Proyecto de expropiación: el trasfondo legal

Proyecto de expropiación: el trasfondo legal

El Gobierno nacional buscará que más de la mitad de la petrolera sea declarada de interés público. Qué situación puede llegar a generar una expropiación. Qué dice la Constitución Nacional. 12 de Abril 2012

La llegada del proyecto de ley que busca declarar de “utilidad pública” a más del 50 por ciento de las acciones de YPF lanzó dudas sobre la legitimidad de la iniciativa ¿Qué sucede con los derechos de los accionistas?

En diálogo con Apertura.com, el abogado constitucionalista Daniel Sabsay se refirió a los aspectos generales que hacen a la declaración de “utilidad pública” que figura en el proyecto que la Casa Rosada giró al Congreso para la expropiación del 51,11 por ciento de las acciones “Clase D” de YPF.

“Con eso se justifica la violación de un convenio que está en vigencia”, explica Sabsay, quien si bien aclaró que no había tenido acceso al documento, habló sobre las cuestiones globales que hacen a una expropiación.

“Debe ser una situación muy fuerte para que se justifique. Por ejemplo, alguna situación que genere escasez en el mercado y que obligue a los Estados a que se hagan del manejo de los mismos”, ejemplifica Sabsay, quien agrega que deber ser “algo que modifique la situación preexistente al momento en que se dio la concesión”.

Por su parte, el constitucionalista Félix Loñ explica: "El concepto de utilidad publica está contenido en el
articulo 17 de la Constitución Nacional, donde habla de propiedad privada y se aclara que la expropiación por causa de utilidad pública debe ser calificada por ley y previamente indemnizada".

La iniciativa oficial, difundida por la agencia DyN, establece que el Estado se apropiará de las acciones de la empresa distribuidas del siguiente modo: 100.145.077 “pertenecientes a Pertersen Energía S.A. y sus sociedades afiliadas” y 96.558.291 “acciones pertenecientes o controladas por Repsol YPF S.A. en forma directa o indirecta”. Esto, a priori, representa una avanzada sobre la propiedad de ambos inversionistas.

Sabsay aclara que existen dos asuntos que deben ser atendidos. “Por un lado los derechos de los privados a los que se les expropian sus derechos otorgados por una concesión pública y por el otro lado lo que el Estado alega: una situación que lo lleva a expropiar gran parte de las acciones”.

Finalmente, Loñ adelanta que "puede haber una acción de parte o una demanda por Repsol en caso de no estar de acuerdo con el valor de la propiedad a la hora de expropiar".



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