Las 10 caras legales para el campo

Las 10 caras legales para el campo

Los 200 años de actividad agropecuaria argentina muestran una dinámica jurídica muy particular. Por un lado, se mantienen vigentes problemáticas de la primera hora; por el otro, la tecnología, las finanzas y el medio ambiente generan nuevos desafíos. 29 de Julio 2010

De la roza al riego computarizado, del buey a los tractores inteligentes, de las inclemencias del tiempo a los satélites y productos genéticamente modificados para resistirlos, de la propiedad comunal a la estructuración de figuras jurídicas complejas para su explotación, el campo argentino mostró una importante transformación en los últimos 200 años.

Hasta hace no más de dos décadas, el negocio tenía una sofisticación reducida. Hoy, revolución tecnológica mediante, el volumen de transacciones se ha vuelto cada vez más importante y su relevancia económica indiscutible para el país, lo que hace que haya cada vez más complejidad. Eso, traducido, se refleja en un incremento de las aristas legales para el sector, con particularidades, según se trate de agricultura, ganadería, tambos y los diferentes subrubros de la actividad, que pueden esquematizarse, según los abogados especialistas en el tema, en los siguientes:

1- Factor Estado. Desde hace varias décadas el sector sufre por las acciones estatales y experimenta la ausencia de políticas de mediano y largo plazo.

Las retenciones, en este sentido, ofician de ancla que limita el despegue, aunque son fuente de provisión financiera para el Estado y materia de cuestionamientos por abogados tributaristas.

En el plano internacional, los desmanejos políticos desembocaron en el bloqueo de las importaciones de aceite de soja por parte de China. Crisis-oportunidad, eso permite pensar en redireccionar el producido, sea a otros mercados (India), sea a otros destinos (biodiesel).

2- Estructuras. Los armados jurídicos clásicos para operaciones medianas se construyen a partir de: alguien que sepa del negocio, tenga contactos y conozca el terreno; gente con fondos para invertir y un estudio jurídico. Se habla de empresa agropecuaria y ya no de explotación, con todas las aristas legales que ello conlleva (derecho societario, tributario, marcario, laboral, administrativo).

3- Financiación. Al momento de buscar el dinero, los fideicomisos hacen furor. Dentro de lo que se conoce como fideicomisos agrícolas, los hay para desarrollar el negocio de siembra y cosecha, y financieros para titulizar créditos a productores agrícolas. En el primer grupo hay instrumentos financieros (donde los valores fiduciarios han sido colocados por oferta pública) o privados. Los de titulización, en tanto, son fideicomisos financieros con oferta pública de los valores fiduciarios, por medio de los cuales se negocian carteras de créditos otorgados a productores agrícolas, generalmente originados en operaciones de compra de insumos.

4- Mora. A diferencia de lo que ocurrió en 2009, cuando el nivel de problemas crediticios fue importante, en 2010, se advierte una reducción en la tasa de morosidad, fenómeno que oscila en función del flujo de actividad.

5- Relaciones laborales. En el ámbito rural no se aplica la Ley de Contrato de Trabajo (si bien son frecuentes los proyectos que se presentan en el Congreso para que así suceda), sino el Régimen Nacional del Trabajador Rural. Hay una tendencia creciente a un aumento de la conflictividad.

Por ejemplo, si bien la mayoría de los trabajadores agropecuarios están alcanzados por el sindicato UATRE (Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores), sin perjuicio de existir infinidad de convenios, según la actividad específica (industria láctea, aceitera, ganadera), los problemas sindicales son cada vez más habituales. En el tambo, aparece verbigracia, el contrato asociativo de explotación tambera por el cual el tambero cobra un porcentaje del producido total, no tiene garantizado un salario, se hace cargo de sus cargas sociales y, si contrata a un peón, el dueño del tambo no se responsabiliza por él.

6- Medio ambiente. Cuestiones como las vinculadas con los glisfosatos y pesticidas, en relación a los cuales generan medidas cautelares que prohíben la fumigación (principalmente aérea) en zonas cercanas a las urbanas. Muchas municipalidades dictaron normativas para llevar los feed lots lejos de las urbanizaciones (por contaminación y olores), y hay cautelares trabadas por esto. Otro problemas: el uso intensivo de agua y su tratamiento posterior.

7- Inscripciones y registros. Para la producción y venta de semillas, las empresas tienen que estar inscriptas en el Registro Nacional de Cultivares del INASE, y si desean producir semillas con germoplasma o eventos tecnológicos, rigen sus relaciones con los dueños de la tecnología mediante contratos de licencia con las empresas titulares de los derechos.

8- Propiedad intelectual. El tema de los derechos de propiedad intelectual sobre productos (granos, principalmente) genéticamente modificados llegó, recientemente, a la Corte Europea de Justicia. Hay una gran cantidad de contratos para proteger lo que es la propiedad intelectual: desde licencias hasta los material transfer agreement, por los cuales se le da el material genético a un productor para que lo reproduzca, y el generador de la tecnología lo controla. En el negocio de semillas, el principal problema se plantea con las especies autógamas (soja, trigo), en las que el productor utiliza el grano que cosecha como semilla para la campaña siguiente, auto-replicando la tecnología, pero sin pagarla.

9- Plazos. Los arrendamientos tradicionales supieron ser contratos a largo plazo, detallando inversiones y fijando rotaciones de cultivos para dejar descansar ciertas parcelas. Capital financiero mediante, los tiempos de hoy se acortaron para sacar el mayor provecho en el menor espacio posible, lo que termina por perjudicar el rinde de la tierra a mediano plazo. Hay una serie de proyectos de ley vinculados con este tema. Lo que se busca, principalmente, es volver al uso mesurado, bajo la modalidad del largo plazo.

10- Cuatreros. En 2009, de acuerdo con estadísticas policiales, en la provincia de Buenos Aires se sustrajeron 7.213 animales, de los cuales 20 se robaron en tránsito y 664 se faenaron en el campo de manera ilegal. Si bien eso representa una caída total del 60% en el índice delictivo en el comparado con 2003, la cifra no es menor: se cometieron 1.578 hechos delictivos y fueron esclarecidos sólo 336. Si bien el Código Penal prevé penas de prisión de hasta seis años (la versión agravada contempla hasta 10 años), las sentencias en relación a este tipo penal son mínimas.



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