Cristina quiere ser socia del club de las petroleras estatales

Cristina quiere ser socia del club de las petroleras estatales

La pretensión del Gobierno de avanzar en el control de YPF como solución a los problemas energéticos que sufre el país encuentra paralelo en buena parte de los países de la región, donde el petróleo está en manos del estado. Mientras Venezuela, Bolivia, Perú, México y Chile lo suscriben, Brasil tiene un modelo mixto. Pero la gestión pública no es necesariamente clave de éxito. 12 de Abril 2012

El día en que el proyecto de ley para la expropiación del 50,11 por cient de las acciones de YPF llegó al Congreso, Cristina Fernández dará un discurso a las 19 horas en el que, todo indica, pasará a ser socia de un club bastante exclusivo: el de las petroleras estatales.

A mitad de marzo de este año, el suplemento We adelantaba los pormenores del mundo de las compañías de crudo controladas por los gobiernos latinoamericanos.

La tentación de controlar una importante petrolera como YPF, justo cuando los precios internacionales del barril se mantienen en torno a los US$ 100 y prometen garantizar ingentes ganancias durante los próximos años; la capitalización política a favor del Gobierno de una medida que cuenta con el respaldo de gran parte de la sociedad; y la construcción retórica según la cual la intervención de YPF sería el primer paso para revertir la crisis energética que atraviesa el país, acentuada por el aumento de las importaciones de gas y gasoil, figuran entre las razones que baraja el Poder Ejecutivo para presionar hacia una reestatización.

Ahora bien, ¿son exitosos los modelos de petroleras bajo gestión pública que existen en la región? Dar una respuesta unívoca o concluyente es arriesgado. Conviene analizar cada caso en particular.

La trayectoria de Petrobras, abanderada entre las operadoras de capital mixto, es una cita común entre los defensores del modelo de control del Estado, que posee un 51 por ciento del paquete accionario de la empresa (el resto está en manos de inversores privados). La petrolera se convirtió en 2011 en una de las 10 compañías de mayor capitalización bursátil del planeta: ocupó el octavo lugar en el ranking de la consultora Ernst & Young. A partir de un constante esfuerzo en Investigación & Desarrollo y de enormes inversiones en exploración (el presupuesto 2011-2015 asciende a u$s 274.000 millones), Petrobras desarrolló tecnología offshore propia -utilizada para perforar campos en aguas ultra profundas, de más de 7000 metros de profundidad- con la que descubrió en los últimos años varios yacimientos gigantes de hidrocarburos. De ser una petrolera de mediana envergadura en los "80, la empresa brasileña pasó a ser un referente de la industria a nivel mundial, con una producción de 2,73 millones de barriles de petróleo equivalente por día (boe/d) y con un horizonte de reservas en la formación conocida como "Pre-sal" para garantizar el abastecimiento energético del país durante las siguientes décadas.

Ecopetrol -la empresa estatal de Colombia- busca seguir un camino similar al trazado por Petrobras. La compañía, que en 2011 alcanzó el record histórico de producción de crudo con más de 750.000 boe/d, salió al mercado de capitales en 2007 y hoy cotiza en la Bolsa de Valores de Colombia y en la de Nueva York en forma simultánea.

100 por ciento estatal
A su vez, existen en la región antecedentes de gobiernos que modificaron el marco regulatorio para elevar su participación en la renta del negocio hidrocarburífero. El de Bolivia es el más cercano, en tiempo y distancia.

Desde el arribo del presidente Evo Morales al poder en 2006, el Estado del país del Altiplano sancionó una nueva Ley de Hidrocarburos, monopolizó la comercialización de petróleo y gas bajo la órbita de YPFB -la petrolera estatal- e incrementó sideralmente la carga fiscal que rige sobre el sector a partir de la creación del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), que equivale al 32 por ciento de lo facturado por las empresas.

También Ecuador sancionó en 2010 -bajo el mandato del presidente Rafael Correa- una nueva norma de hidrocarburos, que modificó la forma contractual entre el Estado y a las operadoras privadas. De contratos de "participación", en los que las compañías se quedaban con parte del crudo extraído, se pasó a otros de "prestación de servicios", donde el Estado es dueño del 100 por ciento del petróleo y paga a las empresas una tarifa especial definida función de las inversiones realizadas.

Ambos casos, tanto el boliviano como el ecuatoriano, cuentan similitudes con relación al proceso encarado por el gobierno de Venezuela, presidida por Hugo Chávez, que en 2007 puso bajo control de PDVSA -por medio del Decreto 5200- la operación de la Faja Petrolífera del Orinoco, uno de los mayores reservorios del planeta. La medida desembocó en una serie de juicios ante arbitrajes internacionales contra las multinacionales que explotaban crudo en el área. Para dimensionar los diferendos, basta decir que las norteamericanas ExxonMobil y ConocoPhillips introdujeron demandas contra Venezuela por más de US$ 40.000 millones a modo de compensación por retirarse de los yacimientos.

Para el ex secretario de Energía Alieto Guadagni, sin embargo, el caso argentino difiere de forma sustancia con relación a los tres anteriores. A diferencia de Bolivia, que posee un pequeño mercado interno de hidrocarburos, el parque gasífero nacional es uno de los más amplios -medido en porcentaje- a nivel mundial. Y Venezuela certificó depósitos por 297.000 millones de barriles de petróleo, y amenaza con desplazar a Arabia Saudita de la cima del ranking entre los mayores reservorios del planeta. A años luz de lo sucedido aquí, donde las reservas argentinas de gas se desplomaron un 53 por ciento desde 2000 y las de petróleo, un 12 por ciento.

Sin precedentes
"No existen país en el mundo que dependa tanto del gas en su matriz energética (superior al 51 por ciento) con un horizonte de reservas inferior a los 10 años", advierte Guadagni. Rusia, donde el fluido explica un 53 por ciento del consumo, cuenta con recursos por 76 años, y Argelia, con un 63 por ciento, tiene un horizonte de 56 años, para citar sólo dos ejemplos. "La situación argentina es única, no dispone de margen de error", señala a WE el ex funcionario. En ese escenario se enmarcaría una posible intervención o estatización de YPF, de Repsol (57,46 por ciento del capital) y el Grupo Petersen, de la familia Eskenazi, que con un 25 por ciento controla el managment de la compañía. La petrolera aporta un 34 por ciento de la oferta de crudo del país, y un 22 por ciento del gas. Refina, además, seis de cada 10 litros de combustibles que se consumen en surtidores.

En los despachos oficiales señalan a la operadora como la responsable del incremento exponencial de las importaciones de energía, fundamentalmente de gas, que el año pasado provocó la fuga de US$ 9396 millones. Pero algunos analistas eligen otro enfoque: "La inversión fue insuficiente, pero la responsabilidad primaria es de la política energética. Desde la óptica del Gobierno, me parece que ahora están buscando un chivo expiatorio, que es YPF", analiza Jorge Lapeña, otro ex secretario de Energía. El especialista se pregunta, a su vez, cómo obtendría el Estado los fondos, en el caso de una hipotética nacionalización, para financiar el presupuesto de exploración y producción de YPF (el año pasado, la petrolera invirtió US$ 3300 millones). Ese suele ser, precisamente, el talón de Aquiles de la mayoría de los procesos de estatización del negocio petrolero.

Inversiones se buscan
En Bolivia, por ejemplo, la producción de gas se mantuvo invariante desde 2006 en torno a los 45 millones de metros cúbicos diarios (MMm3/d). "Desde que se dictó en 2007 el decreto "Héroes del Chaco" (nombre que recibió la norma que estableció la nacionalización), que ungió a YPFB como interventor del mercado, la mayoría de las empresas privadas sólo realizó inversiones para mantener la oferta. Pero congeló los planes de expansión.
Según los contratos firmados, este año la oferta debería llegar a los 54 MMm3/d, pero será difícil alcanzar esa cifra", indica Héctor García, de la consultora Resources Energy Consulting, que presta servicios en Bolivia.

El Estado se queda con el 50 por ciento de la renta que genera la comercialización del fluido: el IDH representa un 32 por ciento y las regalías, un 18 por ciento. A su vez, YPFB obtiene la mitad de las utilidades netas de la venta una vez descontados los costos de producción. La petrolera estatal avanzó también sobre las dos principales compañías privadas del sector: Andina, donde hoy tiene como socio minoritario a Repsol, y Chaco, ex controlada por PAE, de la familia Bulgheroni, que inició un juicio por lo que consideró una expropiación indebida. "El problema son las reservas, que cayeron de 13 a 9,6 trillones de pies cúbicos (TCF"s) en cuatro años", advierte García.

El saldo a favor del proceso de nacionalización de Bolivia se deja traslucir en las arcas públicas. Por el aumento de la carga impositiva, el aporte de la industria hidrocarburífera al Tesoro fue de US$ 2,296 millones entre 2005 y 2010, un 334,6 por ciento más que en el lustro anterior (526 millones).
En Ecuador, el sector petrolero aún se está acomodando al nuevo marco regulatorio, que otorgó poder discrecional a la petrolera pública -Petroecuador- para licitar nuevos yacimientos a fin de elevar la exportación de crudo, que financia un 25 por ciento del presupuesto. Aún resta, sin embargo, saber cuál será la recepción de las petroleras privadas.

Venezuela, en tanto, acentuó el modelo boliviano: fijó en un 33,2 por ciento las regalías que deben pagar las petroleras que operan en la Faja del Orinoco, y elevó al 50 por ciento el Impuesto sobre la Renta que pesa para los privados. El proceso desencadenó la renegociación de todos los contratos privados: algunas empresas protestaron la medida ante la Justicia y se retiraron del mercado (ExxonMobil y Conoco Phillips), otras convinieron un pago por su salida (PetroCanadá), y un grupo -la noruega Statoil , la francesa Total y la norteamericana Chevron- resignó acciones para seguir produciendo en el país.

Los defensores de la nacionalización resaltan que desde 2006, las reservas petroleras de Venezuela más que se triplicaron: pasaron de 80.000 millones de barriles a los actuales 297.000 millones. Pero desde la otra vereda cuestionan el alto endeudamiento de PDVSA, que en diciembre aceptó deudas por US$ 34.892 millones (40 por ciento más que en 2012), y la escasez de financiamiento para poner en valor los recursos de la Faja.



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