Los intereses que se mueven detrás de la ley SOPA

Los intereses que se mueven detrás de la ley SOPA

El debate legislativo en los EE.UU. por la ley antipiratería online, conocida como SOPA, calentó la disputa entre la industria del entretenimiento y las empresas de Internet. Sus detractores alertan sobre posibles censuras y restricciones a la libertad de expresión. Apagones, lobbies millonarios, y activismo digital en una encrucijada que puede definir el futuro de la Web. 20 de Enero 2012

La estoica cruzada de Mafalda contra la sopa sumó millones de adherentes en Internet durante los últimos días. Y si bien la inmensa mayoría de estos usuarios digitales es ajena a las preferencias gastronómicas del personaje de historieta de Quino, la reacción ante la palabra sopa fue idéntica en todo el mundo: ¡Puaj!
El rechazo masivo de los internautas responde, en realidad, al proyecto de ley antipiratería, conocido como SOPA por sus siglas en inglés (Stop Online Piracy Act), impulsado por legisladores republicanos en el Congreso de los Estados Unidos.

La iniciativa busca proteger la propiedad intelectual y los derechos de autor de los contenidos que circulan por la Web y permitiría al Departamento de Justicia estadounidense perseguir, bloquear y hasta desconectar a las empresas o personas acusadas de subir material (música o videos, por ejemplo) en infracción con derechos de autor. La ley alcanzaría también a los sitios que tengan un link haciendo referencia a una página en infracción y obligaría a los motores de búsquedas como Google y a las empresas de publicidad y de pago online a bloquear los sitios sospechados.

El debate legislativo no sólo disparó una voraz campaña anti-SOPA en redes sociales y blogs sino que gigantes de Internet como Google, Facebook, Twitter, Yahoo, e-Bay y LinkedIn, entre otros, se unieron para repudiar la ley. Incluso, trascendió que protagonizarían un apagón digital para presionar a los legisladores, aunque la idea perdió fuerza ante el riesgo de desatar un apocalipsis tecnológico de consecuencias inconmensurables. Finalmente, además de miles de blogs y sitios más pequeños, el único de los grandes que llevó adelante la amenaza del blackout fue Wikipedia: su fundador Jimmy Wales instó -vía Twitter, claro- a los estudiantes de todo el mundo a "hacer la tarea con anticipación" porque bloquearía el sitio durante 24 horas. El miércoles la versión en inglés de la enciclopedia digital lució un fondo negro con una leyenda lapidaria: "Imaginen un mundo sin libre conocimiento".

En la otra costa, se ubican los defensores de la ley, que levantan la bandera de la lucha contra la piratería. El buque insignia a favor de SOPA lo lideran la Motion Picture Association of América (MPAA), que representa a los tanques de Hollywood, y la Recording Industry American Association (RIAA), que hace lo propio con las grandes discográficas. Pero además, la institucionalización de los mecanismos de lobby en los EE.UU. permitió que el Congreso revele una lista con otras 140 organizaciones y empresas que apoyan la norma. Entre ellas se cuentan grupos de medios (News Corp, por ejemplo), grandes editoriales (Random House), farmacéuticas (Pfizer, Revlon, L'Oreal), cámaras empresarias de diversos sectores y hasta entidades deportivas como la Major League Baseball. Según cifras de la MPAA, en los Estados Unidos la piratería genera pérdidas anuales por u$s 58.500 millones, mientras que la Cámara de Comercio de ese país sostiene que 19 millones de puestos de trabajo están en riesgo con la legislación vigente.

Copyright, copyleft
Hay pocas voces más autorizadas que la de Andrew McLaughlin a la hora de opinar sobre políticas públicas e Internet. Abogado egresado de Harvard, fue director de políticas públicas de Google, y se desempeñó como Deputy Chief Technology Officer en la Casa Blanca. Su trabajo: aconsejar al presidente Barack Obama sobre Internet, tecnología, innovación y seguridad informática. En diálogo con WE, sostiene que la ley SOPA es "bienintencionada", pero que sería "dañina para Internet, para la ciberseguridad, la libertad de expresión, la innovación y la creación de trabajo en los Estados Unidos".

"Creo que los intereses de los impulsores de la ley son muy simples y transparentes: combatir la infracción online de derechos de autor. Ellos no están tratando de censurar, pero han elegido el mecanismo que equivaldría a la censura", dispara McLaughlin.

Por su parte, Beatriz Busaniche -directora ejecutiva de Wikimedia Argentina y miembro de la Fundación Vía Libre-, opina: "Se trata de una arremetida muy fuerte para lo que es Internet como medio de comunicación. Es un escenario peligroso que socavaría los principios de la red libre y abierta como la conocemos, tanto en los Estados Unidos como en el resto del mundo".

"A nivel mundial estamos atrasados con las leyes que protegen la propiedad intelectual. Es una norma que tiene aspectos muy buenos, pero pienso que necesitan pulirla y revisarla", dice Marcos Masserini, del área de Propiedad Intelectual del estudio Carranza-Torres, un referente local en derecho informático.

SOPA congelada
El debate por la ley SOPA en Washington puso en evidencia las diferencias que, desde hace décadas y a partir de la explosión de Internet, mantiene la industria tradicional del entretenimiento con las empresas digitales.

El fuego cruzado entre ambos bandos no se hizo esperar: el magnate de los medios de comunicación Rupert Murdoch tildó a Google como "el líder de los piratas" y al propio Obama de haberse aliado con "los poderosos de Sillicon Valley". Mientras tanto, los detractores de la ley alertan sobre posibles censuras y restricciones a la libertad de expresión y la comparan con los cerrojos informativos que imponen países autoritarios como China o ciertos gobiernos de Medio Oriente.
La creciente tensión llevó a que la Casa Blanca se expidiera al respecto. "Si bien creemos que la piratería de sitios web extranjeros es un problema grave que requiere una respuesta legislativa seria, no apoyaremos leyes que reduzcan la libertad de expresión, aumenten los riesgos para la seguridad en el área cibernética o socaven una red global dinámica e innovadora", se pudo leer en un comunicado, que no fue más que una elegante forma de poner la ley SOPA en el freezer.

La lectura política es clara: la presión de la comunidad digital global fue determinante para demorar el tratamiento de la ley. En tanto, el principal promotor de la norma, el congresista republicano Lamar Smith, dio marcha atrás y el Congreso anunció esta semana que archivará el proyecto hasta obtener consenso.

Sin embargo, nadie entre los internautas cree que el retroceso sea definitivo. De hecho, un proyecto de ley de similares características avanza en el Senado. El proyecto promete ser la próxima batalla entre la industria de entretenimiento y las empresas de Internet. Para deleite de los creativos activistas digitales, ya es conocida como ley PIPA (Protect IP Act).

"A pesar de que ha sido difícil para la comunidad tecnológica organizarse para tener un impacto político, ahora hemos demostrado que somos muchos y políticamente conscientes y activos", sostiene McLaughlin. Y concluye: "El debate por SOPA nos ha obligado a convertirnos en una fuerza más efectiva en Washington, que creo que es una muy buena señal para el futuro de Internet y de las próximas generaciones de nativos digitales".



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