Nación y provincias libran una pelea despareja para enfrentar el ajuste

Nación y provincias libran una pelea despareja para enfrentar el ajuste

Casi el total de la recaudación de las provincias es sensible al nivel de actividad, mientras que en la Nación ese dato alcanza sólo al 61%. Además, la mitad de lo que gastan va a pagar sueldos de empleados públicos y sólo el 30% de su gasto público es flexible a la baja. En un año marcado por el déficit fiscal, los gobernadores tendrán así poco margen para evitar los coletazos de la crisis. 27 de Enero 2012

Si bien algunos números se rigen sobre la base de la incertidumbre, existe un factor que resulta claro en torno a 2012: el nivel de actividad será menor. Ya sea un crecimiento del 5,1 por ciento como prevé el Presupuesto Nacional o el 4,2 por ciento que Consensus Economics promedia de las proyecciones realizadas por consultoras locales, de la expansión sólo quedará el recuerdo. La Argentina no será este año aquella economía que avanzaba a tasas chinas, y tanto el recorte de subsidios como los ajustes que se anticipan en materia fiscal comenzaron a reflejar esta situación.

No obstante, la baja en la actividad económica no va a repercutir de la misma forma en todo el territorio argentino. "Por el lado de los ingresos, el enfriamiento del nivel de actividad lo sentirán más las provincias que la Nación", dice Diego Giacomini, economista jefe de Economía & Regiones (E&R).

Según un estudio de la consultora, el 95 por ciento -unos $ 212.000 millones- de la recaudación provincial es sensible al nivel de actividad, mientras que en la Nación, una economía que crece menos afecta sólo al 61 por ciento de la recaudación anual, que equivale a $ 331.546 millones. "Esto se da porque la Nación recauda, por ejemplo, retenciones a las exportaciones, que no tienen nada que ver con la economía doméstica", explica Giacomini.

Un menor crecimiento es un golpe para las provincias no sólo en la recaudación, sino también en el gasto público. Con un margen menor para el recorte, las tijeras provinciales son menos filosas a la hora de proteger el resultado fiscal. "En Nación, un 45 por ciento del gasto primario es flexible a la baja, mientras que en las provincias sólo lo es el 29,7 por ciento", asegura Giacomini. Y en desmedro de las provincias, agrega: "La primera cuenta que la Nación va a recortar a la hora de mirar el gasto público es la plata que les pasa a todas para hacer obra pública. Entonces, por ese lado también lo van a sentir".

Nadin Argañaraz, director del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), con sede en Córdoba, coincide en que las provincias están "más expuestas" que antes al ciclo económico. "La recaudación de las provincias ha tenido un cambio muy importante. Los ingresos brutos se hicieron más relevantes porque creció a la par de los precios y de las cantidades físicas. El impuesto inmobiliario y el automotor no crecieron al mismo ritmo. Una desaceleración de la economía les va a golpear más que hace 10 años", compara.

Al menor margen de acción en términos de recaudación y gasto público se le suma, a su vez, el financiamiento extraordinario (y exclusivo) del Banco Central y de la Anses para la Nación, que equivalen a ocho años de obra pública en provincias, 2,7 años de recaudación provincial y a casi dos años de la coparticipación que le pasa a las provincias. "Entre 2007 y 2012, Nación recibió $ 252.000 millones de financiamiento extraordinario. Es una gran caja para amortiguar los shocks no positivos que tiene Nación, y de la cual las provincias no disponen nada", sostiene Giacomini.

Números rojos
En un año en que el déficit fiscal comenzó a marcar el ritmo de la baja de salarios públicos y recorte de personal, el control del gasto es un desafío primordial para las provincias. Algunos exitosos y otros no tanto, los gobernadores de ocho provincias ya comunicaron sus ajustes. Entre ellas está Río Negro, que aprobó en 2011 una ley de Emergencia, por la que pasó a disponibilidad por 180 días hábiles a 20.000 empleados estatales en planta permanente. Según datos de IERAL Fundación Mediterránea, la deuda pública consolidada rionegrina representa el 68 por ciento de sus ingresos totales.

En Santa Cruz, el gobernador Daniel Peralta anunció un paquete de leyes de emergencia que prevé un aumento en la edad jubilatoria, pero tuvo que dar marcha atrás. Con 21 heridos, las protestas sociales se hicieron sentir a nivel nacional y las medidas serán tratadas en marzo en el ámbito legislativo.
"Córdoba tiene una deuda intermedia, pero su lado flaco es el déficit de la caja de jubilaciones. Gran parte debiera ser financiado por transferencias nacionales, lo cual no ocurrió en 2011 y tampoco hay un convenio firmado para 2012", especifica Marcelo Capello, presidente de IERAL Fundación Mediterránea. Para este año, Capello pronostica un menor incremento en los ingresos fiscales en Nación y Provincias por la "alta probabilidad" de desaceleración en el crecimiento de la economía. "La variación se ubicaría alrededor del 25 por ciento, frente al 33 por ciento observado en 2011", dice el especialista.

Chaco -que recortará gastos y busca refinanciar su deuda- y Catamarca también componen la lista de las ocho provincias que "blanquearon" su ajuste. Aunque la agenda económica de 2012 ya está marcada por estos primeros anuncios, para el director de Iaraf, el problema de las provincias se remonta a 2005, pues asegura que desde ese año el ritmo de aumento del gasto público comenzó a ser superior al ritmo de aumento de ingresos. Argañaraz aclara: "Desde ese momento se empezó a achicar el superávit fiscal que tenían, y en 2011 ya están con déficit fiscal primario. Si este año no moderan su gasto, ese déficit va a seguir existiendo".

La historia también recala en las transferencias automáticas y no automáticas a provincias de todo lo que la Nación recauda. En 1991, la Nación le transfería el 45,2 por ciento de lo que recaudaba, según datos de Ieral. Diez años después, ese número bajó escalones hasta el 29,8 por ciento. "En la última década han ganado importancia las transferencias más discrecionales, que sumadas a las automáticas llevan la participación de las provincias en los recursos tributarios nacionales al nivel de 31,4 por ciento en 2011", comenta Capello.
El problema de fondo, en este caso, termina siendo político, pues el economista considera que las transferencias discrecionales están sujetas a un "reparto bastante arbitrario, teñido de condicionamientos políticos" y si las provincias sobreestiman su capacidad para obtenerlas, pueden terminar con problemas financieros si, finalmente, no las reciben.

En busca del techo
Con un déficit que ronda los $ 2000 millones, el gobernador mendocino Francisco Pérez anticipó su voluntad de que los salarios no crezcan más del 18 por ciento, en línea con el deseo del Gobierno nacional. Giacomini califica al tema salarial de "vital" para las provincias. "No hay nadie más interesado que las provincias en que la Nación consiga un aumento salarial en torno al 18 por ciento. Por cada punto de aumento salarial, aumenta el gasto público provincial en $ 1200 millones. Esto los gobernadores lo tienen clarísimo", sostiene el economista jefe de E&R.
"Lo que afecta a todas por igual es que vienen de años de inflación, que a las provincias les afecta más que al Gobierno nacional, porque equivale al 50 por ciento de lo que gastan las provincias", asevera Luciana Díaz Frers, directora de Política Fiscal del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec). En el caso de Nación, los sueldos públicos forman parte de un 20 por ciento de sus gastos. Para Giacomini, los salarios de empleados públicos representan el 65 por ciento de ingresos corrientes netos de las provincias.

Mario Das Neves dejó la gobernación de Chubut con un déficit de más de $ 3200 millones. Hoy, gremios y sindicatos firmaron un documento en el que le piden al actual gobernador, Martín Buzzi, un aumento salarial "ante la situación de precarización del salario por efecto de las constantes subas de precios e impuestos".

Por su parte, Neuquén empezó 2012 con más oxígeno para sus cuentas, luego de una refinanciación de la deuda por la que no pagará los $ 354 millones que debe ni en 2012 ni en 2013. Regalo sin escalas desde Balcarce 50. "Buenos Aires concentra más del 40 por ciento del beneficio otorgado por la nueva prórroga de servicios de la deuda -aclara Capello-. Jujuy, Misiones, Corrientes, Catamarca y Chaco refinanciarán en 2012 más de un 60% de sus servicios".

Coparticipación, en stand by
La búsqueda de que se apruebe una nueva ley de Coparticipación continúa siendo una materia pendiente en el Congreso nacional. "Cuatro de cada 10 pesos ingresados a las arcas provinciales en 2011 provinieron de tributos que la Nación coparticipa a las provincias", destaca el presidente de Ieral. Para Argañaraz, la discusión se ha extendido mucho tiempo. "Hace 15 años que deberíamos tener sancionada una nueva ley".
A pesar de que el economista pronostica que los gobernadores van a volver a plantear la necesidad de rediscutir la coparticipación, Argañaraz manifiesta que en la Argentina se debe discutir "todo el bosque fiscal, porque claramente tenemos que terminar de definir cuáles van a ser las responsabilidades de gasto de cada nivel de gobierno, las potestades de recaudación, y encontrar un esquema sostenido en el tiempo".
Cuánta plata va a las provincias, con qué criterio se distribuye, cada cuánto tiempo hay que revisar el sistema y quiénes son los encargados de revisarlo son los cuatro puntos más importantes que, para Díaz Frers, debería tener una reforma de coparticipación. "El problema es que no alcanza con la unanimidad del Congreso. Además de tener una mayoría especial, se requiere la aprobación de toda la Legislatura, y no queda claro qué sucedería si una provincia no quiere aceptar esa reforma", plantea.

En este sentido, Giacomini considera que la Nación no está interesada en discutir una reforma, porque "se lleva una porción de torta más grande" y debería repartirla con las provincias. "No hay incentivos", sentencia. Y en esta pelea del que parte y reparte, el economista reconoce que Buenos Aires debería llevarse más de lo que se lleva. "Aporta una porción del PBI que ronda el 35 por ciento y se lleva el 22 por ciento". A su vez, en la discusión por una nueva ley, las provincias pequeñas se deberían sentar a negociar con las más grandes y ceder porciones. "Ahí estamos complicados, por eso no creo que se llegue a nada", concluye Giacomini.

Ante un 2012 que combina el enfriamiento económico con la dificultad para acceder a mercados de crédito, Capello señala que las provincias tienen dos opciones: desacelerar -en la medida de lo posible- sus gastos en mayor medida que sus ingresos o terminar el año con problemas fiscales importantes, como "devengar gastos que no pagan e inclusive demorar sueldos a su personal". En todo caso, las provincias se preparan para dar una batalla que ningún gobernador quiere perder.



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