Cortocircuito institucional: el Gobierno echa a Redrado por decreto

Cortocircuito institucional: el Gobierno echa a Redrado por decreto

La Presidenta Cristina Fernández de Kirchner firmó un decreto, refrendado por todos los ministros, mediante el cual se dispone la remoción del presidente del Banco Central, Martín Redrado. Su vice Miguel Angel Pesce tomaría el timón en la entidad. La razón:"‘por mala conducta e incumplimiento de los deberes de funcionario público". Sin embargo, según la Carta Órgánica del BCRA y opiniones de constitucionalistas, la medida sería ilegal. 07 de Enero 2010

Finalmente los nervios pudieron más. La presidenta Cristina Fernández Kirchner firmó el jueves un decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que remueve a Martín Redrado de la titularidad del Banco Central (BCRA). La medida contó con la firma de la totalidad de su gabinete. Algunos de los ministro debieron retornar de urgencia de sus lugares de vacaciones. Por la medida, el hasta ahora vicepresidente del BCRA Miguel Ángel Pesce se interinamente tomaría la conducción del banco.

La incógnita que se cierne sobre la medida es su legalidad. Según recordó el constitucionalista, Gregorio Baden, en declaraciones radiales el jueves por la tarde, la validez de tal decreto se basa en un paso previo, que tendría su fundamento en el artículo 9 de la carta orgánica del Banco Central. Este indica: “La remoción de los miembros del directorio será decretada por el Poder Ejecutivo Nacional cuando mediare mala conducta o incumplimiento de los deberes de funcionario público, debiéndose contar para ello con el previo consejo de una comisión del Honorable Congreso de la Nación.” (ver foto 2).

La carta que rige la actividad y los límites de la autoridad monetaria indica que esta comisión debería ser convocada por el vicepresidente de turno de la Nación tras ser notificado por el titular del ejecutivo, invocando "una causal de remoción del titular" de la entidad. Por boca del jefe de Gabinete, Anibal Fernández, el Gobierno se autoexcusó de cumplir con la exigencia. La razón: el dictamen de la comisión no tiene carácter vinculante. Los dichos de Fernández fueron convalidados poco después por el ministro de Economía, Amado Boudou, desde las puertas de la Casa Rosada en declaraciones a la prensa. “Ciertamente, como la opinión de la comisión no es vinculante, no hace a las atribuciones de la decisión de la Presidenta”, declaró Boudou. Poco después, el constitucionalista Felix Loñ, desacreditó tal postura, aduciendo: "Soslayar una opinión del Congreso es generar un conflicto".

La respuesta desde todo el arco opositor no se hizo esperar. Tanto Lilita Carrió como también antiguos diputados oficialistas anunciaron que, en los próximos horas, iniciarían medidas judiciales contra la ofensiva del Gobierno. El ex presidente del Banco Central y hoy Diputado (Coalición Cívica), Alfonso Prat Gay, comentó: "Es realmente preocupante el avance del patoterismo de este Gobierno. Lo que nos toca ahora es asegurarnos en cumplir la ley." A su vez, José Luís Juez, senador por Córdoba, declaró: "Redrado tiene que esperar hasta que el que lo puso en su cargo lo remueva y ése es el Senado. No puede irse antes". En declaraciones ante la cadena TN, el diputado Pino Solanas invitó: "Todos los partidos opositores deben iniciar causas penales contra este Gobierno".

Al cierre de esta edición, Redrado se mantenía reunido en sus oficinas con sus abogados para analizar los paso a seguir. Como una primera respuesta al decreto de la Casa Rosada, el titular del BCRA publicó un dictamen de la Gerencia Principal de Estudios y Dictámenes Jurídicos del BCRA. Este informaba que el uso de reservas para pagar deuda exige el aval del Congreso. El mismo Redrado había pedido días atrás un dictamen al respecto para justificar su negativa a transferir los US$ 6.500 desde las reservas del Banco Central a una cuenta de libre disponibilidad del Ejecutivo.



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