Guía para entender el conflicto YPF-Gobierno

Guía para entender el conflicto YPF-Gobierno

Pocos se acuerdan cómo se originó este conflicto que terminó con la quita de concesiones a la petrolera en cuatro provincias. Crónica para entender cómo se dieron los hechos. Además, los vaivenes dentro del Directorio. 27 de Marzo 2012

Santa Cruz y Chubut fueron las primeras provincias en quitarle yacimientos a YPF. Las siguieron Neuquén y Mendoza y, ayer, Salta anunció que planea tomar el mismo camino. Sin embargo, la decisión de estas provincias no surgió de la nada: pasaron días, declaraciones y situaciones que llevaron a que la anulación de las concesiones de la petrolera fueran una realidad.

Todo comenzó a mediados de enero, cuando en conferencia de prensa los ministros De Vido y Lorenzino –acompañados por Amado Boudou- anunciaron que habían denunciado a cinco petroleras por vender gasoil a granel (al mayorista) a precio diferenciado.

Las empresas señaladas fueron YPF, Shell, Esso, Oil y Petrobras, quienes con el paso de los días
comunicaron que habían bajado los precios. Vale aclarar que YPF es una de las compañías que mayor presencia tiene en el mercado (vende el 65 por ciento del gasoil que emplea el transporte pesado).

Sin embargo, el conflicto recién empezaba y todavía faltaba escuchar la palabra “nacionalización”, que apareció en una columna publicada en el diario Página/12 por Carlos Heller, diputado kirchnerista. Eso solo bastó para que el fantasma de la quita de concesiones sobrevolara YPF.

A los pocos días, Boudou afirmó: “
El problema no es nacionalizar o no YPF, sino si la petrolera hace uso de toda su capacidad instalada y su potencialidad de inversión para la producción”. De esta forma, al diccionario se sumó, además de “nacionalización”, la palabra “producción”. Desde ese momento, todas las acusaciones contra la empresa irían entorno a su capacidad de exploración, explotación y refinamiento.

El reclamo del gobierno era el siguiente: por una menor producción de YPF, se debe importar más combustible. Como muestra de esto basta tomar
el estudio realizado por la consultora Abeceb.com, en el que explica que el gas que necesitará la Argentina para este año –ya sea gas oil o líquido- le costará al país más de US$ 9800 millones. Monto similar a todo el saldo comercial de 2011

Antonio Brufau, presidente de Repsol-YPF, viajó al país para reunirse con la presidenta Cristina Fernández. No lo logró. En su lugar, fue recibido por Lorenzino y De Vido, en un intento de bajar la temperatura al enfrentamiento entre la petrolera y el gobierno nacional.

Luego, los dirigentes nacionales se hicieron a un lado y quienes llenaron la escena fueron los gobernadores provinciales. En conferencia de prensa, los gobernadores de nueve provincias anunciaron que iban a revisar los yacimientos, y donde encontraran desinversión, procederían con la quita de los mismos a las empresas concesionarias.

Una duda se dejaba entrever: ¿Iba la Presidenta a anunciar una nacionalización durante el discurso de apertura de las sesiones ordinarias en el Congreso? Las expectativas quedaron reducidas a realidad cuando Cristina no hizo mención alguna a esa situación, y sólo pidió “mayor inversión”.

Pasado eso, Chubut  y Santa Cruz fueron las primeras en otorgarle a YPF un plazo de 10 días para que presentara un plan de inversión.  Lo que restó, mientras tanto, fue esperar a que los días pasaran y se cumplieran las amenazas: Chubut le quitó a la petrolera las concesiones que tenía en El Trébol-Escalante, Campamento Central-Bella Vista Este-Cañadón Perdido; mientras que Santa Cruz hizo lo suyo con los yacimientos de Los Monos y Cerro Piedra-Cerro Guadal Norte.

En la misma línea fueron Neuquén y Mendoza. La primera le retiró las concesiones de Chihuido de la Salina y Portezuelo Minas.

Mientras que
Mendoza le quitó dos áreas, alegando “incumplimiento sustancial e injustificado de las obligaciones de producción, mantenimiento y trabajo”.

La primera consecuencia fue la toma de medidas judiciales por parte de YPF para defender sus concesiones; la segunda fue el anuncio del Gobierno español, quien anunció que tomaría el mismo camino.

Reuniones de Directorio. Repsol-YPF tiene sentada, en su mesa de reuniones, a Antonio Baratta, representante del Estado en la compañía. Los últimos encuentros tuvieron tres incidentes.

En el primero
se le negó la entrada al grupo encabezado por Baratta -y secundado por el viceministro de Economía, Axel Kiciloff-. La empresa argumentó que sólo quienes tienen poder de voto podían ingresar. Si bien la reunión se realizó -sin el Estado presente- finalmente se dejó sin efecto.

El segundo encuentro tuvo el voto negativo por parte del Gobierno nacional, que le bajó el pulgar a los balances de la compañía.

Finalmente, las reuniones de Directorio se coronaron con el voto negativo de la Argentina en cuanto a un
aumento de capital de la compañía. Si bien se aprobó la decisión de YPF, el Gobierno criticó que se destinaran esos recursos a un "fondo de inversiones".



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