Superpoderes: la batalla que pone en jaque a la discrecionalidad K

Superpoderes: la batalla que pone en jaque a la discrecionalidad K

A través de esta herramienta, pero también mediante el uso de los polémicos DNU, el gobierno de los Kirchner reasignó, desde 2003 a la fecha, unos $ 150.000 millones del Presupuesto Nacional. Según cálculos opositores, este año podría redireccionar unos $ 80.000 millones si el Senado no le pone límite a la atribución del Ejecutivo de modificar partidas. 02 de Julio 2010

Desde que asumió el poder en 2003, el kirchnerismo reasignó $ 150 mil millones del Presupuesto Nacional a través de DNU y de la utilización de los “superpoderes” otorgados al jefe de Gabinete. Y está en condiciones de hacer lo mismo este año con cerca de 80 mil millones más si el Congreso no consigue sancionar la ley que restringe la discrecionalidad en el uso de los recursos.

Si bien el debate parlamentario estuvo focalizado en la quita de facultades al jefe de los ministros, en realidad el grueso de las asignaciones fuera del presupuesto en cada uno de los últimos siete años reside en otra modalidad: las dos terceras partes de los fondos no previstos en la Ley de Leyes fue realizada a través de decretos firmados en los cinco primeros años por Néstor Kirchner y, en los últimos dos, por Cristina Fernández. En promedio, el Gobierno reasignó la quinta parte de los recursos disponibles cada año sin intervención del Congreso.

Desde el 4% del presupuesto que modificó Kirchner en 2003, las cifras oscilan. Por ejemplo, en 2007 -año de elecciones presidenciales- el 30% de los ingresos del Estado tuvieron nuevo destino. Cerca de $ 35 mil millones quedaron bajo la lapicera de Kirchner y de la Jefatura de Gabinete casi en partes iguales: $ 16 mil millones en el primer caso y $ 19 mil, en el segundo.

Las asignaciones quedaron bajo el fuego cruzado del Parlamento la semana pasada, cuando Diputados le dio media sanción al proyecto para restituir al Congreso la facultad de definir los cambios de destinos de fondos que había depositado en el Jefe de Gabinete, tal como lo establece el artículo 37 de la ley de Administración Financiera. El kirchnerismo pugnó sin éxito por mantener la potestad del jefe de ministros en un tope del 5% del Presupuesto, pero no lo consiguió.

El texto aprobado en la cámara baja señala que “quedarán reservadas al Congreso las decisiones que afecten el monto total del presupuesto y el monto de endeudamiento previsto”, además de los aumentos de gastos corrientes de capital (del ejercicio) en detrimento de los gastos de capital (plurianuales). Pero una modificación introducida en el recinto a propuesta de Claudio Lozano (Proyecto Sur) agregó otro elemento. En el texto final se señala también que el Ejecutivo “no podrá dictar Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) ni resoluciones para incrementar los créditos presupuestarios sobre la base de los excedentes de recursos y la incorporación de nuevas fuentes de financiamiento”.

Reasignación estilo K
Cuando asumió el gobierno en mayo de 2003, Néstor Kirchner ya tenía la ley de Presupuesto anual votada y en comienzo de ejecución. Con cambio de presidente, los $ 61.758 millones calculados para ese año tuvieron ligeras variaciones. Con la herramienta de los DNU, el presidente reasignó $ 2559 millones, que representan el 4,1 % del total. Fue moderado.

Un año más tarde, el rediseño fue más profundo. El presupuesto de $ 59.712 millones sufrió alteraciones vía decretos por $ 8493 millones, un 15% del total de los fondos disponibles. Casi cuadruplicó al año anterior. El ejercicio de ir in crescendo se repitió en 2006 pero por dos vías: por DNU se decidió el destino de $ 10.800 millones y, por decisiones administrativas, otros $ 4600 millones. En total un 20% de todo lo ingresado en el año.

En 2006, el entonces jefe de Gabinete Alberto Fernández introdujo una variación cuando giró una ley de ampliación presupuestaria. Fue la única vez en todo el período de gobierno kirchnerista. De ese modo, el Congreso convalidó el destino de $ 10.815 millones que no estaban previstos en el presupuesto de ese año. El monto del DNU se redujo a sólo $ 1190 millones. Sumado a las decisiones administrativas, la reasignación de partidas más nuevos ingresos modificaron el 16% del presupuesto total.

Con las elecciones en marcha para el cambio de mando presidencial, 2007 fue pródigo en movidas de recursos. El presupuesto de ese año por un total de $ 113.221 millones tuvo al final del ejercicio una variación récord de poco más del 30%: $ 18.870 millones por DNU y $ 15.900 por decisiones administrativas.

En el primer año de gobierno de Cristina ganó peso el uso de DNU. De los $ 41.400 millones reasignados en 2008, $ 36.700 fueron a través de esa herramienta. Y en 2009 se repitió la tendencia: de los $ 30 mil millones reasignados, $ 24.000 fueron por decreto.

Con esos datos, según Lozano, “la discrecionalidad se fue consolidando en los últimos tres años. Sólo entre 2007 y 2009 se produjo el grueso de las modificaciones presupuestarias, con $ 106 mil millones sobre los 150 mil totales de todo el período de gobierno kirchnerista”. El legislador sumó otra observación. El año pasado, cuando impactó de lleno la crisis global, la asignación de nuevos gastos no estuvo vinculada con excedentes de recaudación sino que hubo $ 20 mil millones de recursos genuinos que se asignaron tomando otras fuentes de financiamiento”.

Flexibilidad y rigidez
El economista de la Asociación de Economía para el Desarrollo de la Economía (AEDA), Alfredo Iñiguez, defiende, en tanto, la posibilidad de que la Jefatura de Gabinete conserve la potestad de reasignar partidas con el tope del 5% del presupuesto que propuso Cristina Kirchner. “La gestión requiere de cierto grado de libertad para responder a situaciones imprevistas”, analiza. Iñiguez integra el think tank de economistas cercanos al kirchnerismo.

No es lo que piensa el diputado por la Coalición Cívica, Adrián Pérez, encargado de defender el proyecto que se aprobó en la cámara baja. En su intervención, se ocupó de rechazar los argumentos oficialistas sobre la rigidez de la estructura presupuestaria. Para sostener el regreso al viejo artículo 37 de la Ley de Administración Financiera que deposita ese rol en el Congreso, explicó que de ese modo “no se prohíben los cambios, sino que se establecen límites claros: el monto total no puede ser tocado; el monto del endeudamiento tampoco; no puede cambiarse la asignación de gastos corrientes en detrimento de gastos de capital, pero sí se pueden hacer cambios dentro de las finalidades. Es decir, hay un margen para que el Ejecutivo, dentro de la misma finalidad, pueda llevar adelante alguna asignación de partidas”.

Luciana Díaz Frers, directora del Programa de Política Fiscal del Cippec, suma otro elemento para avanzar en el control presupuestario. “Hay que terminar con la ley de emergencia económica que amplía los argumentos para los DNU y volver a la limitación en el uso de la facultad para emitirlos”, señala.

No es el único punto bajo análisis. Con los datos que muestran que la facultad delegada al Jefe de Gabinete representa un porcentaje menor en la masa de recursos reasignados, Díaz Frers cree que los legisladores deben modificar el reglamento sobre los DNU para que el rechazo de una sola cámara sea válido. Sobre todo, teniendo en cuenta que la discusión sobre los DNU llega al Congreso cuando los fondos contemplados ya fueron gastados.

Lo que se viene
La oposición estima que este año el Gobierno podría disponer de unos$ 80 mil millones de pesos para redireccionar, siempre que no se modifique la normativa.

Adrián Pérez y Claudio Lozano difieren en la cifra que podría alcanzar el excedente de ingresos por recaudación entre 40 y 31 mil millones, respectivamente. El diputado de Proyecto Sur, además, suma otros ingresos que ya son cuantificables: u$s 6900 millones del BCRA y otros $ 20 mil millones de utilidades de la entidad. Sobre el presupuesto total estimado para este año, que es de 276.900 millones, por ahora, las modificaciones fueron mínimas. Se reubicaron partidas por $ 1730 millones. Apenas un 0,6 % de los recursos proyectados.



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