Lealtades políticas: ¿cuándo soltarle la mano a un funcionario?

Lealtades políticas: ¿cuándo soltarle la mano a un funcionario?

Expertos en comunicación explican los motivos por los que un jefe político decide sostener o pedirle la renuncia a un subordinado cuestionado por la Justicia o ante la opinión pública. El timing y la evaluación de los costos políticos, los puntos clave. 23 de Abril 2010

La lealtad política es una moneda que tiene una cotización variable, quien la fija es el presidente o jefe político y quienes se benefician o perjudican son sus subordinados. Ante un escándalo público, cada líder decide según su estilo personal hasta qué punto sostiene a un funcionario cuestionado por la Justicia y la opinión pública.

El ex secretario de Transporte, Ricardo Jaime, procesado esta semana por recibir dádivas de empresas en el marco de la investigación que se le sigue por supuesto enriquecimiento ilícito y negociaciones incompatibles con su función, es el caso más resonante de lealtad pagada a largo plazo por la administración K. El presidente Néstor Kirchner ya había sostenido en 2007 a Claudio Uberti -ex director del organismo vial OCCOVI-, señalado como gestor del ingreso al país del venezolano Guido Antonini Wilson con una valija no declarada conteniendo casi u$s 800.000, supuestamente destinados a financiar la campaña presidencial oficialista, campaña que ese año llevó a la Casa Rosada a Cristina Fernández de Kirchner.

Y el matrimonio Kirchner también sostuvo largamente a Enrique Albistur, secretario de Medios durante el gobierno de Néstor Kirchner y hasta diciembre pasado, en la mitad del actual período de Cristina, un funcionario que fue resistido por el supuesto manejo discrecional de los fondos para la publicidad oficial y sus negocios particulares -cartelería publicitaria en vía publica-, que fue denunciado judicialmente por presuntos delitos de “negociaciones incompatibles con la función pública y discriminación”.

“Azar, destino y voluntad son los tres elementos que deciden en la vida del político, y cada uno coloca las dosis que le son más afines a su personalidad”, filosofa Roberto Starke, consultor de numerosos políticos y gobiernos pasados y presentes, incluyendo hoy a José Pampuro, Eduardo Amadeo y Esteban Bullrich. “En la medida en que el funcionario cuestionado mantenga poder o algún apoyo popular, los jefes les dan su apoyo. No hay que dejar de lado que los políticos son orgullosos y vanidosos y no les gusta que les marquen la agenda. Si lo hacen, les da la sensación de que se dejan presionar y eso no le gusta a nadie”, agrega.

Como en un tablero de ajedrez, cuando se sacrifica una pieza se hace en función de un objetivo de largo plazo. “Es un criterio que comparten todos, la izquierda, la derecha, el centro. A Macri le pasó algo parecido cuando intentó sostener a Jorge ‘Fino’ Palacios”, dice Starke.

Con él coincide Esteban López del Pino, que asesora a gobiernos provinciales y colaboró en la captación del voto hispano para John McCain en los EE.UU.. Y cuestiona ese empecinamiento: “Cuando pasó algo grave y te condenó la sociedad, no podés tratar de cambiar el proceso que ya sucedió. Los tiempos de las personas y de la opinión pública no van hacia atrás y hay que matar las noticias negativas con positivas, hay que dar un motivo para volver a creer. Las conferencias de Macri sobre la policía metropolitana eran el anti-ejemplo de esto, porque no explicaba nada”.

Medir la dimensión del conflicto, el tiempo que dura el tema en la atención mediática -más que en la judicial- y calcular las medidas que se toman para atacarlo son los tres pasos básicos que aconseja López Del Pino. “A los políticos les digo que el camino de victimizarse y usar la teoría de la campaña en contra para defenderse son señales de que no se tiene un rumbo. Y si uno tiene poder, debe usarlo para marcar la agenda”, asegura.

De todas formas, el punto de inflexión en la relación entre un jefe, sea éste presidente, gobernador o intendente, y su subordinado político no está claro. Y varía según la personalidad del jefe y el momento político. “El límite es el ritmo judicial y la presión mediática, el timing lo mandan siempre las circunstancias y no las personas”, resume Starke.

Timing para todos los gustos
Cuando fue presidente, Carlos Menem forjó su larguísima alianza con Domingo Cavallo, la inscribió dentro de su particular estilo de “dejar hacer” y lo mantuvo a cargo de la economía durante cinco años y cinco meses, resistiendo a todas las críticas y las tormentas políticas, hasta que ya no fue funcional a su esquema de poder. La discusión de esos días no pasaba por la honestidad del funcionario sino más por una pelea de filiación, ya que ambos decían ser los padres del modelo. El riojano también sostuvo durante una década a María Julia Alsogaray, polifuncionaria con tareas durante la privatización de Entel y Somisa y como secretaria de Medio Ambiente, que acumuló denuncias hasta que salió del gobierno y recibió una condena por enriquecimiento ilícito.

Los analistas señalan a Menem y a Kirchner como los mandatarios con mayor voluntad por sostener a su tropa, impidiendo que cualquier factor externo, por muy judicial que sea, les imponga cambios de gabinete.

“Este es un tema de repercusión en los medios y de manejo político, e importa poco la opinión pública, acá gana siempre el que se planta”, explica un asesor que hace lobby para empresas y que trabajó para gobiernos peronistas de varias líneas internas.

“Hice un trabajo de tres meses para un radical, que me aportó una definición que comparto, y es que los peronistas disfrutan del poder y los radicales lo sufren. Ha habido muchos que largaron a sus funcionarios, pero los que los que bancan, históricamente, son los peronistas. Aunque manteniendo esa actitud deban bancar a tipos sucios, feos y malos”, dice.

El apoyo que no fue
Los expertos en comunicación política y dos ex funcionarios del PJ y de la Alianza que hablaron con WE estuvieron de acuerdo en recordar un caso emblemático de abandono de un subordinado por parte de su jefe político aunque, en esta ocasión, nunca se puso en tela de juicio la honestidad del funcionario. Lo protagonizaron Ricardo López Murphy y Fernando De la Rúa en 2001.

El 16 de marzo de ese año, López Murphy llevaba 10 días en el cargo de ministro de Economía cuando convocó a los periodistas para anunciar un duro plan de ajuste que tenía el apoyo a la distancia del Presidente, quien una hora antes había leído un discurso de cuatro minutos desde la Casa Rosada. López Murphy entró al microcine de Economía, leyó las medidas que implicaban recortes por $ 2000 millones y se retiró sin aceptar preguntas. “Sabíamos que iba a haber resistencia de la oposición y de la opinión pública, pero no la esperábamos desde adentro, y menos del Presidente”, reflexiona un ex funcionario de entonces y recuerda que mientras se leía el anuncio iban renunciando otros ministros. Durante tres días, López Murphy defendió el plan en solitario: “En la medida en que los mercados vean un respaldo explícito a las medidas, van a reaccionar positivamente”, decía. Ese apoyo nunca llegó y un día después el Ministro dejaba el sillón más caliente del gabinete. Más que soltarle la mano, nunca se la habían estrechado.

Las razones por las que renuncia un corrupto
Se suele especular acerca de las verdaderas razones de las renuncias efectuadas por funcionarios que afrontan graves acusaciones de corrupción.
Es usual ver que no sólo permanecen en sus funciones, sino que son sostenidos por los máximos responsables del Gobierno, quienes suelen descalificar ligeramente las denuncias o resoluciones judiciales que los señalan.
Este panorama se explica por la debilidad de los mecanismos de responsabilidad política, a través de los cuales los funcionarios deben rendir cuentas de su comportamiento.
Esa responsabilidad debería implicar la provisión de información precisa sobre los hechos sospechados y no tendría que limitarse a los autores sino también a sus superiores, quienes deberían responder también por la elección y la vigilancia de sus subalternos.
La responsabilidad política es ilusoria cuando el Poder Ejecutivo niega información o la que brinda es defectuosa o adulterada, cuando los funcionarios no son convocados o no asisten a dar explicaciones al Congreso o cuando lo que hacen cuando concurren se transforma en una discusión superficial, irrelevante o un show chicanero.
La inexistencia de responsabilidad política y su sustitución por la responsabilidad penal constituye un aliciente para la permanencia en los cargos.
La lentitud e ineficacia de la persecución penal de este tipo de delitos, que se suman a mecanismos inherentes a la responsabilidad penal, como la interpretación restrictiva del derecho y la carga de la prueba a salvo de toda duda, incentivan a los funcionarios para permanecer en sus cargos trabando todo lo posible la evolución de los procesos, incluso mediante presiones indebidas desde el poder.
La renuncia, entonces, pasa a ser un mero cálculo político: esa dimisión sólo se tornará inevitable cuando la magnitud del escándalo haga que el costo político de permanecer sea superior al de continuar y pueda poner en peligro a otros funcionarios o al propio Gobierno.

(*)Ex fiscal anticorrupción. Director de Justicia y Transparencia del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec).



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