Jaque al entretenimiento

Jaque al entretenimiento

Internet desafía a las industrias de contenidos y a su cobertura legal. ¿Qué está pasando en materia de propiedad intelectual, derechos personalísimos y modelos de negocios? Lo que dicen los jueces. 14 de Septiembre 2010

Música, juegos, programas, series, películas, libros y revistas online. Todo se comparte, poco y nada se paga, en la era de Internet. Las industrias de contenidos y de entretenimiento, están sintiendo como ninguna otra el avance e impacto de las nuevas tecnologías, el deterioro de su negocio tradicional y la necesidad de encontrar un modelo nuevo.

Experto en la materia, Federico Vibes, name partner del estudio Alesina, Gatti, Taubas, Bellani, Carbone & Vibes, confirma que existe una gran disociación entre lo que marcan las leyes y las conductas de millones de personas que cometen infracciones al Derecho de Autor, a través de intercambios de contenidos en Internet y de los llamados sitios de enlace.

“La temática es compleja. Cualquier análisis requiere de una revisión profunda más allá de los aspectos legales. No se pueden dejar de lado los aspectos sociológicos ni económicos del fenómeno”, dice el director del libro conjunto Derecho del Entretenimiento. “Los dilemas legales, derivados de la protección de contenidos en esta nueva era de convergencia, están ligados a la búsqueda de un sistema legal que concilie los intereses de los usuarios (hoy volcados masivamente a cometer infracciones contra las leyes de propiedad intelectual vigentes) y los de los propietarios de los contenidos. En la búsqueda del sistema que dejéeconforme a ambas partes, es necesario evaluar las leyes vigentes pero también son determinantes los modelos de negocio, los hábitos de los consumidores y la aplicación de las leyes (el enforcement)”, diagnostica.

En relación al modelo de negocio, los hermanos Pablo y Gabriel Máspero, titulares del estudio que lleva por nombre a su apellido -asociado al estudio G. Breuer-, sostienen que si bien se avanzó en la búsqueda de formatos que aprovechen los beneficios de Internet, todavía no se encontró la vía exitosa para monetizarlos. “La búsqueda es compleja porque, al lado de la distribución legal, existe la distribución no legal, con la cual es difícil competir", señala Pablo.

Soluciones como full tracks para smartphones, servicios de suscripción para el consumo de contenidos por tiempo o cantidad limitada, o acuerdos del tipo Sadaic-YouTube para el pago de derechos a los autores y compositores de música, son algunas de las fórmulas con que se experimenta.

Para los Máspero existe una “responsabilidad de los proveedores de servicios de Internet que no son ajenos a esta problemática: tienen un rol de cooperación con la industria musical, que no han ejercido hasta el momento, y una responsabilidad legal por permitir el tráfico masivo por sus redes”. Cualquier contrato de un Internet Service Provider (ISP) con el cliente tiene prevista la posibilidad de discontinuar el servicio por violaciones a la propiedad intelectual; sin embargo, no se han visto situaciones en las que esto se aplique, dicen. “Si los jugadores no se alinean, no hay modelo de negocio. La autopista de la información no puede transitarse con autos robados”, grafican.

Redes sociales

Englobando todo lo anterior, las redes sociales plantean distintas problemáticas, que van desde la afectación de derechos personalísimos -la imagen personal, la intimidad y la reputación- hasta el denominado cyberbulling -el uso de información electrónica y medios de comunicación online, con la intención de amenazar, degradar, agredir o intimidar a una persona, describe Fernando Tomeo, name partner del estudio Abieri, Fracchia & Tomeo.

Cuando se trata de la reputación de una compañía, las buenas prácticas sugieren la acción conjunta entre el área de Comunicación de la empresa y sus abogados. Cuando está en juego la persona y cualquier derecho personalísimo, se debe intentar dar de baja el contenido mediante una notificación extrajudicial o recurrir a la justicia para obtener la remoción del contenido difamatorio y la reparación del daño ocasionado, recomienda el abogado.

Resumiendo la línea jurisprudencial de los tribunales hasta el momento, el especialista explica que, en materia civil, si la red social no fue notificada de la existencia del contenido ilegal no tiene responsabilidad. Por el contrario, si fue notificada extrajudicialmente de la existencia del contenido ilegal y se le reclamó su eliminación, debe proceder a darlo de baja cuando resulta ostensible y manifiestamente ilegal.

“Se debe requerir a la red social un obrar leal, de buena fe y con la diligencia de un buen hombre de negocios en los términos de nuestra ley civil”, dice. Si es un juez quien ordena dar de baja o bloquear un contenido, la decisión debe cumplirse en forma inmediata. “En el ámbito civil, se están dictando medidas cautelares, que dejan sin efecto o bloquean los contenidos difamatorios o ilegales. Ante la orfandad legislativa existente, los jueces aplican las normas de responsabilidad civil", concluye. A.A.N

Piratería en la calle

La Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal generó revuelo mediático cuando en abril pasado consideró en un caso concreto que la venta callejera de CDs musicales editados ilegalmente no infringía la Ley de Marcas.

Eso, claro está, no es óbice para considerar que dicha actividad constituye un delito contra la Ley de Propiedad Intelectual, se encargó de aclarar CAPIF.

Software pirata

En el primer semestre del año, se efectuaron 116 diligencias probatorias por orden de la justicia civil, destinadas a constatar el posible uso de software ilegal en las instalaciones informáticas de importantes empresas de los rubros pesca, turismo, agro, inmobiliario, construcción, finanzas, autopartes y la industria del cereal en Capital Federal, Gran Buenos Aires y en las ciudades de Córdoba, Rosario, Mendoza, Mar del Plata, Santa Fe, Tucumán, Salta y Neuquen, entre otras. ¿Resultado? Se encontraron un total de 5.012 computadoras con software sin las correspondientes licencias, generando indemnizaciones, que deberán afrontar los usuarios ilegales y que juntas superan los $ 3.200.000, informó la Business Software Alliance. Asimismo, se hicieron 16 allanamientos policiales en búsqueda de software ilegal en comercios dedicados a la venta de computadoras, encontrando material en infracción por un valor total de $ 1,07 millón.



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