La agenda legal que viene

La agenda legal que viene

Los estudios prevén un crecimiento de la actividad regulatoria, con epicentro en el sector energético. ¿Nueva ola de reestructuraciones? 18 de Enero 2012

Entre la bruma de incertidumbre –local y externa– que envuelve hoy a la economía, los principales estudios de la City divisan una certeza: el que viene será un año en el que habrá más trabajo regulatorio que nuevos negocios. Si bien no descartan consultas ligadas a inversiones, la agenda jurídica estará dominada por el conflicto y la intervención del Estado. A priori, nada muy diferente a lo que venía sucediendo. O tal vez sí: en un contexto de desaceleración y ajustes, el manejo de los asuntos puede presentar una complejidad mayor, con litigios en alza, prevén los abogados. “Aunque los escenarios van cambiando con los días, lo regulatorio seguirá teniendo importancia”, proyecta Alfredo O’Farrell, presidente de Marval, O’Farrell & Mairal. En el estudio más grande del país vislumbran que el área energética ocupará gran parte de las horas puertas adentro.

El fin de los subsidios a los servicios públicos, que ya disparó consultas, es sólo la punta del iceberg. “La cuestión se analiza hoy en las empresas tanto desde el punto de vista de la impugnación como del impacto en los costos y su posible transferencia”, apunta Francisco Macías, socio que encabeza el departamento de Energía de la firma. El especialista no descarta que se produzcan reclamos cruzados entre las compañías a partir del retiro de los subsidios, así como apelaciones a la Justicia –en vistas de los antecedentes que ya declararon inconstitucionales los cargos tarifarios.

El reacomodamiento del esquema multiplicará negociaciones hacia arriba y hacia abajo de la cadena sectorial, creen en MO&M. No es, sin embargo, la única veta que movilizará la actividad energética: también deberían llegar anuncios de inversión porque el sistema continúa operando al límite de su capacidad, apuestan en el estudio. “Se esperan cambios para el año próximo en el sector. Uno de ellos sería una regulación tendiente a dar tranquilidad a inversores para desarrollar yacimientos no convencionales”, sostiene Macías. “Ya recibimos preguntas de empresas extranjeras que miran los yacimientos de shale gas en Neuquén”, agrega. La Argentina es el tercer país del mundo con mayores reservas de gas no tradicional, alojado en arenas compactas. Otra fuente de inversiones, más allá de lo que hagan las concesionarias si se renegocian los cuadros tarifarios, provendría de los proyectos de autogeneración que encaren grandes industrias, ante la suba del costo energético. “Con las tarifas subsidiadas no se justificaba el desembolso para montar una planta propia; ahora sí”, señala María Lorena Schiariti, socia del departamento de Derecho Administrativo de Marval.

Pero en los estudios imaginan una balanza más inclinada hacia la interpretación de normas, las discusiones privadas y los eventuales conflictos. “El tema de fondo es si habrá una profundización del modelo o si se cambiarán algunas reglas”, plantea Uriel O’Farrell, senior partner de Estudio O’Farrell, que también pisa fuerte en la práctica energética. Según su visión, si se mantienen los rasgos de intervención creciente de parte de las distintas dependencias –Secretaría de Comercio, AFIP–, los asuntos regulatorios dominarán la agenda una vez más. “El típico caso es la reducción de subsidios.

Su implementación ya está dando una gran cantidad de problemas legales”, dice. O’Farrell no cree que los temas que generaron trabajo durante este año gracias al accionar del Estado –restricciones a las importaciones, controles cambiarios– desaparezcan durante 2012. “El superávit comercial se está achicando y es muy probable que continúen las limitaciones a las importaciones”, sostiene. En la misma línea se ubican en Estudio Beccar Varela. “Todo parecería apuntar al crecimiento de la actividad regulada, un trabajo complicado que no luce”, afirma Horacio Beccar Varela, Managing partner del centenario estudio. “El ‘qué hago’ es una pregunta de todos los días.

El régimen cambiario, por ejemplo, tiene paralizada una emisión de bonos importante de una empresa porque no saben qué valor tomar del dólar”, complementa el socio Roberto Fortunati. La incertidumbre –agregan– es el peor de los flagelos para una inversión, porque ni siquiera permite optar por sí o por no.

Llegan refuerzos

Aunque reconocen que el rumbo que tome el Gobierno en su nueva etapa puede cambiar el juego –léase, aliento o desaliento de las inversiones–, algunos estudios refuerzan sus equipos administrativos con vistas a lo que vendrá. “Las cuestiones regulatorias son cada día más relevantes e inciden en mayor medida sobre el negocio de las compañías. Además, el Estado y las provincias participan como actores directos en diversos proyectos, lo cual genera nuevas opciones de participación de las empresas”, sostiene Carlos de Kemmeter, líder del área administrativa de Bruchou, Fernández Madero & Lombardi.

El socio prevé un alza de los litigios y un reacomodamiento tarifario en servicios y energía. “Se incrementarán los proyectos energéticos, en especial los relativos a energías alternativas, gas y petróleo”, indica. Espera asimismo un aumento de consultas por obras de infraestructura y operaciones de financiamiento. Esa sería una contracara de la tarea de apagar incendios ante intervenciones inesperadas. “Si se sinceran las tarifas, hay muchos proyectos de infraestructura que tendrían lugar, activando tanto la construcción como la financiación”, apunta Fortunati.

Para ello, sería necesario que triunfe la línea interna del Gobierno que propicia un acuerdo con el Club de París y la vuelta a los mercados internacionales de crédito en 2012. “La agenda jurídica va a estar marcada por la política económica”, comparte Pablo Louge, Managing partner de Allende & Brea, quien cree que los asuntos más relevantes girarán en torno a lo que suceda con los sindicatos y la relación comercial con Brasil. “Va a tener un peso importante la política cambiaria y lo que pase con las exportaciones e importaciones”, dice.

Louge coincide en que algunas señales alcanzarían para atraer inversiones y dar vuelta el panorama conflictivo en la relación con el Estado. Para Diego Serrano Redonnet, socio de Pérez Alati, Grondona, Benites, Arntsen & Martínez de Hoz (h), la crisis financiera internacional y la desaceleración crediticia local llevarán a la necesidad de extremar la ingeniería jurídica para financiar proyectos de inversión. “La Argentina puede ofrecer oportunidades atractivas dentro del contexto de la región, por menores valores de los activos”, dice. “Seguramente habrá compras selectivas de empresas por parte de inversores locales o extranjeros en sectores que ofrezcan posibilidades de crecimiento”, avizora.

De todos modos, el abogado se prepara para seguir respondiendo consultas sobre control de cambios y comercio exterior en los primeros meses de 2012. Además de un alza de la actividad regulatoria, en M. & M. Bomchil proyectan que las áreas impositiva, ambiental y de real estate seguirán activas, señala Javier Petrantonio, socio administrador. “También prevemos una importante demanda de asuntos de M&A”, agrega.   

A negociar

No pueden hablar de una tendencia, por ahora. Pero en varios estudios ya perciben un alza de las renegociaciones de deuda, otro de los asuntos que probablemente ocupe parte de las horas de los abogados el año próximo. “Cuando se combinan altas tasas de interés, deterioro de la competitividad y menor actividad económica, hay una razonable expectativa de reestructuraciones”, señala Pablo Buey Fernández, socio de Alegría, Buey Fernández, Fissore & Montemerlo. Empresas que están endeudadas con sus proveedores y les caen sus ingresos, o que se ven expuestas a una desaceleración en Brasil aparecen primeras en esa posible lista, añade. 

En Beccar Varela –que trabaja en la reestructuración de un grupo regional sobre endeudado– coinciden. “Vamos vislumbrando que habrá un incremento moderado de la actividad concursal y reestructuraciones de deuda que implicarán reorganizaciones societarias”, refuerza Pablo Crescimbeni, Managing partner de Zang, Bergel & Viñes. El estudio, reconocido en el mercado por su práctica de real estate, piensa en fortalecer su área regulatoria. “Es una actividad que seguirá creciendo en el próximo quinquenio”, asegura Crescimbeni.

Otra de las consecuencias esperables en un marco de desaceleración, dicen los abogados, es una suba de los litigios entre privados. “En un escenario fluido hay cosas que se perdonan; cuando todos se ponen precavidos, pueden crecer las demandas por incumplimientos”, describe Buey Fernández. Si las regulaciones crecientes se advierten como lesivas de derechos, agrega, podrían crecer las demandas contra el Estado. Respecto de los proyectos de ley a seguir, en los estudios mencionan en primer lugar el de la ley de tierras, que restringe la tenencia a extranjeros. “Tal como está planteado hoy en el Congreso, deja muchas incógnitas abiertas.

Habrá que esperar a su sanción definitiva y posterior reglamentación para tener precisiones sobre su impacto”, señala Schiariti, de Marval. “Por lo pronto, la perspectiva de la ley ya generó muchas operaciones y provocará reacomodamientos en el negocio”, añade. “Puede resultar un tema destacado en la agenda del año que viene”, comparte Petrantonio, y agrega: “El proyecto de modificación a la ley de entidades financieras y la evolución de las restricciones cambiarias dominarán la escena”. La orientación de la política irá despejando incertidumbres y definiendo urgencias, como suele ser. Tal vez, como nunca antes.

 



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