Maldita inflación: la villana de la economía argentina

Maldita inflación: la villana de la economía argentina

La Argentina padeció durante casi medio siglo el aumento generalizado y sistemático de precios más notable de un país en época de paz. Tras la ilusión estabilizadora de los ‘90, el fantasma reapareció, al igual que las más variadas teorías para explicar sus causas. ¿Cuál es la mejor receta para controlarla? 19 de Marzo 2010

La inflación es el aumento sostenido en el nivel general de precios. Allí se acaba el consenso. En el cómo y en sus orígenes, no hay acuerdo. Empresarios inescrupulosos, especuladores, cartelizados, avaros; sindicalistas desmedidos, irresponsables; gobiernos débiles, blandos; bancos centrales permisivos; costos rígidos, espiralizados, automatizados.... Todos los atributos son pocos cuando se trata de encontrar culpables de la resurrección de la nueva villana de la escena económica nacional: la inflación.

La Argentina es un país que durante casi medio siglo padeció el alza generalizada y sistemática de precios más notable en una nación en época de paz. Alternando entre tasas medias de inflación (20% anual durante parte de los ’50 y ’60), con altas (después de los planes de estabilización de 1951, 1958, 1966 o en algunos lapsos de los ’70) con el borde de la hiperinflación en 1975, 1989 o en 2002. Tal persistencia fue marcando a fuego la cultura del ahorro y el consumo en el país: pagar tarde se transformó en una ventaja para el acreedor, casi a cualquier tasa; el dólar o los inmuebles se convirtieron en refugios de valor cuando en otras latitudes hasta se derrumbaban. Hasta que la ilusión estabilizadora de la convertibilidad recreó viejos hábitos: creció la bancarización, reapareció el crédito a largo plazo en la única moneda aceptada (el dólar) y hasta, en el final, irrumpió un fenómeno tan nocivo como extraño: la deflación.

Pero el gigante dormido despertó con la hiperdevaluación de 2002. Los precios de alimentos y bienes transables se fueron casi al doble, en ese primer año de la pesificación. No es mera historia reciente sino la referencia más próxima al que es considerado el problema principal de la economía local: la inflación.

Tradicionalmente, luego de los planes de estabilización venía una lenta recuperación del peso que amortiguaba los efectos originales de la devaluación. Cuando todo llegaba al punto de inicio, en el medio había pasado un tiempo prudencial en el que los salarios y el gasto público bajaban en términos reales y así se recuperaba el equilibrio fiscal y externo, eternos talones de Aquiles de las cuentas nacionales. Mientras la tasa de inflación era moderada, se discutían casi con suficiencia académica lo que los manuales intentaban encontrar a toda costa: las causas de la inflación. La primera corriente hablaba de la demanda como impulsora del alza de precios, motorizándolos a través del incremento de la cantidad de dinero. En definitiva, más emisión se traducía en más inflación. Esta explicación se anclaba en la incapacidad de la oferta de responder con rapidez a los cambios de la demanda, movidos a su vez por mejoras en el nivel de ingresos, aumentos en el gasto público o mejoras en los términos de intercambio. La cura para esta dolencia era el enfriamiento de la economía, hasta a que la producción pudiera encontrar un nuevo equilibrio. Pero cuando la inflación fue rompiendo techos y se fue estirando en el tiempo, la teoría pareció chocar con una dura realidad: restringir la demanda en forma permanente o con más fuerza sólo llevaba a una recesión cada vez más profunda. Inviable políticamente y sólo utilizable frente a la amenaza de otra, el descontrol hiperinflacionario.

Entonces también talló una segunda explicación: la oferta presentaba en la Argentina irregularidades que restringían su normal comportamiento. Oligopolios, o hasta monopolios, eran perceptibles a simple vista. Un poco más elaborada, esta visión ponía el acento en comportamientos cartelizados, colusivos con los intereses del gobierno de turno en una negociación permanente con una sola víctima, el consumidor, y una escena del crimen, el mercado. Esta explicación tenía, sin embargo, un costado más simpático para las corrientes hegemónicas: los “culpables” eran grandes empresarios, a veces multinacionales. El círculo cerraba: no habría antipáticas políticas de shock, el control monetario y fiscal eran elementos secundarios y los resultados sólo deberían medirse en el mediano plazo. O en el largo, que según John M. Keynes, estaríamos todos muertos y la teoría nunca se convertiría en operativa. Lástima que la realidad también se coló por la ventana y las hiperinflaciones relegaron por cuestiones de urgencia estos abordajes estructuralistas. Fue entonces que el hartazgo por la política pendular con la que se intentaba combatir la inflación alentó la consolidación de una tercera variante: la política de ingresos. Iniciada en los ‘60 con las devaluaciones compensadas, lo central de estos planes era la capacidad del gobierno para oficiar de árbitro entre las presiones de la demanda y el mercado cambiario, para evitar una caída de la economía que se hiciera más profunda. En esta alternativa, las políticas monetarias, cambiarias y fiscales estaban subordinadas a conseguir domar la inflación sin pagar el costo de más desempleo o destrucción del tramado productivo.

Cada explicación fue encontrando circunstancias que la alentaron hasta que se agotaban las respuestas. También se ha aprendido sobre el fracaso anterior. La década de convertibilidad mostró que una combinación de política de ingresos con expectativas de devaluación contenidas era un arma contra la inflación, pero también que el endeudamiento condujo a la crisis.

Los recientes exabruptos de funcionarios contra aquellos a los que consideran responsables de que los precios suban más allá de las estadísticas oficiales delatan más el desconcierto frente a una realidad que el intento por encontrar una alternativa para estabilizar los precios. La imaginación al poder seguirá siendo el lema de los utopistas del ‘68 pero no una virtud de la intelligentzia K.



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