Canal verde para los conflictos

Canal verde para los conflictos

Las trabas a las importaciones y el accionar de la Aduana multiplican el trabajo para los especialistas en Derecho Aduanero. Los asuntos clave. 19 de Mayo 2010
La queja del presidente del Grupo Fiat, Cristiano Rattazzi, pintó de cuerpo entero la situación el año último. Las restricciones a las importaciones impuestas por el Gobierno a través de licencias no automáticas retrasaban el ingreso de los tornillos y parte de los asientos que necesitaba la automotriz para producir en Córdoba su modelo Siena, cuyo principal destino es la exportación a Brasil. Las trabas perseguían un objetivo de fondo: mantener a cualquier costo el superávit comercial, amén de proteger a la industria local. Pero, en el medio, pagaban “justos por pecadores”: desde productos que complementan la oferta de fabricantes locales (sin sustituirla), hasta piezas que se integran a otros bienes hechos en el país. Otro ejemplo de cortoplacismo. 

La proliferación de las licencias no automáticas –que siguen vigentes hoy en múltiples rubros– es sólo uno de los campos que incrementó la actividad de los abogados aduaneros en los últimos tiempos. Una especialización que viene en alza desde 2002, pero que aceleró a partir de la batalla con el campo por las retenciones, la ofensiva de la Aduana en materia recaudatoria y los conflictos comerciales de exportación, como los sufridos por los aceites y la carne, detallan los expertos en la materia. Los grandes exportadores figuran a la cabeza de las consultas, pero no son los únicos que acuden a los abogados por estos tiempos.  “Los conflictos aduaneros tienen relación directa con el volumen de comercio internacional. A mayor cantidad de operaciones, mayor cantidad de posibles contingencias aduaneras”, resume Juan Patricio Cotter, socio de Petersen & Cotter Moine, uno de los estudios especializados de la City, consultado asiduamente por petroleras, cerealeras, automotrices y la Cámara de Importadores, entre otros. “El tema está en boga, primero, por la actividad propia de la Aduana, que genera trabajo al ser un organismo de control”, apunta Horacio Alais, socio de Alais & De Palacios, otro de los estudios boutique dedicados a la práctica que atiende a  clientes como 3M, Unilever, Coto, Carrefour y SanCor. “El segundo punto se vincula con la recaudación tributaria y los análisis de las bases disponibles. Hay muchos conflictos que involucran millones de dólares y el Estado tiene la apetencia de recaudarlos”, completa.

Las disputas por las retenciones ingresan dentro de esa esfera. No sólo por los aspectos técnicos vinculados con el cálculo de cuánto debe o debió pagar un exportador, sino por las secuelas que dejó la fallida 125 tras el “voto no positivo”. En concreto, la Aduana cobró a muchos exportadores los derechos que fijaba la controvertida resolución durante esos cinco ríspidos meses de 2008, y las empresas reclaman que les devuelvan esos montos, ya que su aplicación quedó sin efecto.

“Tenemos dos tipos de casos: quienes pagaron y exigen la devolución, y quienes no pagaron y son demandados igual por la Aduana”, señala Carlos Carena, socio fundador de Carena & Asociados, bufete abocado exclusivamente a asuntos aduaneros desde la década del ’70, que asesora a firmas como Acindar, Atanor, Cargill, Bunge y Solvay Indupa. “El reclamo es una barbaridad. Además, el Estado devuelve el dinero al 6 por ciento anual, cuando la inflación es del 20 por ciento. Pero a quien no pagó, le aplica un interés del 2 por ciento mensual, sean pesos o dólares”, protesta el abogado. Las causas se tramitan en sede administrativa dentro de la Aduana, y de ahí pueden ser apeladas ante el Tribunal Fiscal o la justicia en lo contencioso administrativo.

Punto máximo
El afán recaudatorio del ente –a partir de la línea política que baja desde Olivos– se intensificó en los últimos dos años, coinciden los expertos. Y ello provocó un incremento de los conflictos. “La litigiosidad en la Aduana está en su punto máximo”, asegura Juan Carlos Lascano, socio de Carena & Asociados. Pero formula una aclaración: si bien las causas dentro del organismo son resueltas, por lo general, a favor del Gobierno, la justicia está dando vuelta muchas de esas decisiones. “Observamos un alto índice de revocación de las decisiones de la Aduana. Es que los argumentos que ofrecen, en muchos casos, son insostenibles”, afirma. Alais comparte la impresión de lo que sucede en Tribunales.

Otro asunto que levanta chispas es el régimen de garantía exigido en los casos en que se imputan cargos. “Si una empresa está frente a una infracción aduanera, la ley reclama que debe poner una garantía equivalente al valor de la mercadería en efectivo. Hoy, ¿quién consigue esa inmovilización?”, se pregunta Alais, para quien los verificadores son “muy proclives a generar denuncias”.

A mediados de marzo último, los especialistas en Aduanero –en su gran mayoría, formados en el ente– enfrentaron una novedad: la aplicación de controles exhaustivos (el denominado canal rojo, que revisa contenedor por contenedor) a sus principales clientes. “El criterio de selectividad en el control del comercio exterior está establecido por una ley y refleja lo fijado por la Organización Mundial de Comercio (OMC)”, afirma Enrique Barreira, socio de Barreira, Rodríguez Larreta, Sciutto Klot & Vidal Albarracín, estudio con 30 años de trayectoria en la práctica y clientes como Nidera, Aluar, Volkswagen, la Cámara de la Industria Aceitera (Ciara) y el Centro de Exportadores de Cereales. “Es imposible controlar todo. En la Argentina, las mercaderías en canal rojo no suelen superar el 7 por ciento. En los países desarrollados, oscila entre el 2 y el 5”, detalla.

Para Guillermo Vidal Albarracín (quien junto con Barreira participó de la redacción del Código Aduanero cuando integraba el ente, a fines de los ’70), se está desvirtuando el sentido de la ley. “Las aduanas tienden hoy a facilitar el comercio con un control eficiente. Por eso utilizan el análisis de riesgo. Pero esta técnica está afectando el principio de legalidad en la forma en que es usada”, sentencia.

Casualidad o no, las firmas que fueron puestas en canal rojo formularon impugnaciones a la Aduana por diferencias en los pagos o reclaman deudas, cuentan en todos los bufetes consultados. Y la situación dio lugar a una negociación (nunca admitida en forma oficial, claro) que implicaba la posibilidad de regularizar el ingreso de mercadería a cambio del desistimiento de uno o varios reclamos. “Hay millones de dólares en juego”, sostiene un abogado. En otro estudio indican que el canal rojo estaría cediendo. “Se dieron cuenta de que es imposible seguir con esto”, afirma un socio. Pero no deja de alertar sobre la discrecionalidad reinante.

En ese marco se ubican las licencias no automáticas a las importaciones, cuyas contingencias representan alrededor de un 20 por ciento del trabajo que ocupa hoy a los estudios. “La falta de entrega en tiempo y forma de las licencias transformó la medida en una virtual prohibición de importación que, en muchos casos, mereció la intervención judicial”, opina Cotter. Según la OMC, los permisos deben otorgarse en 30 días, pero demoran dos meses o más. Los importadores inician acciones de amparo ante la Justicia, que suele concederles la razón. Pero el retraso ya causó un perjuicio a la empresa y disuadió, al mismo tiempo, a otros importadores de traer un cargamento, explican los abogados. Además, no todos se atreven a acudir a Tribunales. “Temen inspecciones o clausuras”, confiesa un lawyer.

“La Aduana no puede violar su principio de neutralidad ni distinguir entre exportadores, importadores o productores locales –sentencia Alais–. Son todas actividades lícitas”. Y añade que ve con preocupación la injerencia de intereses extra aduaneros para favorecer negocios privados. “Cuando un sector utiliza a la Aduana para favorecer sus intereses, es una cuestión que irrita”, remata.
 



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