Penalistas en acción

Penalistas en acción

Fraudes, estafas, delitos informáticos. A quiénes recurren las compañías cuando son víctimas de ilícitos. Las causas penales que afectan a ejecutivos. 27 de Mayo 2010

Con estructuras cada vez más diversificadas, categorías de productos que crecen aceleradamente, nuevas ramas de negocios y cientos de proveedores conviviendo en su ecosistema, los riesgos de fraudes y estafas acosan a las compañías. El avance tecnológico –todo es controlado por la informática hoy día– multiplica los peligros a los que se ven expuestas las empresas. Las estadísticas del Global Fraud Report 2009/2010, elaboradas por la consultora Kroll entre 700 firmas de todo el mundo, consignan que el 85 por ciento de las corporaciones sufrió, al menos en una oportunidad, hechos de fraude durante el año último. Las pérdidas promedio de dichos ilícitos ascienden a US$ 8,2 millones anuales por empresa, pero en el caso de las grandes compañías –con facturación superior a US$ 5000 millones por ejercicio– triplican esa cifra. En la Argentina, según una encuesta de Ernst & Young, el 20,5 por ciento de los CEOs admitió que su empresa fue víctima de un fraude durante 2009, y el 89 por ciento siente que esa situación puede ocurrir en cualquier momento. Otras estimaciones de especialistas indican que las actividades delictivas se llevan entre el 10 y el 15 por ciento de las ganancias cada año.

Semejante escenario es un campo fértil para los estudios penalistas. Abocados a la tarea de intervenir frente al descubrimiento de un ilícito ya consumado, o de aconsejar cómo actuar ante la sospecha de una irregularidad, los abogados también participan, en la mayoría de los casos, de la investigación y el relevamiento de pruebas. La práctica adquiere así una veta especial, con mucho de trabajo a medida.

“Los fraudes internos siempre estuvieron presentes. Hay mucha creatividad por parte de los defraudadores en la Argentina. Desde el principio arman una puerta de salida, en caso de ser descubiertos”, sentencia Ricardo Saint Jean, socio fundador de Saint Jean & Maggio. El estudio penalista es uno de los más buscados en la City para la investigación de fraudes y delitos corporativos. Bancos (Citibank, Standard Bank), multinacionales de consumo masivo (Unilever), mineras (Barrick) y telefónicas son algunas de las empresas que requirieron sus servicios, según se sabe en ámbitos judiciales.

Entre los casos más usuales que reciben en el bufete, aparecen los fraudes de proveedores en el sector industrial (que pueden implicar, o no, la participación de empleados internos), y las estafas informáticas en el rubro financiero –como operaciones simuladas–. Son comunes, dice Saint Jean, las maniobras de proveedores que acumulan mercadería y se declaran adrede en concurso preventivo, así como las falsificaciones de productos o el robo directo de stocks. Una de las investigaciones más relevantes en las que participó el estudio fue la del robo de cables de cobre que sufrían las telefónicas, unos años atrás. La causa derivó en el descubrimiento de una organización que exportaba el metal.

En forma paralela, el estudio también atiende causas vinculadas con denuncias penales –tributarias, cambiarias, ambientales– que recaen sobre ejecutivos y ex funcionarios. “El descubrimiento de la mecánica del fraude es una de las claves de nuestro trabajo”, asegura el abogado. ¿Cómo operan los penalistas? Quien los contacta suelen ser el director de Legales o el responsable de seguridad de la empresa, según se trate de un delito económico detectado por auditoría, o de un robo. En este último caso, el estudio avanza con la denuncia policial. Si se trata de la sospecha de un fraude, en la que el implicado no se dio cuenta aún de que fue detectado, los abogados reúnen pruebas dentro de la empresa, antes de disparar la denuncia y pedir un allanamiento. 

“Nuestra experiencia nos indica que no conviene llevar crudo el asunto a la Justicia, sino con los elementos para que en el juzgado lo entiendan”, revela Saint Jean. “La investigación previa es un requisito de eficiencia en una causa penal. También es imprescindible presentarse como querellante e impulsar el proceso, porque muchos delincuentes siguen libres mientras avanza la causa”, agrega.

La tarea de investigación lleva a los estudios penalistas a tener que cruzar datos de fuentes nacionales e internacionales para rastrear patrimonios de los supuestos implicados, en búsqueda del lugar donde pudo haberse blanqueado el dinero del fraude. Para eso, se apoyan en agencias de investigación y seguridad (ver aparte), lo mismo que para el relevamiento de fábricas clandestinas o de depósitos de mercadería robada. El involucramiento de los abogados en los casos llega al punto de filmar extorsiones y participar en un procedimiento junto a la policía, haciéndose pasar por supuestos compradores de una base de datos robada para apresar al delincuente, por caso. 

Administración fraudulenta
“La mayor cantidad de delitos que recibimos son estafas y defraudaciones. La administración fraudulenta es la más habitual. Es una figura que engloba todo, desde el empleado infiel hasta el socio infiel, incluyendo los casos de vaciamiento de empresas”, sostiene Cristián Cúneo Libarona, uno de los cuatro hermanos socios del Estudio Cúneo Libarona, otro de los bufetes penalistas más reconocidos.

Los delitos cometidos por medio de la informática le siguen en la lista y constituyen una fuente de preocupación en aumento, según Cúneo Libarona. Con un aditamento a su juicio: que las leyes actuales no protegen la información de una empresa. “Reprimen a un hacker que puede robar datos, pero no a quien se los compra”, indica el abogado. “Y la tecnología siempre va delante de las normas”, complementa.

Para el abogado –que asesora a multinacionales, firmas locales y dueños de empresas, entre otros– es clave que el caso que le plantean sus clientes esté bien fundamentado y probado para llevarlo a Tribunales. Y advierte sobre las prácticas ilícitas –como revisar mails– en que puede incurrir una compañía ante la sospecha de un empleado infiel.

“Lo que sugerimos a una empresa es que, si no tiene pruebas para una condena, elabore un sumario interno al implicado, para mandar un mensaje al resto de la organización”, dice Cúneo Libarona. En ese caso, el estudio hace las veces de “juez” y elabora un dictamen, a partir de una investigación de los supuestos hechos. Ello sirve a la compañía para decidir qué hacer con el miembro desleal.

“Los delitos crecieron porque las empresas son cada vez más complejas, con múltiples socios, y la división de tareas hace que se pierda el control”, observa Cúneo Libarona. Muchos de los casos en los que interviene el bufete son batallas societarias con ribetes penales.

“Las pruebas que la víctima de un delito, en este caso la empresa, puede presentar ante un juzgado son muy amplias, siempre y cuando no viole ninguna garantía constitucional de los sospechosos del supuesto delito, como el derecho a la privacidad”, refuerza Roberto Durrieu (h), socio del Estudio Durrieu, al que también apelan firmas locales, internacionales y organismos por temas penales de fraudes y delitos informáticos. Cuando el ilícito está claro y fue encuadrado, los abogados del estudio empiezan a pensar en las pruebas que pueden acumular, describe Durrieu. “Sacamos fotos, sumamos documentación y realizamos pericias de parte para entregar al juzgado una lista de testigos,  a fin de demostrar los hechos”, dice.

Según Durrieu, la prueba más contundente de cuánto preocupan los fraudes corporativos en el mundo es la Convención de Naciones Unidas contra la corrupción privada y pública, nacida luego de los escándalos de Enron, Worldcom y Parlamat que derivaron en las nuevas normas de auditoría y gobierno corporativo que hoy rigen a las empresas.

Leyes penales en blanco
Las causas penales que afectan al ámbito empresario no se limitan a fraudes y estafas. Gil Lavedra, Romero Acuña & Asociados es otro de los estudios especializados al que recurren firmas como Shell, YPF, Esso, Metrogas y PSA Peugeot Citroën, además de bufetes corporate para interconsultas (Marval, O’Farrell & Mairal, M.&M. Bomchil, Cassagne). “Hay una enorme cantidad de disposiciones de derecho administrativo que tienen un fuerte contenido sancionatorio, y que se traducen en la aplicación de reglas penales”, explica Ricardo Gil Lavedra, quien sigue ejerciendo al frente de su estudio, en paralelo con su actividad como diputado del radicalismo. Las causas que lleva, explica, se vinculan con “las leyes penales en blanco que resultan dudosamente constitucionales luego de la reforma de 1994”. Por ejemplo, la reflotada ley de abastecimiento –en la que defiende al presidente de Shell, Juan José Aranguren, de las imputaciones formuladas por la secretaría de Comercio Interior de Guillermo Moreno, según se conoció en su momento–, o la ley penal cambiaria. También atiende causas ambientales.

“Los directores de empresas deben tener muy en cuenta la distribución de funciones y sus roles, porque la posibilidad de verse expuestos a denuncias penales crece exponencialmente”, advierte Gil Lavedra en relación al cuadro de situación actual, y concluye: “Cada vez más, es necesario el asesoramiento preventivo”. 



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