Empresas: ¿Cómo sobrevivir al clima de tensión?

Empresas: ¿Cómo sobrevivir al clima de tensión?

La creciente virulencia en el reclamo sindical y ciertas conductas estatales se convirtieron en los principales desafíos legales para el sector privado. Tiempos eternos para la toma de decisiones administrativas, duplicidad y triplicidad impositiva, y huelgas que ofician de pulseadas a todo o nada, los grandes temas a resolver. El rol de la Justicia también está en la mira. 12 de Octubre 2010

Conflictos laborales, temas administrativos y cuestiones impositivas son los principales desafíos que enfrentan hoy las empresas en la Argentina, desde el punto de vista jurídico. Huelgas violentas, demoras del Estado en la toma de decisiones y multiplicidad de gabelas superpuestas representan, al decir de Julián de Diego, Héctor Mairal y Gregorio Badeni, respectivamente, tres de las principales amenazas que deben sortear las compañías en el país.

El sector privado está lejos de encontrar aliados en el Estado y en los sindicatos, quienes, por el contrario, se erigen en sendas trabas que limitan el desarrollo económico, parecen coincidir los especialistas.

“No estamos con el mismo trabajador de hace 40 años”, enmarca el escenario el laboralista Julián de Diego, presidente de De Diego & Asociados Abogados, para hablar seguidamente de la pérdida de lealtad, de sentido de pertenencia y de esfuerzo.

Sin embargo, no son precisamente los embates de la Generación Y los que deberían desvelar a las empresas, sino más bien la creciente virulencia del reclamo laboral.

En efecto, “la huelga, que era el último recurso, hoy es la primera opción”. La huelga se presenta como un acto de presión, dice De Diego. “Aparece el boicot, el sabotaje y, sobre todo, la violencia contra los que quieren trabajar y contra la empresa. El poder de daño define el resultado de la huelga”, describe el especialista (ver Mapa de Conflicto).

A esto se suma la “total ausencia de la autoridad administrativa y de los jueces en los casos de violencia que ponen en riesgo, incluso, la vida de las personas”, cuestiona.

Hoy, el conflicto busca extender el daño a toda la sociedad con afectación de los derechos de los transeúntes y de los comerciantes que trabajan en el área de influencia, agrega. “De allí, la importancia de ponerle un límite claro a esta forma de reclamo".

En esa línea, apunta que las empresas se ven envueltas cada vez más en conflictos intersindicales, que las llevan a un estado asambleario permanente (Metrovías, por ejemplo).

En este escenario, “para colmo, hay una justicia laboral que no se reconcilia y nunca se reconcilió con el sector empresario”, dice De Diego y remata: “Esto se traduce en situaciones arbitrarias que derivan en la acumulación de contingencias”.

El Estado
Si la fuerza sindical representa un enorme desafío para el sector corporativo, ciertas conductas del Estado no pueden menos que ser vistas como barreras muy difíciles de franquear.

En primer término, para Héctor Mairal, socio de Marval O"Farrell & Mairal, hay que derogar la Ley de Abastecimiento. “Se trata de una ley de vasallaje, antimercado”, comenta y amplía que mientras exista mantendrá a los empresarios “subyugados al poder político”.

Sucede que la norma prevé penas de hasta cuatro años de cárcel por prácticas empresarias que, en el giro económico diario, son continuas, habituales y normales, explica. “La Ley de Abastecimiento, técnicamente, no está vigente, pero conseguir que un juez diga esto antes de que la Corte Suprema se pronuncie, es dificilísimo”, analiza quien es considerado por sus pares como el mejor abogado de la City, de acuerdo con el Ranking de Abogados que realiza anualmente la revista APERTURA.

En otra línea, el decano de la abogacía corporativa dice que hay que eliminar el problema de la demora del Estado en decidir, incompatible con una economía eficiente. “Hace falta establecer una norma que diga que, cuando el Estado exige una autorización al administrado, si no se la deniega en plazo se la considera aprobada tácitamente”, opina.

Es que, para el especialista, en el estado actual de las cosas, la lentitud en la toma de decisiones genera un terreno fértil para la corrupción. Se trata de una “extorsión cotidiana del silencio del Estado”, sentencia.

“Hay que autorizar la indexación nuevamente”, agrega Mairal, con miras a lograr un sinceramiento de los contratos de largo plazo.

Por otra parte, el letrado advierte sobre el “serio problema para el próximo gobierno” en relación con los laudos del CIADI, en tanto que, en el plano interno, desea una relación más equilibrada entre contratistas y Estado.

“Hace falta una nueva ley de contratos con el Estado. (Conforme a ella) habría que crear un tribunal arbitral ad hoc para cada contrato entre el Estado y los privados”, pregona.

Es que, en la actualidad, por ejemplo, ante la falta de pago por parte del Estado, el contratista no sabe en qué momento puede rescindir el acuerdo o dejar de realizar la contraprestación sin ser considerado él mismo infractor.

Para el name partner del estudio jurídico más grande de la Argentina, es necesario que la sociedad aprenda a respetar los derechos de los empresarios. “Los países del primer mundo respetan a los empresarios. En la Argentina, se los rechaza”, lamenta.

El Fisco
Cuando el poder fiscal se ejerce de manera arbitraria impera la ilegitimidad y se distorsiona el sistema económico, se fomenta la evasión y hasta se producen ciertos hechos políticos de magnitud, alertan los especialistas.

Antes de hablar de la Argentina, Greogorio Badeni, titular del estudio Badeni & Gagliardo Abogados, menciona a la revolución francesa, a la estadounidense e, incluso, a la local, la de Mayo, como casos concretos en que un sistema tributario considerado injusto terminó por modificar la realidad de las cosas.

Para el ciudadano común, son ilegítimos los productos fiscales exóticos, que incrementan arbitrariamente el monto de los gravámenes, así como toda actividad de la autoridad que desemboca en el dispendio de los recursos fiscales, describe.

Desde el punto de vista corporativo y entre las principales trabas que encuentran las empresas en la Argentina destaca: la imposibilidad de deducir el gasto en salud y en educación privada cuando el Estado no brinda opciones de calidad; la doble imposición avalada por la Corte; el gravamen al ahorro, y el gasto complementario, que implica la creación de nuevas fuentes de trabajo.

En materia tributaria, Badeni también cuestiona el ejercicio de facultades propiamente judiciales por parte de organismos recaudatorios (entre los que menciona a los embargos), y destaca que hay provincias y municipios que no se sujetan a las normas de fondo y “gravan materias federales, perturban el comercio interjurisdiccional e internacional, y hasta la circulación personal”, debido al “fracaso de la coparticipación federal”.

Justamente, en materia judicial existe en teoría un principio que establece que, en caso de duda, se debe estar a favor del contribuyente y no del Fisco, aunque se trata de una máxima que en la Argentina los jueces no aplican.

En la práctica, ejemplifica Badeni, en materia fiscal impera el principio del solve et repete, algo así como un pague primero, quéjese después y, si tiene razón -y se la dan-, podrá recuperar lo abonado con una tasa de interés mucho menor que la que le corren si no paga en tiempo.



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