Estatizaciones: generación CFK

Estatizaciones: generación CFK

La amenaza oficial de reestatizar Telecom reavivó la polémica: la propensión al estatismo, que arrancó en 2003 con la nacionalización del Correo Argentino, se profundizó en la era Cristina, a partir de la expropiación de Aerolíneas, de los fondos de las AFJP y del pase a manos del Estado de la televisación del fútbol. Ahora, la Presidenta va por más. Riesgos de la nueva movida K que tiene en vilo a los empresarios. 29 de Enero 2010

Los intrincados caminos del laberinto de estatizaciones kirchneristas parecieran llevar a una sola salida. Por distintos motivos, desde 2003 hasta la actualidad, la era K se caracterizó por reestatizar compañías de sectores estratégicos de la economía argentina. El derrotero contrario al que se transitó en la década del ‘90 lo inició Néstor Kirchner con empresas como Correo Argentino (2003) y Aguas Argentinas (2006), y lo continúo Cristina Kirchner en 2008 con los casos de Aerolíneas Argentinas y las AFJP.

En sus inicios, 2010 ya se topó con un avance de la Casa Rosada sobre el sector de las telecomunicaciones. El ministro de Planificación, Julio de Vido, deslizó la posibilidad de que Telecom Argentina fuera reestatizada. ¿El argumento del Gobierno? La lucha contra el monopolio. El conflicto surge de la participación accionaria que, desde 2007, posee Telefónica en Telecom Italia, cuando junto con otras firmas italianas compró el 22% de las acciones de su competidora, bajo el consorcio Telco. “Cuando se dividió Entel en dos áreas geográficas, las empresas resultantes (Telecom y Telefónica) no podían tener accionistas cruzados”, explica Enrique Carrier, director de la consultora especializada en telecomunicaciones Carrier & Asociados. Aunque la fusión no fue secreta, el conflicto se activó recién este año, con la lucha entre accionistas como trasfondo.

Ricardo Rouvier, analista político de la consultora homónima, considera que “de ninguna manera el kirchnerismo está pensando en que el Estado monopolice las comunicaciones” en el caso Telecom. “Sí creo que al Gobierno le preocupa que se cumpla la ley antimonopolio”, sostiene. Pero si bien con la posible estatización pareciera desaparecer el socio conflictivo, Carrier asegura que la “falacia en los argumentos del Gobierno” recae en que la estatización “no soluciona el tema del monopolio”, ya que Telefónica y Telecom no compiten entre sí, al cubrir áreas geográficas distintas. “Es razonable que el Gobierno exija la salida de Telefónica de Telecom Italia, pero esto resulta poco probable, porque es un acuerdo internacional con intereses importantes”, dice. Y agrega: “La salida de los italianos puede ser una solución política, pero el tema de monopolios no se resuelve con el cambio de manos”.

Por su parte, el Gobierno no sólo amenazó con quitarle la licencia a Telecom, sino que también puso una fecha límite, pues llevaría el caso al Congreso si la empresa no vende sus acciones antes del 25 de agosto.

De las AFJP a la Anses
Aunque no fue la primera, la estatización del sistema previsional de reparto fue una de las más resonantes del gobierno de Cristina. En agosto de 2008, el Senado hizo ley la estatización de las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP) y así, el Estado pasó a recibir el aporte de los 9 millones y medio de personas que hasta entonces se encontraban afiliadas al sistema de jubilaciones privado. Actualmente, los fondos se encuentran bajo la órbita estatal a través de la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses), que le deja al Gobierno $13.000 millones al año.

Las consecuencias económicas del anuncio no fueron menores. “La tasa Prime de noviembre (de 2008) alcanzó un 39%, mientras que la Vadlar, que se encontraba estabilizada en un 12%, alcanzó un 26%”, especifica Milagros Gismondi, economista de la consultora Orlando Ferreres & Asociados, quien aclara que por el timing, es difícil distinguir los efectos negativos de la estatización de las AFJP de los efectos propios de la crisis financiera internacional. Además, Gismondi estima que el efecto económico local se produjo no sólo porque las AFJP representaban “el mayor operador del mercado de capitales”, sino también por las implicancias a la seguridad jurídica en el país. “Mientras se haga todo en un marco de incertidumbre y cambio de reglas de juego, ante dos opciones similares de inversiones en distintos países, los inversores no elijen a la Argentina”, argumenta.

Según Ricardo Castiglioni, economista de Castiglioni & Tiscornia Asociados, el caso de la estatización de las AFJP se dio por una necesidad fiscal, de control de caja. “Las AFJP tenían inversiones por $100 mil millones y el 60% estaba colocado en títulos públicos, principalmente del gobierno nacional. Una vez que el Gobierno pasó a controlar la Anses a través del Fondo de Sustentabilidad, comenzó a financiar proyectos productivos, como los de energía eléctrica”, explica. Además, Castiglioni observa otra inquietud por parte del Gobierno en la estatización de las AFJP: la injerencia en las empresas privadas. Es que con este cambio, las acciones en empresas domésticas que antes poseían las AFJP pasaron a manos de la Anses. “El Gobierno posee una participación mayor al 20% del capital en más de 20 empresas. A lo largo de 2009, nombraron más de 15 directores en distintas compañías”.

Dos meses antes de la estatización de las AFJP, el Gobierno inició el proceso de expropiación de Aerolíneas Argentinas y Austral, hasta entonces controladas por el grupo español Marsans. Después de 18 años, Aerolíneas Argentinas volvió a ser del Estado. Una de las excusas oficiales más recurrentes para justificar el “rescate” de Aerolíneas respondía al discurso de que el país debía tener una aerolínea de bandera. En ese momento, la oposición denunció que con la estatización, Marsans le transfería su deuda al Estado, calculada en u$s 890 millones.

Hoy día, la empresa sigue siendo deficitaria. Según datos del Ministerio de Economía, Aerolíneas Argentinas le insumió al Gobierno $1000 millones en 2008, mientras que en 2009 el déficit se duplicó, llegando a los $2200 millones. Sin embargo, el presidente de la empresa, Mariano Recalde, negó que las pérdidas de Aerolíneas fueran de $6 millones por día. “Mientras que las AFJP le sirvieron al Gobierno en términos fiscales, Aerolíneas le insume fondos del Tesoro, así que la estatización no surge por una necesidad fiscal”, diferencia Gismondi.

Ese mismo año, la rescisión de un contrato de 22 años entre la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) y Torneos y Competencias (TyC) hizo que el Gobierno se quedara con los derechos de televisación del fútbol con fondos del Estado, y se comprometiera a pagarle a la AFA $600 millones por año durante 10 años. Con el “Fútbol para todos”, el gobierno kirchnerista posee la televisación de los partidos de fútbol de Primera A, B Nacional y Primera B. Ya para enero de 2010, giró $45 millones para financiar en la pretemporada a los clubes de la AFA.

Estado versus Mercado
A pesar de conformar una lista extensa en estos últimos años, las estatizaciones de la era kirchnerista parecen no responder a una única razón, y los especialistas consultados por Weekend difieren sobre el porqué de las decisiones que toma la pareja presidencial cuando se analiza cada una de las estatizaciones. “No son hechos aislados, sino que (las estatizaciones) forman parte de una política económica de los últimos años y se caracterizan por la desprolijidad, la falta de debate y consenso, y la poca institucionalidad con la que se realizan”, dispara Juan Miguel Massot, director del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad del Salvador (USAL). A su vez, Massot afirma que también se presenta un “problema de concepción ideológica” en el proceso de estatizaciones. “Hay una confusión entre el Estado, el Gobierno, el sector público y privado que alimenta decisiones equivocadas”, sentencia el profesor de la USAL, que define a las estatizaciones como “arreglos millonarios en los que el pueblo de la Nación no sale beneficiado”.

En contraste, Rouvier sostiene que “el kirchnerismo es estatista por defecto de lo privado más que por decisión de política económica”, al darle “un lugar conceptual más importante al Estado y relativamente menos importante al mercado”, a diferencia de lo que ocurría en los ’90. “El Estado aparece una vez que el privado fracasa como ocurrió con Aguas Argentinas y Aerolíneas. A esta altura, hay un área de actividades en que se considera que el Estado debe estar presente. El kirchnerismo está convencido de que Aerolíneas tiene que ser del Estado, y no veo ninguna intención de que vuelva a la esfera privada”, asevera el analista político.

En este contexto, Castiglioni sostiene que las estatizaciones kirchneristas responden a diferentes inquietudes del Gobierno, pero que la mayoría se relaciona con una necesidad de “control”. “En cuanto las empresas no responden a las decisiones que toma el Gobierno, hay ataques permanentes y pretende tomar control sobre las compañías para desarrollar sus políticas. Esto ocurrió con Correo Argentino y Aguas Argentinas”, ejemplifica el economista. Y agrega: “La realidad es que el Gobierno debería fortalecer todos los órganos de regulación. Por ahí pasa el tema de privatizar o no privatizar”.

Según el director general de Rouvier & Asociados, una gran asignatura pendiente, que es anterior a la llegada de los Kirchner al poder, es una “reforma del Estado” para que éste tenga la capacidad de asumir un fuerte protagonismo en materia económica. “Es necesario un Estado más eficiente, profesional y que no tenga duplicidad de funciones. Se debe alejar al Estado de los avatares de la política”, concluye Rouvier.

Noviembre de 2003
El 19 de ese mes el presidente Néstor Kirchner firma un decreto por el que se rescinde el contrato de concesión del Correo Argentino, que estaba en manos de Sociedad Macri (SOCMA) desde 1997. Es que el Gobierno no aguardó el fallo de la Cámara en lo Comercial que estudiaba un nuevo pedido de prórroga de la empresa para tratar de llegar a un acuerdo con sus acreedores, por una deuda de $900 millones. La de Correo Argentino se convierte en la primera re-estatización de la era K.

Enero de 2004
El entonces jefe de Gabinete, Alberto Fernández, anuncia que el Gobierno había decidido anular la concesión del control de espacios radioeléctricos, que hasta ese momento era explotado por la empresa francesa Thales Spectrum. Así, la facultad de monitorear y cobrar la tasa a usuarios privados del espacio radioeléctrico -que utilizan las radios de AM y FM, la telefonía celular y los canales de televisión- queda en manos de la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC).

Octubre de 2004
Se crea la empresa estatal Energía Argentina S.A. (Enarsa), con un 53% de la propiedad en manos del Estado nacional, un 12% que se distribuye entre todas las provincias y la ciudad de Buenos Aires y el 35% restante que estará abierto al capital privado. Así, la Argentina volvió a tener una petrolera del Estado. La compañía puede intervenir en el mercado de bienes energéticos, que incluye la cadena productiva de hidrocarburos, como el petróleo y el gas.

Junio de 2005
Luego de que se le anulara la concesión a la empresa Transporte Metropolitano S.A. (controlada por Sergio Taselli) por fallas e incumplimientos en la prestación del servicio, el Ferrocarril San Martín, que une Retiro y Pilar, pasa a ser operado por el Estado. Se crea la Unidad de Gestión Operativa Ferroviaria (UGOFE), que integran las otras concesionarias del sector: Ferrovias, Metrovías y Trenes de Buenos Aires (TBA), encargada de operar la línea.

Marzo de 2006
El presidente Néstor Kirchner anula la concesión de Aguas Argentinas -del grupo francés Suez-, luego de acusarlos de incumplir el contrato. Se crea Agua y Saneamientos Argentinos (Aysa), encargada de proveer del servicio de agua y cloacas a 11 millones de usuarios en la ciudad de Buenos Aires y en 17 partidos del conurbano bonaerense. El 90% de Aysa se encuentra en manos del Estado, mientras que el 10% restante está en poder de los trabajadores por medio de un Programa de Propiedad Participada (PPP).

Abril de 2007
El Gobierno publica un decreto que instruye al Ministerio de Defensa a realizar todos los actos necesarios para tomar posesión del astillero naval Tandanor. Luego de su privatización en 1991, la empresa vuelve a la órbita estatal. Hasta ese entonces, el astillero estaba gerenciado por los propios trabajadores, luego de que el accionista mayoritario se presentara en quiebra. El Estado es dueño del 90% de las acciones, mientras que los trabajadores tienen una participación del 10%.

Septiembre de 2008
El 3 de septiembre el Senado sanciona la ley que autoriza al Gobierno a proceder con el "rescate" de Aerolíneas Argentinas y Austral mediante la compra de las acciones de ambas compañías. La mayoría accionaria de ambas estaba en manos de Interinvest, empresa controlada por el grupo español Marsans. En ese contexto, la oposición denuncia que con esta ley Marsans le transferirá su deuda al Estado, calculada en u$s 890 millones. Si bien el proceso aún no ha terminado, el gerenciamiento actual es estatal.

Noviembre de 2008
Se hace en pleno contexto de crisis financiera internacional. Con 46 votos a favor, 18 en contra y una abstención, el Senado hace ley la estatización de las AFJP. Así, el Estado recibe el aporte de los 9 millones y medio de personas que hasta entonces se encontraban afiliadas al sistema de jubilaciones privado. La estatización del sistema de AFJP se traduce en una ampliación en las arcas públicas, ya que le deja al Gobierno fondos adicionales por $13.000 millones al año.

Marzo de 2009
Cristina Fernández de Kirchner anuncia que mandará al Congreso un proyecto para la nacionalización de la cordobesa Fábrica Militar de Aviones, que desde las privatizaciones de la década del ‘90 se encontraba en manos de la empresa estadounidense Lockheed Martin. En agosto de ese mismo año, el Senado aprueba y convierte en ley la estatización de la firma, que estaba en control de la ex Área Material Córdoba y cuyas acciones pasan a propiedad del Estado por $ 67 millones.

Septiembre de 2009
Con la rescisión de un contrato de 22 años entre la AFA y TyC, el Gobierno se queda con los derechos de televisación del fútbol con fondos del Estado y se compromete a pagarle a la AFA $600 millones por año durante una década. Así, se queda con la televisación de los partidos de fútbol de Primera A, B Nacional y Primera B. El Gobierno planea seguir con el "Fútbol para todos", pues este año ya giró $45 millones para financiar en la pretemporada a los clubes de la AFA.



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