Importaciones: la batalla judicial

Importaciones: la batalla judicial

Las medidas tomadas por las Secretarías de Industria y de Comercio Interior se traducen en múltiples consultas legales. Pocas, sin embargo, se convierten en acciones concretas. En tribunales, dicen los abogados, se están protegiendo los derechos de los importadores de manera eficiente. ¿Por qué no se recurre al contencioso masivamente? 16 de Septiembre 2011
En el actual escenario de anomia, donde no existe norma que establezca que los importadores, para importar, deben exportar por valores similares a los de sus compras, las consultas a los abogados son muchas, pero las acciones legales pocas.

La Constitución Nacional establece que "ningún habitante de la Nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe". Sin embargo, son numerosos y públicos los casos de importadores verbalmente obligados a exportar, sin un marco normativo que así lo imponga.

En la práctica, esto ha derivado en una catarata de consultas a los estudios jurídicos especializados no sólo en temas de derecho aduanero o comercio exterior, sino también en administrativo, lealtad comercial, defensa de la competencia y, en general, con roce con la Secretaría de Industria y Comercio de la Nación. El importador se enfrenta, básicamente, con dos tipos de problemas que tienen una misma raíz: las licencias no automáticas de importación, instrumento previsto en los acuerdos del GATT (hoy, Organización Mundial de Comercio) con fines estadísticos, pero que el Estado argentino está utilizando para frenar el ingreso de bienes extranjeros al país, explica Eduardo Mujica, socio del estudio Abeledo Gottheil.

En efecto, mientras que los tratados internacionales estipulan plazos de entre 30 y 60 días para su otorgamiento, "aquí, claramente, se las está utilizando como barrera para-arancelaria", denuncia el profesional, toda vez que las licencias no se rechazan y tampoco se otorgan, incluso mucho más allá de demoras razonables sobre esos tiempos, creándose un "limbo aduanero".

A ello se agrega que ciertos grupos de mercadería, a los que se considera "sensibles para la economía", están sujetos a controles que suelen exceder al producto concreto y se extienden a toda la posición arancelaria. Consecuencia: todo el que importa un producto similar tiene interrumpida sus importaciones porque no se diferencia a unos y a otros en el tratamiento. "Las restricciones se aplican como regla en vez de ser la excepción", dice Mujica.
Con este diagnóstico coincide Esteban Rópolo, socio del estudio Baker & McKenzie, para quien si bien "consultas hay muchas", que aquellas se transformen después en acciones legales depende mucho de cada empresa, de sus tiempos y giros comerciales.

Por lo pronto, las preguntas más usuales que reciben hoy los bufetes pasan por si existe una norma que establezca estas obligaciones, cuáles son los cursos de acción, cómo se puede satisfacer el requerimiento de la autoridad y si se pueden imputar aportes pasados, enumera Eduardo Mallea, abogado de Bruchou, Fernádez Madero & Lombardi.

También Mercedes de Artaza, asociada senior de M. & M. Bomchil, admite una "situación de incertidumbre" para los importadores, que no saben si van a poder ingresar o no sus mercaderías al país.

En este punto, señala que las consultas que antes eran estrictamente aduaneras hoy revisten una complejidad mayor y no se limitan a formularios, trámites habituales o posiciones arancelarias.

Exportar para importar
Ante dilaciones como las señaladas, Mujica recomienda ir "siempre por la vigencia de la ley y por exigir su cumplimiento".

La fórmula general: amparos con medidas cautelares. Con ellos la justicia tiende a otorgar el permiso para importar sin la licencia.

"Cuando se demuestra que se cumplió con la solicitud de la licencia y se vencieron los plazos legales para otorgarla, la Justicia ya está en condiciones de hacer lugar al reclamo. Eso demora una o dos semanas. El Poder Judicial, en esta materia, está respondiendo y respetando los derechos del importador", redondea Mujica.

En efecto, la jurisprudencia viene diciendo que "las demoras en el otorgamiento de las licencias no tienen legal justificación", refuerza Rópolo.

Quienes no reclaman por vía tribunalicia son los que, en términos generales, se están enfrentando ahora con la exigencia no escrita de exportar para importar.

"Es la Secretaría de Comercio la que cita a los importadores y les plantea que si quieren importar determinado producto tienen que cumplir con un cierto balance comercial externo por un mismo nivel de lo que se está importando", afirma Mujica, quien reconoce que en su despacho esto ha generado una mayor actividad, producto de las consultas de todos los clientes que trabajan con la Aduana.

Lo que pretende el Estado es que la empresa que importa firme un convenio en el que se compromete a exportar. "Hay un compromiso unilateral del importador. El Estado, a cambio, lo único que hace es hacer lo que tiene que hacer. No es que esté dando un beneficio en absoluto. El único beneficio es no entorpecer la importación", afirma el socio de Abeledo Gottheil.

En ese terreno, asesorar es al menos difícil, coinciden los consultados, toda vez que no hay nada muy sólido para enfrentar. No hay norma, no hay un verdadero acto administrativo para atacar, el convenio a firmar es unilateral y no hay régimen legal sancionatorio en caso de incumplimiento, enumeran.

A ello agregan en estricto off the record que "hay una reticencia al inicio de cualquier acción legal porque hay un cierto temor a lo que pueden ser represalias como consecuencia del inicio de estas acciones".

Lo cierto, también reconocen, es que hasta ahora no ha habido ninguna revancha para quienes reclamaron por sus derechos en los estrados judiciales.

En la práctica, cuenta uno de los abogados empapados en el tema, ante la demora en el otorgamiento de una licencia de importación, con la mercadería ya trabada en la Aduana (lo que implica sumar costos en el depósito por cada minuto extra que pasa), se piden reuniones con los funcionarios para ver qué motiva la retención del despacho. Allí va saliendo el "veríamos con buenos ojos que presenten una propuesta de exportación y/o inversión"

A partir de ese momento, los tiempos de resolución son muy elásticos, comenta el mismo profesional fuera de micrófono.

Puede ir de un par de horas a unos cuantos días. "Todo depende del tipo de propuesta que se lleve", afirma.

Las soluciones que se vienen aceptando, repasa Mallea, pasan por exportar (el mismo importador) el equivalente a u$d 1 por cada u$d 1 importado; ingresar divisas por aportes de capital, inversiones o repatriación de fondos propios; abrir mercados al exportador argentino o exportar a través de una empresa vinculada, y hasta el compromiso de no girar dividendos al exterior.

De todas formas, al no existir norma que establezca las condiciones de negociación, estos requisitos o modalidades de cumplimiento pueden variar de caso en caso.

Vuelta al quid de la cuestión, De Artaza concuerda en que es muy difícil cuestionar judicialmente esta situación toda vez que "no existe una norma concreta que regle el procedimiento", al tiempo que afirma que los reclamos se están dando principalmente por la vía institucional, desde cámaras empresarias, más que por parte de empresas individuales en los juzgados contencioso administrativos.

"Lo que tratan de hacer las empresas es adaptarse y sortear los obstáculos", afirma la abogada, en línea con lo que son las exigencias del negocio de cada quien.

¿Qué hace pensar que mañana no se exija exportar por dos o por tres, en lugar del actual uno por uno?, es la pregunta que lo urgente impide hacerse, pasando por alto lo importante.
En boca de uno de los profesionales, que prefirió mantener el anonimato, se sintetiza la opinión del resto al decir: "Se están tratando de sacar soluciones del momento, pensando en el ahora. Claramente no hay una estabilidad en las reglas que permita decir 'ésta es la política o la paridad que va a durar'. Esto es todo un tema de palabra empeñada. Nada más".

Parece poco, viviendo en un Estado de derecho.



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