Lavado de dinero: qué tienen que saber las empresas

Lavado de dinero: qué tienen que saber las empresas

La presión del GAFI para mejorar los controles en la materia derivó en una creciente actividad de la Unidad de Información Financiera. El reporte de operaciones sospechosas y el dictado de resoluciones es récord. Las multas administrativas para los incumplidores pueden ser millonarias. Qué dice el Código Penal. 11 de Marzo 2011

Más de 100 párrafos se contaron en el discurso presidencial de apertura del 129° período de sesiones del Congreso. El décimo primero, incluso antes de hablar de salud, educación o seguridad, Cristina Fernández lo dedicó al lavado de dinero.

“Sería bueno que el Poder Legislativo y la Jurisprudencia argentina pudieran tener una actuación mucho más activa de la que han tenido hasta ahora en materia de lavado, porque si no es probable que la Argentina sea condenada por el GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional), pero no por lo que no ha hecho su Poder Ejecutivo, en definitiva, sino porque no se han sancionado las leyes o no se han dictado las sentencias que deberían haberse dictado”, sentenció la mandataria.

El pronunciamiento llegó apenas un par de horas después de que el  GAFI señalara que “la Argentina parece ir en la dirección correcta”, dejando en claro que el monitoreo sobre las acciones contra el lavado de dinero que despliega el país seguirá haciéndose muy de cerca.

Antecedentes
El 23 de junio del año pasado el Gobierno Nacional envió al Congreso un proyecto de ley que propone penar con prisión el lavado de activos, sin necesidad de probar un delito previo, como establece hoy el Código Penal (ver Delito actual).

Hasta 2000, la legislación nacional sólo castigaba el blanqueo de divisas provenientes del narcotráfico; el lavado no estaba tipificado en el Código Penal. En abril de ese año, se sancionó la Ley 25.496, que dispuso la creación de la Unidad de Información Financiera (UIF) y amplió las facultades del Estado, permitiendo la investigación penal del lavado de activos provenientes de cualquier actividad ilegal. “Esta ley nació mal jurídicamente, porque la pusieron como forma de delito de encubrimiento, que supone la existencia de dos delitos. En efecto, hay que probar primero el ilícito por el cual se generó el dinero en cuestión (narcotráfico, terrorismo, tráfico de armas, trata de personas, prostitución) y condenar a sus autores, y, luego, ir por el encubrimiento”, contextualiza Carlos Franco, name partner de Klein & Franco Abogados, para quien “esta forma de tipificar evita que los tribunales condenen”.

Al parecer, con esta postura coincidió el GAFI en los últimos días, al exigir la profundización de los controles y, a juzgar por el proyecto de ley mencionado y por el discurso del 1° de marzo, también el Ejecutivo.

Despliegue
Durante 2002, la UIF, creada para controlar las acciones sospechosas de lavado de dinero, dictó tres resoluciones, que tuvieron como destinatarios al sistema financiero y cambiario, al mercado de capitales y al sector Seguros, respectivamente.

En 2003, las normas fueron nueve, ampliándolas a los juegos de azar, obras de arte, CNV, AFIP y BCRA, entre otras áreas.

2004 fue el turno de los escribanos y de los profesionales en Ciencias Económicas (ver Con los abogados no), con sendas resoluciones. Igual número se dictaron en los dos años siguientes, para duplicarlos en 2008.

Tras 10 resoluciones, en 2009, y ocho, en 2010, (siempre de acuerdo con los datos publicados en el sitio web de la agencia estatal), la UIF lleva emitidas 22 desde enero 2011.
“La UIF tiene un enorme poder de control. En los últimos dos meses, derogó o modificó buena parte de las normas de 2002, 2003 y 2004, y sacó una batería de normas nuevas”, describe Christian Albor, socio de Klein & Franco Abogados.

En términos generales, explica, este sistema normativo se focaliza en los “sujetos obligados a informar”, listados en el artículo 20 de la Ley de Lavado de Dinero (ver Obligados a informar), coincidentes con “actividades donde, en general, hay mucho movimiento de dinero, sea como el objeto mismo de las transacciones o como pago de otro tipo de bienes”, sintetiza, y advierte que estos regímenes no sólo alcanzan a las grandes empresas, sino a entidades de todos los tamaños. “Podemos hablar perfectamente de personas físicas o pymes que no tienen estructura para tratar con las visitas cada vez más frecuentes de los inspectores de la UIF”.

Definidos los sujetos obligados a informar, la normativa establece una serie de obligaciones a cumplir partiendo del principio “conozca a su cliente”.

Este conocimiento implica la generación de “legajos documentales muy frondosos de clientes habituales y no habituales, de seguimiento de las operaciones de los clientes y, además, el establecimiento de software de seguimiento y detección temprana de actividades sospechosas”, describe Albor.

El control de las operaciones sospechosas se completa con un listado no exhaustivo -previsto en las normas- de las actividades que, para cada tipo de sujeto obligado, pueden considerarse como tales (i.e.: no identificarse en una compraventa de inmueble).

“Cada empresa tiene que tener un oficial de cumplimiento, que se identifica ante la UIF, responsable de establecer las políticas en la organización interna, de prevención y conocimiento del cliente y de capacitación a los empleados”, agrega Albor, quien remarca que lo que puede representar un trabajo de una persona part-time en una gran empresa, implica duplicar la cantidad de gente que trabaja en un emprendimiento unipersonal con el consiguiente aumento de costos.

De todas formas, no sólo los privados ven un aumento de sus obligaciones. Actividades como la de aseguradoras, de bancos o de intermediarios del comercio internacional tienen ahora un doble control estatal sobre ellas: el del sector específico y el de la UIF.
Por si fuera poco, con la reciente Resolución 29 de la UIF, prácticas que han sido tradición entre los abogados de empresa cayeron dentro de la categoría de operaciones sospechosas.

Así, por ejemplo, cambios de denominaciones o de objetos societarios sin razón aparente, la conformación de varias sociedades con un único domicilio legal o la homogeneidad de socios en distintas sociedades. “No son sociedades irregulares, pero no tienen actividad”, redondea el letrado anónimo que realizó esta asociación.

Más allá de interpretaciones, lo cierto es que la norma no piensa tanto en los hombres de derecho sino más bien en los lavadores, que establecen una gran cantidad de sociedades para triangular operaciones y dificultar la detección del origen de sus fondos.
ABC para empresas

En materia de prevención del lavado de dinero, lo primero que hay que hacer es revisar exhaustivamente el artículo 20 de la ley para determinar si se es o no un sujeto obligado a informar, explican los abogados de K&F.

Esto no reviste mayor dificultad cuando se está dentro de la operatoria empresaria habitual, pero cuando se realizan actividades excepcionales, como sucede con empresas de consumo masivo, que realizan operaciones financieras per se, o toman cheques, o van a la bolsa, hay que prestar atención, indica Franco.

En el caso de que se esté obligado a informar, habrá que identificar qué normas afectan la actividad y analizar si se está cumpliendo con las obligaciones.

“Hay que establecer un manual interno, un procedimiento de auditoría anual cuyo objetivo será determinar si se cumple o no con las obligaciones del régimen y realizar el reporte periódico de obligaciones sospechosas por medio de un sistema informático”, retoma Albor.
Considerando que la probabilidad de que un juez argentino condene por lavado de dinero es baja, la pregunta es qué pasa si se incumple con la normativa.

La UIF tiene la potestad para aplicar multas administrativas que van de dos a 10 veces el valor del objeto del delito o entre $ 10.000 y $ 100.000 cuando se desconoce el valor de los bienes, es la respuesta de los especialistas.

Las sanciones, además, no son sólo para la persona jurídica, sino también para el individuo que participó de la infracción al régimen de lavado de dinero.

A esto se suma que la violación del lavado en la Argentina provoca un impacto muy fuerte en las casas matrices. “Es algo que tienen que tener muy en cuenta las empresas de origen extranjero”, advierte Franco.

Con él coincide Roberto Durrieu (h), socio del Estudio Durrieu Abogados, quien vincula esta temática al crecimiento de las exigencias de compliance y transparencia al interior de las empresas. “Hay que distinguir entre las empresas que cotizan en Bolsa, que tienen exigencias mayores, y las que no cotizan, cuyas obligaciones surgen básicamente de normativas internacionales o, en el caso de empresas cuya casa matriz se encuentra en los Estados Unidos o Europa, por las prácticas de esos países, donde este concepto está más evolucionado", señala.

Obligaciones de prevención
De allí, por ejemplo, la tendencia a incorporar un director independiente que, dentro de sus funciones tenga la de controlar el negocio y el cumplimiento de las normas anticorrupción y antifraude.

“Esto se suele tratar en parte de la doctrina como la privatización del derecho -explica-. El Estado, que tradicionalmente tenía muchas obligaciones de prevención, como el lavado de dinero, ante su incapacidad de poder controlar y prevenir debidamente su avance, producto de la globalización, ha resuelto empezar a delegar en los particulares mayores responsabilidades y funciones”.

Ahora, además, llegó el turno de controlar seriamente esa delegación.



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