Cobertura total

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La explosión de los litigios de accidentes de trabajo y la siniestralidad en automóviles impulsan la práctica de seguros. Quiénes son los referentes. 15 de Octubre 2010
Demandas por accidentes de trabajo: 49 por ciento de incremento interanual en el primer semestre. Alrededor de un millón de siniestros al año en automóviles y 100.000 juicios en trámite. Casos de responsabilidad civil general en auge. Complejidad regulatoria en alza. Los abogados especializados en seguros pueden afirmar que están bien cubiertos, laboralmente hablando.

“De los grandes temas que atañen al sector, la litigiosidad que sufren las ART (Aseguradora de Riesgos de Trabajo) es, hoy, el más importante”, apunta Carlos Estebenet, socio director de Bulló, Tassi, Estebenet, Lipera, Torassa Abogados, uno de los estudios referentes en el área de seguros, que atiende a clientes como Mapfre, HSBC La Buenos Aires, Consolidar, La Caja, Zurich y la Unión de ART, entre otros. La cartera de juicios relacionados con accidentes de trabajo que lleva el bufete creció 20 por ciento en 2009 y superó ese porcentaje en lo que va de este año, en un reflejo de lo que viene sucediendo en los tribunales. De acuerdo con datos de la Unión de ART, los litigios subieron 49 por ciento en el primer semestre, en comparación con igual período de 2009, y alcanzarían los 61.900 en todo el año. Entre enero de 2002 y junio último se iniciaron 140.000 juicios.

“El régimen de ART no está roto, da cobertura a 8 millones de personas. Pero sufre una deformación no prevista, que es la litigiosidad”, explica Carlos Gustavo Marín Rodríguez, socio de Bulló especializado en el sector. La ola de juicios, indican en la firma, comenzó poco tiempo antes del resonante fallo “Aquino”, de la Corte Suprema de Justicia de octubre de 2004, que declaró la inconstitucionalidad del artículo 39 de la ley de riesgos de trabajo y abrió la puerta a los reclamos de indemnizaciones por la vía civil.

“Parte de la litigiosidad tiene que ver con reclamos de responsabilidad civil, pero la mayoría están relacionados con las contingencias cubiertas y bajo qué reglas se determinan”, amplía Marín Rodríguez. Otro fallo de la Corte, de septiembre de 2004 (previo a la sentencia “Aquino”), estableció que los accidentes laborales, como asuntos de materia común, debían ser apelados a los tribunales ordinarios y no al fuero federal. Desde ese momento –dicen los abogados–, muchos jueces comenzaron a dictar sentencias sin tomar en cuenta el mismo baremo (tabla para la evaluación de las incapacidades laborales) que emplean las comisiones médicas previstas en el régimen de ART. Consecuencia: los pleitos se centraron en la discusión de los montos indemnizatorios fijados por los accidentes y el porcentaje de incapacidad determinado. “No se discute el hecho ni la responsabilidad, sino que el baremo de la comisión médica le dio un 10 por ciento de incapacidad, y la persona pide al juez una revisión porque no está conforme”, resume Estebenet.

Pero el régimen de ART traía consigo un gran inconveniente relacionado –muchos creen que directamente– con los juicios: el tope de $ 180.000 al monto indemnizatorio, que se mantuvo sin actualización durante nueve años, a pesar de la inflación acumulada. El decreto 1694 de noviembre de 2009 intentó corregir esa situación, al eliminar el techo y fijar esa misma suma como piso. Si bien algunos especialistas creen que aún es prematuro para saber si logrará disminuir el volumen de juicios –al actualizar los montos resarcitorios–, otros son escépticos. “La reforma al régimen sigue siempre pendiente y las medidas oficiales echaron más nafta al fuego, incentivando la industria del juicio”, dispara Diego Silva Ortiz, socio fundador de Silva Ortiz, Alfonso, Pavic & Louge Abogados, estudio con 10 años en el mercado que  asesora, entre otras, a Liberty, Consolidar, La Caja ART, SMG Seguros, Allianz y El Comercio. “Realmente hay una industria, con estructuras comerciales muy armadas detrás, que aprovechan ciertas fallas en el funcionamiento de la justicia para iniciar pleitos”, completa.

Sus socios Sergio Alfonso y Adrián Louge agregan que en el interior del país –Córdoba, Mendoza, Rosario– el auge del litigio es más intenso y los montos subieron significativamente, a pesar del decreto. De los 10.000 juicios en todas las ramas del seguro que lleva el estudio (creció al 25 por ciento anual en el último lustro), la mitad está radicada en las provincias. “Un mismo caso tiene una solución diferente de acuerdo al bolillero que le toque en el sorteo del juzgado. Pero no es culpa de los jueces, sino de una norma que fue declarada inconstitucional y sólo subsiste formalmente”, insiste Silva Ortiz. “En accidentes laborales, no cuesta dinero hacer el reclamo. Hay un acceso muy fácil a la justicia, y eso termina incentivando el litigio, en una dimensión que no tiene. Los ciclos se repiten”, sentencia Juan Carlos Etchebehere, socio de Nicholson y Cano, que asesora al Grupo HSBC, Consolidar, Asociart, La Mercantil Andina y AVIRA (la cámara de aseguradoras de vida y retiro), entre otras, y gestiona unos 2000 juicios.

El arreglo
Las otras ramas del seguro también presentan su propia problemática. “Hay muchos reclamos por responsabilidad civil general, que implican a profesionales en su accionar, como médicos, arquitectos o ingenieros”, señala Federico Vidal Raffo, name partner de López Saavedra, Armando, Esnaola & Vidal Raffo, otro de los estudios reconocidos en la práctica, con clientes como Royal & Sun Alliance, La Meridional, Chubb, Allianz, SMG, Liberty y Boston (al igual que los bancos, las aseguradoras reparten sus asuntos entre varios estudios). “La responsabilidad civil abarca, a su vez, a los productos elaborados, donde las demandas suelen afectar a toda la cadena: fabricante, distribuidor y vendedor”, agrega. De las tres instancias en las que interviene el estudio en el caso de un siniestro –prejudicial, mediación y litigio, si no queda otra opción–, la primera es la de mayor crecimiento, dice Vidal Raffo. “Las compañías buscan liquidar lo más rápido posible el siniestro automotor, porque les sale más barato. Cuanto más avanza un juicio, peor es, porque las sentencias están fijando montos indemnizatorios altos y aplican la tasa de interés activa, que puede implicar hasta un 250 por ciento más si el litigio lleva varios años”, explica.

Por ese motivo, las aseguradoras tienen puestos sus cañones en la negociación prejudicial, y dan intervención lo más rápido posible a los abogados, para que intenten cerrar el siniestro sin llegar a la mediación o, en su defecto, durante esa instancia. El número de siniestros vinculados con el rubro automotor rondó entre 900.000 /1 millón en los últimos años, mientras que los litigios registrados ascienden hoy a unos 100.000 (el 66 por ciento del total del sector). De todos modos, los juicios mantienen una lenta, pero constante, tendencia alcista en todo el país, observa Ignacio Villarroel, socio de López Saavedra. “Los litigios que llevamos crecieron 12 por ciento en 2009 respecto de 2008, y 15 por ciento en el primer semestre de este año”, detalla.

Otro punto que afecta al sector son las causas de defensa del consumidor, aporta Martín Argañaraz Luque, socio de Allende & Brea. “Las compañías están recibiendo demandas por la venta de productos masivos, donde las asociaciones de defensa del consumidor reclaman sobreprecios en determinadas primas. Es un asunto candente para muchas empresas que venden seguros con primas muy bajas”, sostiene. Argañaraz Luque –quien trabajó en el mercado asegurador de Londres antes de desembarcar en A&B en 2003– observa, a su vez, un crecimiento en los controles de parte de la Superintendencia de Seguros (SSN). “Está mucho más estricta en el cumplimiento de la regulación, las autorizaciones y las primas que se cobran. Es un tema que viene muy fuerte, en toda la región”, asegura.

La práctica de seguros en Allende & Brea creció un 200 por ciento en los últimos siete años y 30 por ciento en los últimos dos, indica el abogado. “Es un área que puede ser rentable si se tiene una estructura sin mucho costo y que apunte a resolver los temas rápidamente, es decir, transando”, revela. Sus clientes son, casi en su totalidad, filiales de compañías extranjeras (Zurich, MetLife, AIG/Chartis, Allianz, entre otros). También atiende a reaseguradoras internacionales, como Lloyds of London, Scor, Axis Re y Ace, un nicho en el que logró posicionarse.
En el aspecto regulatorio, una resolución de junio último de la SSN referida a los seguros de saldo deudor en préstamos financieros y tarjetas de crédito generó un importante volumen de consultas, señala María Fraguas, socia de Nicholson y Cano. “Obligará a adecuaciones de esos productos en cuanto a la información que debe recibir el usuario y otros cambios en la implementación”, amplía. La abogada prevé, además, un auge de los asuntos de responsabilidad civil ligada a profesionales.

“Van a aumentar en la Argentina, porque el país es uno de los más complicados en la materia de América latina. Es, a la región, lo que Francia a Europa”, compara Argañaraz Luque. “También habrá reclamos por cuestiones ambientales y seguirán las causas contra directores de empresas”, vaticina. Un escenario para que los abogados de seguros sigan bien cubiertos de trabajo.



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