La justicia ante la contaminación

De la jurisprudencia basada en casos particulares de los ‘80 a la Ley General de Ambiente, la legislación argentina en la materia se ha vuelto más abarcativa. Qué hay que tener en cuenta hoy desde una perspectiva legal. 02 de Junio 2010

El artículo 41 de la Constitución Nacional establece que “todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo”. Lo cierto es que la legislación argentina en materia ambiental evolucionó desde sus inicios en la década del ‘80, cuando se basaba en demandas planteadas por particulares en contra de fábricas que contaminaban, hasta la sanción, a fines de 2002, de la Ley General del Ambiente y las sucesivas leyes provinciales.

Tres objetivos fundamentales
“En muchos sentidos, la legislación ambiental es diferente a la civil o la penal, y tiene sus particularidades”, sostuvo el abogado Gabriel Macchiavello, socio del estudio Rattagan, Macchiavello, Arocena & Peña Robirosa, durante el Tercer Seminario de Medio Ambiente. En la oportunidad, el letrado detalló algunos conceptos fundamentales de la actual normativa ambiental.

“La Ley de Ambiente hace en tres objetivos fundamentales. Uno es el cese de la contaminación, pero también se busca la prevención y la recomposición ambiental. Este último es el más controvertido, dado que a diferencia de una indemnización, lo que busca es restablecer el ambiente al estado anterior a la contaminación”, señaló Macchiavello. Los tres aspectos están presentes en la causa Riachuelo (Beatriz Mendoza contra el Estado Nacional), emblemática en cuanto al Derecho Ambiental argentino.

Sin embargo, en los casos en que no es posible restituir el ambiente a su estado anterior, la Ley General del Ambiente establece la creación de un Fondo Nacional Ambiental al que las empresas condenadas deben aportar una indemnización sustitutiva. No obstante, este fondo aún no ha sido creado y ninguna empresa ha hecho su aporte.

A diferencia del Derecho clásico, donde no es posible reclamar por derechos de otro, el Derecho Ambiental tiene una legitimación amplia. Esto significa que la acción la puede iniciar el Estado, un municipio, un vecino afectado o una ONG de carácter ambientalista. Esto significa que en sus estatutos figure la defensa del medio ambiente entre sus objetivos constitutivos. El derecho ambiental tiene una categoría específica de amparo. Esta figura, contenida en la Constitución y popularizada a partir de 2002 a raíz del corralito, permite lograr en forma rápida el cese de actividades que generan daño ambiental y solicitar acciones de recomposición, sostuvo Macchiavello.

Por último, si algo caracteriza a esta rama del Derecho es su complejidad. “No alcanza con saber de leyes, sino que se requiere un trabajo multidisciplinario con especialistas en biología, geología, hidrología, ingeniería y química, entre otros. Ello implica conocimientos y un lenguaje común entre abogados y especialistas”, destacó el letrado. “Creo que uno de los grandes desafíos en materia de legislación ambiental local es contar con peritos especializados, y establecer normas y plazos procesales adecuados y cumplibles”, resumió.



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