público y Privado: tiene que ver con aspectos constitucionales, administrativos y civiles”, apunta Gabriel Macchiavello, socio de Rattagan, Macchiavello, Arocena & Peña Robirosa y uno de los referentes en la materia en el mercado. El equipo ambiental del estudio liderado por Macchiavello tiene 12 abogados, cuatro de ellos, socios, más un socio junior y seis asociados. En su cartera lleva unos 600 juicios, de clientes como Chevron, Total, Pan American Energy, YPF, Esso y Central Puerto.

La preocupación de muchas empresas industriales o extractivas (petróleo, minería) por “estar en regla” disparó los servicios de asesoramiento preventivo para los bufetes. “La mayor parte de las consultas que recibimos buscan minimizar las contingencias ambientales”, confirma Francisco Macías, socio de Marval, O’Farrell & Mairal, a cargo del departamento ambiental del estudio, integrado por 12 profesionales, ingenieros incluidos. Las auditorías internas para determinar el estado de situación de una firma suman horas de facturación para los abogados ambientalistas y les permiten, como sucedió en 2009, compensar la caída de los procesos de due diligence, por las menores adquisiciones de empresas.

Es que la búsqueda de pasivos ambientales se transformó en un aspecto clave a la hora de un M&A, al punto de cambiar la suerte de una transacción. “Antes se ponía el foco en lo laboral y tributario; ahora, lo ambiental está en el mismo nivel”, grafica Malm Green. “Se intenta estructurar la transacción de tal forma de dejar los pasivos ambientales afuera”, completa la idea.

“La problemática que enfrentan las empresas es muy diversa, ya sea por el sector donde se desempeñan, como por la región en la que operan”, señala Horacio Franco, socio del Estudio Bec, especializado exclusivamente en Derecho Ambiental. “A las petroleras les preocupa el aprovechamiento de los recursos naturales, y a una química, la proximidad con los centros poblacionales”, grafica. El bufete –integrado por 12 abogados– atiende a petroleras, químicas,  petroquímicas, eléctricas, farmacéuticas y mineras, entre otras. Shell, Dow y Solvay Indupa son algunos de sus clientes conocidos en Tribunales.

“En derecho ambiental hay mucha mala praxis legislativa. Mucha definición ambigua, que genera incertidumbre”, sostiene Franco. Pone como ejemplo la ley general del ambiente, “que contradice otras normas, sin derogarlas”. Para el abogado, el problema se da a escala federal, ya que existe –a su juicio– una gran disparidad entre los cuerpos normativos de las provincias. “El federalismo exige una dosis mayor de precisión, porque hay que enhebrar las competencias con las jurisdicciones. Las normas no están, muchas veces, a la altura de las circunstancias”, sentencia.

Macías coincide. “La superposición de normas y autoridades de control a nivel federal y provincial genera incertidumbre en cuanto a las obligaciones ambientales. Además, la situación de conflicto con el Estado aumenta la exposición desde el punto de vista ambiental”, afirma, en referencia a las petroleras y mineras, principales clientes de MO&M. Luego vienen las industrias radicadas en la cuenca Riachuelo-Matanza, objeto de inspecciones permanentes.

Nicholson y Cano es otro de los estudios full service que detectó hace unos años la necesidad de crear un departamento ambiental, señala el partner Miguel Braun. “El asesoramiento viene creciendo al 30 por ciento acumulativo”, asegura. Además de auditorías y asistencia del día a día, NyC concentra litigios ambientales de petroleras, químicas y mineras, en los que intervienen varios departamentos de la firma. “La alta complejidad de los reclamos, unida al impacto económico, exige que sean administrados por estudios con expertos en todas las áreas del Derecho”, afirma Braun. Nicholson defiende a YPF en algunos reclamos ambientales, según se sabe en el mercado.

En el banquillo
Los litigios representan, de hecho, el corazón de la práctica. Es que en los conflictos suele ponerse en tela de juicio la actividad misma de una empresa en una zona determinada, no un incumplimiento de contrato. La causa más importante del país es la de la Cuenca Matanza-Riachuelo, una demanda que se encuentra en la Corte Suprema y en la que están involucradas 44 empresas, además del Estado Nacional y los municipios de la zona (ver recuadro aparte). Todos los especialistas que aparecen en esta nota llevan defensas en el caso. 

Con el medio ambiente de por medio, la batalla de la opinión pública parece imposible de torcer para una compañía. “Cuando una empresa es acusada de contaminación, la comunidad suele creer que es culpable inmediatamente”, admite Macchiavello. “Hay que ir demostrando de a poco que el tema del medio ambiente también es considerado por esa empresa, como tantos otros, y encauzar la discusión hacia soluciones racionales, no fundamentalistas”, acota.

Para Franco, la doctrina “progresista” que abraza una parte de los especialistas y jueces es una de las problemáticas que enfrenta el mundo corporativo. Mientras los autores clásicos apoyan cambios graduales y evolutivos en materia ambiental –explica el abogado–, los progresistas se inclinan por modificaciones radicales. Lo mismo sucede con el nexo causal de una posible contaminación o afección a la salud, por caso. En tanto los clásicos afirman que debe probarse, los progresistas argumentan que puede presumirse, señala. “El 80 por ciento de las demandas de particulares fogoneadas por ONGs son oportunistas, opinables y, algunas veces, extorsivas. Sólo el 20 por ciento de los reclamos son serios y fundamentados”, dispara Franco, que atiende litigios en todo el país, concentrados principalmente en los distritos petroleros. 

Malm Green admite una cuota de oportunismo, pero no deja de señalar que en la Argentina existen muchas cuencas contaminadas que explican los reclamos de base. “Cuando el tema está en la tapa de los diarios, con casos como el de Botnia, o la causa Riachuelo, cientos de abogados y ciudadanos se preguntan si no existen situaciones similares en otros lados”, agrega. No obstante, acota que, en más de un caso (como el del Riachuelo), existe mucha hipocresía, porque se le reclama a las empresas cuando el principal responsable de la contaminación es el Estado o un municipio, por falta de desagües cloacales.

Las demandas por radiaciones electromagnéticas se incrementaron en el último tiempo, apunta Macías, de Marval. Además de la causa Riachuelo, el bufete más grande del país interviene en la de ASSUPA, contra los productores de hidrocarburos en la cuenca neuquina (también se tramita en la Corte).

De todos modos, la complejidad de la temática ambiental y los elementos necesarios a la hora de plantear una demanda con fundamento permiten asegurar que no existe una industria del juicio, según Macchiavello. “No pasa como sucedía con los juicios laborales en una época –dice–. El trabajo en la práctica es interdisciplinario y la contaminación hay que ponderarla. Lo mismo ocurre con el daño a la salud. No es fácil iniciar un pleito”.
 



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