Juicio por jurados: el debate pendiente

Juicio por jurados: el debate pendiente

La provincia de Córdoba es la única jurisdicción del país que aplica este instrumento, prescripto por la Constitución de 1853 y nunca reglamentado, pese a que la reforma de 1994 lo ratificó en su texto. Mientras Neuquén y Chubut ya avanzan en su implementación, en el Congreso Nacional la discusión sigue estancada. Ventajas y desventajas de una herramienta polémica. 20 de Agosto 2010

“Su deber es separar la verdad de la fantasía”. La advertencia del juez frente a los rostros circunspectos, angustiados y sudorosos que retrató el film de Sidney Lumet Doce hombres en pugna, uno de los clásicos del cine legal de la década del ‘50, podría pasar a convertirse en otro clásico: el de las salas de audiencias argentinas. Las Legislaturas de Chubut y de Neuquén avanzan en la implementación del juicio por jurados siguiendo el camino de Córdoba, donde se registra la primera y única experiencia vigente en el país. Mientras tanto, en el Congreso aguarda turno la iniciativa que desempolvó el riojano Jorge Yoma para que se avance en la utilización de jurados populares, un instrumento que está prescripto desde la Constitución Nacional de 1853 pero que nunca fue reglamentado.

La aplicación del juicio por jurados pone en discusión aspectos culturales, legales, de responsabilidad social y hasta económicos. Con la biblioteca dividida entre los juristas que sostienen que los “legos” no deben dictar sentencias y quienes recomiendan la participación popular en la administración de justicia, el debate tiene más de un siglo y medio. Ya en la Constitución del ‘53, base de la actual, se incorporó la figura de jurados que se mantuvo en todas las experiencias reformistas, a excepción de 1949, cuando los constituyentes decidieron eliminar la figura al plantear el desacuerdo del entonces presidente Juan Perón. La dictadura borró ese cambio. Medio siglo después y con la confirmación del juicio por jurados explicitada en tres artículos de la Carta Magna, comenzaron las primeras tímidas modificaciones.

El caso cordobés
Desde 2005, cuando comenzó a aplicarse la ley que reglamenta los juicios por jurados en la provincia mediterránea, se produjeron más de 120 sentencias con la participación de ciudadanos. De acuerdo con las estadísticas del Centro de Estudios y Proyectos Judiciales de Córdoba, de los 122 casos en los que intervinieron jurados ciudadanos, 95 terminaron con condenas y 25 con la absolución del acusado. En cinco años, la participación de jurados populares se multiplicó por veinte. Y el año pasado se destinó un presupuesto de 560 mil pesos para solventar el sistema.

Tres de cada cuatro casos que llegan a esta instancia son por delitos de homicidio agravado. De acuerdo con lo que establece la Ley provincial 9182, las cámaras del fuero Criminal deben integrarse en forma obligatoria con jurados populares para esos delitos y también cuando se trate de casos del fuero penal económico y anticorrupción, contra la integridad sexual seguido de muerte, secuestro extorsivo y muerte, homicidio en ocasión de tortura y homicidio en ocasión de robo. En Córdoba hubo una experiencia efímera previa y cuestionada, con los jurados integrados por tres jueces y dos legos al principio de 2000. Desde 2005, el tribunal con participación popular se integra con 8 ciudadanos que actúan junto con otros 3 jueces, aunque el presidente -un magistrado o técnico- vota en caso de empate. La actuación de los ciudadanos sólo es para dictaminar culpabilidad o inocencia, se construye por mayoría simple de votos y la sentencia la establece luego el juez.

El fiscal cordobés Francisco Ferrer valora que la actuación de la ciudadanía haya permitido “modificar favorablemente la imagen de la justicia”. En una encuesta realizada a 121 ciudadanos que actuaron como jurados, el 97% calificó la experiencia como positiva, el 78% consideró que el sistema ofrece garantías a los acusados, y más de la mitad cambió su percepción regular o negativa sobre la justicia penal hacia una mirada positiva, de acuerdo a los datos del Centro de Perfeccionamiento Ricardo Núñez, que funciona en la órbita del Poder Judicial local.

Para Nicolás Laino, docente, investigador y master en Sistema Penal por la Universidad de Barcelona, la instrumentación del juicio por jurados permite “democratizar ya que, con la participación ciudadana, una persona pasará a ser juzgada por sus pares y no por expertos como en la actualidad, lo que ha favorecido la formación de una cultura burocrática, ineficiente y frecuentemente violatoria de los derechos fundamentales de los ciudadanos”.

Laino destaca que muchas de las críticas que se plantean al sistema de jurados tiene que ver con prejuicios y con la especulación de que sus integrantes se vean “influenciados por el clamor popular de más castigo, o por la presión mediática. Pero me pregunto cuándo eso no sucedió, sucede ni sucederá con los jueces técnicos”.

Los proyectos en marcha
En Neuquén, a mediados de abril, la Legislatura fue el escenario de un juicio por jurado simulado como parte del acercamiento a la ciudadanía de la reforma al Código Procesal Penal que intenta implementarse. En este caso, se trata de un cuerpo integrado por 12 ciudadanos que decide sobre la inocencia o culpabilidad del acusado y un juez que luego debe dictar la pena en caso de que haya condena. Para legitimar un fallo se necesitan 10 votos.

En Chubut, el proyecto de ley Juicios por Jurados está siendo discutido dentro y fuera de las puertas de la Legislatura. Las comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia, y de Hacienda, tienen a cargo su evaluación técnica. Pero los legisladores abrieron canales de participación con las asociaciones judiciales, de abogados y magistrados y con la sociedad que, en definitiva, debe ser la que participe en la integración de los jurados populares. En la Legislatura, se estima que el proyecto se aprobará entre octubre y noviembre para implementarse a partir de 2011. El funcionamiento ya está previsto en la Constitución de Chubut para los casos penales que prevén 14 o más años de prisión. En este caso, el jurado se va a integrar con 8 ciudadanos encargados de dictar la sentencia de absolución o culpabilidad con una mayoría de 6 votos; y un juez quedará a cargo del establecimiento de la pena.

El Procurador general de la provincia, Jorge Miquelarena, le dijo a WE que es necesario incluir la participación popular en la Justicia: “Cuando se trata de delitos graves es correcto que en la decisión la ciudadanía no esté ajena, que no sea sólo del Ejecutivo porque no hay mayor injerencia del Estado en la vida cotidiana que privar de la libertad a una persona”.

Vacío legal
Las provincias avanzan en la reglamentación de las leyes para implementar los jurados, mientras la discusión en el Congreso permanece estancada. El último proyecto fue presentado a fines de abril por el diputado Jorge Yoma para establecer tribunales populares de 12 miembros para casos penales que contemplen prisión de 5 años o más. Los juristas debaten, además, si los estados federales puede instrumentar el mecanismo sin la ley marco nacional o pueden hacer uso del vacío legal amparados por los artículos 24, 75 (inciso 12) y 118 de la Constitución que ordenan que se avance hacia el juicio por jurados.

“Hay que lanzar el debate a la calle”
Gustavo Bruzzone es una de las voces más autorizadas en materia de derecho procesal penal. Miembro de la Cámara de Apelaciones en los Criminal y Correccional y docente universitario, analiza el instituto del juicio por jurados y advierte que las mayores presiones sobre la justicia provienen de los medios de comunicación. Sabe bien de que habla. Le ha tocado intervenir en causas híper mediáticas como el asesinato de María Marta García Belsunce y la libertad de Omar Chabán. Por ese último caso, polemizó con el entonces presidente Néstor Kirchner.

“Quienes se oponen al juicio por jurados sostienen que la complejidad del derecho penal no puede ser interpretada por los legos, que los jurados serían muy influenciables frente a los medios de comunicación. Y que los jueces, teóricamente, no tendrían esas presiones o se entrenan para resistirlas. Cosa que creo absolutamente falsa”, evalúa.

El poder judicial, ¿no siente más presión del poder político?
Nunca recibí presiones de otro poder del Estado. Pero sí recibí enormes presiones de los medios que, cuando no están de acuerdo con un decisión judicial, dicen cualquier disparate.

¿Qué sucedería en el caso de la aplicación de jurados?
El concepto de justicia y la decisión final del caso sería más justa porque el caso estaría visto por doce hombres seleccionados al azar que, si se ponen de acuerdo, estarían representando claramente el sentido de justicia que puede haber respecto de un caso, y que muchas veces difiere de la formación técnica.

¿Sería en parte apelar a los consensos sociales de la comunidad?
En parte sí. Pero tenemos que sacar el debate del recoleto ámbito universitario y lanzarlo a la calle para que lo discuta toda la población. De instaurarse, debe ser de manera gradual, a pedido del imputado y sólo en delitos de importante entidad.

¿Ayudaría a revertir la sensación de impunidad?
No, porque el problema de la impunidad no tiene que ver con las sentencias sino con los asuntos que no son procesados por el sistema judicial. El verdadero poder que tiene el derecho penal no es la sentencia, sino la definición de qué debe ser analizado por el sistema. Si un comisario no investiga los delitos que se producen en su zona, la causa nunca llega a juicio.



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