Directores de la ANSeS: capítulo II

Cuál puede ser la injerencia de los representantes del Estado en las empresas. El enfrentamiento con Techint en la Justicia y los nombres detrás del conflicto. 05 de Julio 2011
El decreto de necesidad y urgencia 441 del 13 de abril cambió, una vez más, el escenario de manera sorpresiva. La derogación del límite del 5 por ciento que la ANSeS poseía para ejercer su derecho a voto en las empresas donde heredó acciones –tal cual estableció en 2008 la ley que nacionalizó las AFJP– reavivó fantasmas agitados hace dos años, en versión recargada. El organismo cuenta, ahora, con la facultad de designar directores en las compañías de acuerdo a su verdadera participación en el paquete, y así lo hizo valer en las asambleas realizadas en las últimas semanas. En casi todos los casos, los accionistas controlantes (Consultatio, Banco Macro, Grupo Financiero Galicia, entre otros) aceptaron sin mayores cuestionamientos las nuevas reglas de juego, en otra muestra del pragmatismo que suele exhibir el empresariado local. Sólo una osó resistirse: el Grupo Techint. Y el enfrentamiento entró en terreno judicial.

La pelea entre Siderar –la productora de aceros planos de la familia Rocca– y el Gobierno por los nombramientos en el directorio conforma el capítulo central de la ofensiva sobre el sector privado versión 2011. Un avance que vuelve a poner sobre la mesa inquietudes no menores que provocan ruido en el ámbito corporativo: ¿hasta qué punto puede un director influir en las decisiones de una firma? ¿Cuál es el alcance de sus atribuciones? ¿Qué habrá que esperar de acá en más en las reuniones de los boards? El temor inicial que reapareció apenas se conoció el decreto fue qué ocurrirá con el manejo de información sensible a la que accede todo director, y cuál puede ser el uso que le dé el representante de la ANSeS a esos datos. La convivencia con los directores nombrados en 2009 no generó inconvenientes, admiten en las propias empresas, pero el cambio repentino de la ley encendió señales de alerta. “Si bien se trata de compañías abiertas, supervisadas por la CNV (Comisión Nacional de Valores) y con sus balances públicos, siempre queda la duda de qué hará el representante de la ANSeS cuando se enfrente a una información en la que juzgue que hay conflicto de interés con lo que quiere el Estado. Por ejemplo, si el directorio está analizando subir precios, o la compra de un competidor”, señala un societarista que asesora empresas con cotización pública. “Es un resquemor que ya se dio hace dos años y luego no se cumplió, pero ahora renace porque las intenciones de fondo del Gobierno no quedan claras”, agrega otro abogado, que pide reserva de identidad. “La presión que puede ejercer el Estado a través de sus distintos organismos reguladores es altísima si pretende complicarle la vida a una empresa”.

“Fue un decreto hecho para Techint”, la explicación que dejó trascender el oficialismo respecto de las motivaciones escondidas y que sonó creíble a los oídos de muchos empresarios. La ANSeS tiene en la mira el reparto de dividendos no asignados en ejercicios anteriores (unos $ 5900 millones, de acuerdo con sus propias cifras) y busca presionar a través de sus directores para hacerse de esos fondos. Ese es el primer objetivo admitido abiertamente por el Gobierno. El segundo, luego de la búsqueda de la “caja”: influir en decisiones de inversión o, por qué no, en la conducta comercial, como afirmó públicamente el candidato de la discordia a sumarse a Siderar e integrante de La Cámpora, el economista Axel Kicillof. ¿Puede conseguirlo la ANSeS, aun cuando sus representantes están en minoría en los directorios que integran? ¿Cuáles serán sus márgenes de acción?

Cuestión de lealtad
Las interpretaciones sobre el rol del director reviven entre los especialistas y se transforman en uno de los ejes sobre los que podría asentarse la pelea en algunos directorios, si los accionistas mayoritarios –claro está– adoptan posturas poco contemplativas con las demandas del organismo. Según reza la ley, un director se debe a la sociedad, pero, ¿cuánta distancia guardan en realidad con el accionista que los colocó allí? “Las normas legales establecen algunas pautas prohibitivas para los directores, como la participación en las deliberaciones cuando directa o indirectamente tenga interés contrario. También la de intervenir en actividades en competencia”, recuerda Rafael Manóvil, socio de M.& M. Bomchil, quien descree de la independencia que pueda ejercer el representante del ente previsional en su función. “Directores designados por cualquier centro de poder que participen de directorios pero estén, en realidad, al servicio de otro centro de poder, no importa si es público o privado, son un factor de perturbación. El conflicto de interés será permanente”, sentencia.

Más allá de quién lo designe, insiste Manóvil, el director debe actuar con la diligencia del buen hombre de negocios y guardar lealtad a la sociedad ante todo. Es decir, que el interés de la compañía está por sobre el de los accionistas –un punto a considerar si se debate repartir dividendos o reinvertir utilidades, por caso. “Es el error de concepto básico que hay en esta discusión –observa–. Un director está a cargo de la administración de los negocios sociales y debe ocuparse de eso. No de ir corriendo a contarle al jefe de la ANSeS qué es lo que pasa en la empresa, o de representar los intereses del Estado”.

No es lo que piensa, por cierto, Ricardo Nissen, otro reconocido societarista que juega un papel relevante por estos días, como responsable de la estrategia legal que adoptó la ANSeS para aumentar su peso en los directorios. “Todos los accionistas designan sus directores, es una falacia creer que no lo hacen. Una vez que llegan al directorio, deben defender el interés social y no creo que los directores estatales no lo hagan. Van a querer cumplir con la ley”, responde. “Son un representante del Estado, como los otros directores representan a los accionistas que los nombraron”, amplía.

Para Nissen, un director tiene funciones muy amplias y hasta una gravitación en los asuntos cotidianos de la compañía que otros abogados ven restringida a aprobar los planes estratégicos. “Entra, abre cajones, pide información o la busca él solo, puede convocar a una reunión al gerente General. ¿Qué hace un accionista si no tiene un director que lo represente? ¿Se limita a pedir información a la sindicatura? El director le consigue información, es indirectamente un empleado del accionista. Al que hay que cuidar es al accionista que puso la plata, no al director”, dispara.

En esa línea, el ex titular de la Inspección General de Justicia entre 2003 y 2005 dice que es una ingenuidad creer que un director no le pasa información al accionista que lo nombró. “Es obvio que sucede eso. ¿O vamos a creer que el director de un accionista mayoritario no le da información tampoco?”. Y amplía el concepto de lo que, a su entender, es la confidencialidad que debe guardar el directivo: “Si una empresa viola la ley, una resolución de la Secretaría de Comercio, o toma empleados en negro, el director del Estado no los va a dejar. La confidencialidad está ligada a no transmitir una política comercial o industrial para que no llegue a la competencia”. 

Que conste en actas
Lo que podría suceder de acá en más en algunos directorios con participación estatal si el representante de la ANSeS no funciona en sintonía con sus pares, proyectan varios abogados, es la típica disputa entre accionistas mayoritarios y minoritarios, que suele resolverse entre privados cuando el primero le compra las acciones al segundo. Una opción que no aplica en este caso, ya que la ANSeS pretende mantener sus tenencias. “Cuando hay un director que no se mueve en la misma dirección que los demás, los procesos de decisión se vuelven naturalmente más lentos y muy burocráticos. Las formalidades ganan espacio y todos se cuidan de lo que dicen”, apunta Siro Astolfi, socio de Bruchou, Fernández Madero & Lombardi. “Lo que suele hacer un minoritario es tratar de demorar las decisiones, con artilugios como pedir que se respete el orden del día y reclamar el tiempo necesario para acceder a la información. Eso molesta a los grupos de control que estaban acostumbrados a tomar decisiones rápidas”, complementa Ricardo Castañeda, socio de Estudio O’Farrell. “Las decisiones deben ser tomadas con amplio conocimiento del caso y bien fundadas, si se pretenden reducir posibles conflictos. Que todo quede acreditado en actas”, aporta Rafael Algorta, societarista de Tanoira Cassagne Abogados. El campo de discusión sobre la gestión de una compañía es tan amplio, admiten los abogados, que siempre habrá opiniones encontradas.

Para Manóvil, un director “díscolo” no puede trabar decisiones, que salen por mayoría, pero sí “perturbar el funcionamiento de la empresa mediante planteos formales, políticos o existenciales, una manera de impedir que los demás trabajen”. Aunque, en la práctica, muchos directorios que quieren evitar a un director se reúnen antes a solas y llegan a la mesa con las decisiones tomadas, es una estrategia de patas cortas, advierte. “El díscolo o minoritario tiene la facultad de obtener toda la información que necesite, y aunque sea vencido en una votación, puede dejar sentado su punto en contrario, informarse y promover suficientes acciones para que no lo dejen privado de su derecho”, explica. Esto incluye, obviamente, el recurso de impugnar decisiones y acudir a la Justicia Comercial para pedir la nulidad del acto. ¿Llevará la ANSeS a ese plano las eventuales discusiones, como ya hizo en el caso de la asamblea de Siderar?

“Puede impugnar decisiones, sí”, sostiene Nissen, histórico defensor de los derechos de los tenedores minoritarios. “Al accionista mayoritario le molesta que el minoritario meta su bocadillo en una discusión. Es verdad que los conflictos suelen terminar cuando vende, pero lo termina haciendo porque no le pagan dividendos y le retacean información”, refuta, y subraya: “Hay un 99 por ciento más de fallos que sancionan el abuso de mayorías antes que de minorías en la justicia”.

Del otro lado, si hubiera una determinación política de llevar el enfrentamiento al extremo, los miembros del directorio podrían imputarle al díscolo falta de lealtad a la sociedad –por entregar información a un tercero, entre otros motivos– y convocar a una asamblea para pedir su remoción con causa. Pero no es un escenario que se dé frecuentemente y nadie lo prevé, a decir verdad, en los boards de las cotizantes. Los bancos, por ejemplo, mantienen una inte-racción estrecha con el Banco Central e incluso con la propia ANSeS, como gran depositante. El círculo se cierra otra vez sobre el caso de Techint.

Será la Justicia la que tendrá la última palabra ante eventuales impugnaciones y cuestionamientos del accionista minoritario, si se diera ese escenario. Pero los jueces no se involucran en decisiones de negocios que para una parte pueden ser acertadas y para la otra no, explican los abogados. Se concentran en verificar si se vulneraron derechos. El capítulo II de los tironeos empresas-ANSeS recién comienza.



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