Holdouts: Rosendo Fraga revela la estrategia política de Cristina con los buitres
Economía

Holdouts: Rosendo Fraga revela la estrategia política de Cristina con los buitres

Por Carla Quiroga 22 de Julio 2014





“Es claro que la Presidenta está desarrollando una estrategia "Patria o buitres" para recuperar la iniciativa y alinear a la oposición, como sucedió con el viaje de los legisladores a los Estados Unidos semanas atrás y con la votación 55 a 0 en el Senado de la ley que declara inembargables las reservas de los bancos centrales”, relató Rosendo Fraga, Director del Centro de Estudios Unión para la Nueva Mayoría.

Fraga también se refiere, en diálogo con Apertura.com, a la “solicitadamanía” que se generó hace algunos días atrás. “El gobierno comenzó y los buitres le siguieron, generándose una secuencia en la cual ahora una responde al otro y viceversa. Tanto para el gobierno como para los buitres, las solicitadas son como el Twitter: generan contenidos que son reproducidos por los medios”.

griesa img unoPolémica. El juez Thomas Griesa debe decidir sobre le futuro de la deuda argentina y el posible default. Foto: Archivo Apertura.

De todas formas, el especialista reconoció que todavía el conflicto no ha bajado a la gente y por lo tanto no genera consecuencias relevantes en la opinión pública. “Si se entra en default el 30 de julio y baja al pueblo, probablemente desde lo político puede dar algún rédito al gobierno, aunque seguramente será de muy corto plazo, pero los problemas económicos se agravarán y eso jugará en contra”, analiza.

Las declaraciones se generan en un contexto en el que el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, insiste en que la Argentina mantiene su posición de propiciar un diálogo frente a la demanda de los fondos buitre. Además, reiteró la decisión de pedir la suspensión de la orden de ejecución de la sentencia del juez Griesa para que no se aplique la cláusula Rufo, de acreedor más favorecido.

Respecto a las implicancias de la misma el funcionario agregó, serían "de entre US$ 120.000 y 500.000 millones, por eventuales juicios contra la Argentina, con “perjuicios notorios a los funcionarios responsables, desde la Presidenta a sus ministros".



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