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Columnistas

La flamante ley de responsabilidad del Estado

Por Giorgio Agustín Benini 21 de Julio 2014



 

Desde el abandono de la teoría de la irresponsabilidad estatal, en la primera mitad del siglo pasado, faltaba una pauta ordenadora que desde la ley, marcara criterios uniformes respecto de los aspectos más trascendentales de la responsabilidad del Estado en nuestro país.

Por ello, a lo largo de la historia, la Corte Suprema de Justicia de la Nación fue marcando hitos que permitieron delinear una teoría de la responsabilidad del Estado en la Argentina, valiéndose para ello, de la aplicación analógica de disposiciones del Código Civil, ante la ausencia de normas específicas que regularan los distintos supuestos que se le iban planteando.

El proyecto de ley aprobado por el Senado este miércoles, viene a llenar aquel vacío y a ubicar a la responsabilidad del Estado dentro de su órbita natural: el derecho administrativo.

Las características más relevantes de la iniciativa remitida por el Ejecutivo al Congreso a fines del año pasado, son: a) Regula la responsabilidad del Estado por los daños y perjuicios que su actividad administrativa, tanto legítima como ilegítima, produzcan a las personas; b) Excluye las disposiciones del Código Civil, las que no serán aplicables ni directa ni subsidiariamente; c) No se podrán aplicar astreintes contra el Estado, agentes o funcionarios; d) La responsabilidad del Estado por su obrar legítimo es excepcional y comprende el valor objetivo del bien y los daños que sean consecuencia directa e inmediata de la actividad estatal. No da lugar al lucro cesante; e) Los presupuestos necesarios para atribuir responsabilidad al Estado por su actividad legítima, serán: 1) daño cierto y actual, debidamente acreditado por quien lo invoca y mensurable en dinero; 2) imputabilidad material de la actividad a un órgano estatal; 3) relación de causalidad directa, inmediata y exclusiva entre la actividad estatal y el daño; 4) ausencia de deber jurídico de soportar el daño; 5) sacrificio especial en la persona dañada, diferenciado del que sufre el resto de la comunidad; f) Los daños causados por la actividad judicial legítima del Estado no generan derecho a indemnización; g) Consagra la irresponsabilidad del Estado por daños atribuibles a los concesionarios o contratistas de servicios públicos; h) El plazo para demandar al Estado en los supuestos de responsabilidad extracontractual es de 2 años; i) Igual lapso rige con respecto a la pretensión resarcitoria contra funcionarios y agentes públicos por el cumplimiento irregular –doloso o culposo-, por los daños que pudieran ocasionar como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones a su cargo; j) También prescribe a los dos años, la acción de repetición del Estado contra los funcionarios o agentes causantes del daño.

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Proyecto. La iniciativa avanza por las Cámaras. Foto: Archivo Apertura.

El 27 de noviembre, el proyecto recibió luz verde en la Cámara baja, con 129 votos a favor, 105 en contra y 2 abstenciones.

Las modificaciones con las que fue aprobado por Diputados, son: a) El plazo para demandar al Estado en los supuestos de responsabilidad extracontractual, pasó de 2 a 3 años; b) La prescripción de la acción resarcitoria contra funcionarios y agentes públicos, también se amplió de 2 a 3 años; y c) Se incluyó un párrafo que dice: “Las disposiciones de la presente ley no serán aplicadas al Estado en su carácter de empleador”.

Otro aspecto trascendental del proyecto convertido este miércoles en ley por 38 votos positivos contra 23 negativos en el Senado, es el reconocimiento que hace a las provincias de su potestad para regular la materia dentro de sus respectivas jurisdicciones.

Algunos temas que seguramente serán profundizados y ampliados por la labor de los tribunales son la indemnización por daño moral y el reconocimiento, bajo ciertas condiciones, del lucro cesante ante determinados daños producidos por la actividad estatal legítima.

En cuanto a la controvertida cláusula que prohíbe aplicar astreintes contra el Estado, sus agentes y funcionarios, creemos que en la práctica impactará negativamente contra la fuerza obligatoria de los fallos judiciales.

No obstante, y más allá de algunos detalles, pensamos que en buena medida, la flamante ley recepciona los criterios actuales de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sobre los tópicos centrales de la responsabilidad extracontractual del Estado.

Este aspecto no es menor pues más allá del rechazo que algunas soluciones han despertado en parte de la doctrina –como es habitual y razonable en el campo de la ciencia jurídica-, lo cierto es que al estar en línea con aquellos criterios, la jurisprudencia que se dicte a partir de ahora servirá para ir consolidando las cláusulas de su texto.
 

*El autor es abogado Especializado en Derecho Administrativo Económico y en Derecho Constitucional. Colaborador de elDial.com



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